Si se aplica a secas la Ley de Responsabilidades nos quedaríamos sin funcionarios: contralor

Teresa de la Cruz Chilpancingo

El contralor del estado, José Martín Rayo Sánchez informó que el año pasado 117 funcionarios de tercer nivel –directores, subdirectores y jefes de departamento– fueron sancionados con 250 pesos cada uno porque no presentaron su declaración patrimonial dentro del plazo establecido, y adelantó que por esa irresponsabilidad, el gobierno del estado analiza su posible “destitución”.
Dijo que para este año la dependencia a su cargo fijó una multa de 500 pesos para los morosos y confió en que se incrementen los 33 mil pesos obtenidos del total de las sanciones que se acumularon durante 2005.
Justificó, no obstante, que no puede aplicar “a secas” la Ley de Responsabilidades y Servidores Públicos –la cual establece la destitución para quien incumpla con su declaración– porque “nos quedaríamos sin funcionarios en este gobierno”.
Rayo inauguró ayer en el Palacio de Gobierno el módulo de recepción de declaraciones anuales de situación patrimonial, donde presentó él mismo su declaración junto con otros funcionarios de la Contraloría estatal, y dijo que desde la fecha y hasta el 31 de este mes deberán cumplir con ese requisito cerca de 5 mil 250 funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Consejo Estatal Electoral, así como de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.
A iniciativa propia, Rayo Sánchez dijo que el año pasado, fueron sancionados 117 funcionarios con 250 pesos cada uno, acumulando por concepto de sanciones un monto de 33 mil pesos, “que se depositan en la Secretaría de Finanzas para que se dé prioridad a programas sociales, la Contraloría General no se queda con un solo peso”.
Dijo que los más incumplidos son los funcionarios de tercer nivel, como es el caso de directores o jefes de departamento “sin excepción” de dependencia alguna; afirmó que quienes “no incurren en ese tipo de inconsistencias”, son los servidores públicos de primer y segundo nivel.
Sin embargo, afirmó que para 2006 “esperamos engordar la polla” y a pregunta expresa sobre si eso significaba que entonces no había confianza en los funcionarios para cumplir con ese requisito, Rayo Sánchez atajó: “Yo espero que la polla se engorde para el beneficio del pueblo, yo también quiero decir que no todos estamos dispuestos a pagar 500 pesos nada más porque se me olvido presentar mi declaración”.
Consideró que hasta este momento no hay justificación, de ningún servidor público para que no acudan al módulo en tiempo y forma, porque “se mandaron los formatos con mucha anticipación” y se difundió dicha recepción.
Destacó que no será el mismo caso el del gobernador, ya que por sus “múltiples ocupaciones” será él quien acudirá a su oficina la próxima semana para recoger su declaración patrimonial.
Dijo que posiblemente los funcionarios no se acercan al módulo porque la multa de 500 pesos “tampoco representa gran cosa, pero yo creo que en la medida en que pongamos otras sanciones más coercitivas en la propia ley, yo creo que habrá otro poquito más de responsabilidades”.
Descartó que la sanción económica “sea arbitraria, impropia o impuesta personalmente o a gusto o a capricho del contralor”. Explicó que ésta fue determinada “en base a un estudio profundo de la ley, de parte de la Contraloría, el contralor con sus directores, y es aprobada, también la mandamos a consenso y a revisión a la Consejería Jurídica”
El funcionario señaló que decidieron asumir esa medida porque la Ley de Responsabilidades y Servidores Públicos, “contempla solamente una sanción que es la destitución del cargo, pero no queremos ser tan drásticos”.
Dijo que eso es porque “no venimos nosotros a destituir, ni a quitarle el pan de cada día a nadie, es correcto que son funcionarios, pero como funcionarios también ellos tienen su obligación y por eso se están acercando”.
Agregó: “Es cierto y es correcto que por causas de fuerza mayor, tuvimos algunas personas que no presentaron su declaración, pero las que no presentaron por considerarlo así que no fue de causa mayor y que fueron extemporáneas pues se le sancionó de manera económica. Si yo me dedicara a quitar a funcionarios públicos por la declaración patrimonial, pues ya no hubiera nadie trabajando aquí”.
Dijo que en la actual administración “hay gente incumplida, hay gente que sabe que tiene que cumplir con su responsabilidad y no lo hace, o por qué yo me quiero preguntar, porqué esperan el último día”.
Ante la insistencia de los reporteros de porqué no aplicar entonces la ley, el contralor contestó que estaba conciente del castigo, pero excusó: “La ley tiene varios años que no se actualiza, se está trabajando, se están proponiendo cambos en materia de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, si mal no recuerdo y sin temor a equivocarme tiene más de dos años que no se toca esa ley”.
En respuesta a otro reportero, dijo que el hecho de que se aplique la “ley a secas” corresponde al criterio de quién la aplica, “acuérdense que la ley a veces contempla sanciones que van más allá de una cuestión normal hasta cierto punto. No podemos nosotros aplicar la ley a secas, porque ya no hubiera servidores públicos en el gobierno, simplemente por eso”.
Negó que el hecho de cambiar la destitución por una sanción económica muestre flexibilidad el gobierno del estado, “más bien queremos hacer una atenta invitación, para que los funcionarios se acerquen a cumplir en tiempo y forma”.
Rayo Sánchez informó que la Contraloría sigue evaluando las declaraciones patrimoniales del sexenio pasado y del actual para buscar si hubo enriquecimiento ilícito “de la persona que en su momento manejo una institución y si hay sanciones que vayan más allá, que tengan que ver con una investigación”.
Negó que por la discrecionalidad con que se maneja la información se esté protegiendo a alguien, incluso señaló que está dispuesto a que audite la Contraloría.