Improcedente, la demanda contra vecinos que colocaron sellos a La Isla, dice líder

Cristina Sierra Rosas

La presidenta de la Asociación de Colonos de la Península Las Playas, Patricia Aburto Valdez, aclaró que esa organización sólo da el visto bueno a los proyectos de construcción y rechazó que se cobre a los vecinos por la autorización de alguna obra.
Aburto Valdez mantiene un pleito legal con el propietario del conjunto residencial La Isla, Fernando Gutiérrez Silva, quien demandó a varios colonos por usurpación de funciones debido a que colocaron sellos de clausura en la obra.
Patricia Aburto criticó las afirmaciones de Gutiérrez Silva de que la asociación que encabeza es delictiva, y aseguró que cuenta con documentos que avalan que su grupo ha cumplido con la normatividad desde que tomó posesión ante autoridades de la pasada administración municipal.
Reprochó que Fernando Gutiérrez dijera que la asociación pide dinero para aprobar construcciones en el fraccionamiento Las Playas: “el delincuente es él y ya entregué pruebas de que tiene documentos falsificados”.
Agregó que “esa demanda no procede” porque la clausura que hicieron varios vecinos fue un acto ciudadano “que cualquiera puede hacerlo”, y acusó que personas al servicio de los Gutiérrez quitaron inmediatamente los sellos porque eran simbólicos.
Patricia Aburto recordó que el día de la clausura de la obra La Isla, ubicada en un acantilado a la izquierda de Sinfonía del Mar, estuvieron Pedro Álvarez, su hija Alina y ella, pero rechazó la presencia de Manuel Asunsolo, Josefina Kriger y Guillermo Wolf, quienes están demandados por Fernando Gutiérrez y su hija Tihui.
“Él quiere ponernos como delincuentes”, recriminó y defendió a su esposo Guillermo Wolf, quien, dijo, se ha dedicado a asesorar técnicamente a la asociación sobre las construcciones y así verificar que no infrinjan el reglamento del fraccionamiento.
Explicó que los proyectos los reciben de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) e informó que quien envió más proyectos para su verificación fue la ex directora de Obras Públicas, Sonia Arriaga Irabién.
La dirigente comentó que el visto bueno de la asociación aunque no es determinante para realizar la obra, sí tiene un peso ético para no afectar a los vecinos como taparles la vistas o destruir el entorno natural.
“Si los vecinos no quieren o les provoca problemas se pone una nota que (indica) que tapará la vista y que (esperamos que) se cumpla”, concluyó.