Destinará 56 millones de pesos no para Inés sino para obras en su comunidad, precisa el gobierno

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En respuesta a la aclaración del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que  el viernes dijo que es falso que se vayan a dar 52 millones de pesos a la indígena violada por militares, Inés Fernández Ortega como indemnización, el gobierno del estado, explicó, mediante un nuevo comunicado de prensa, que son 56 millones de pesos los que se van a invertir, no para Inés, sino para obras solicitadas por ella a favor de la comunidad Barranca Tecoani, del municipio Ayutla de los Libres, de donde es originaria.
Asimismo, el gobierno estatal reitera “su compromiso de respetar y dar cumplimiento en todos sus términos a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y fortalecer las medidas tomadas para proteger la integridad de los defensores de los derechos humanos en la entidad”.
El diferendo surgió a raíz de la información que en un pie de foto difundió a los medios la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, el jueves de la semana pasada, en el que dice que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero acordaron en la ciudad de México una indemnización de 52 millones de pesos para la indígena.
Ante ello Tlachinollan, que brinda la asesoría legal a la indígena, respondió que es falso que se le vaya a dar esa cantidad, y que, incluso, esa indemnización no tiene sustento en la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), por lo que responsabilizó al gobierno del estado de los riesgos de seguridad que eso implica para la indígena ante la violencia que se vive en el estado.
El gobierno estatal, sin embargo, aclaró el sábado que “específicamente en el caso de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, los compromisos de los gobiernos federal y estatal se han cumplido a cabalidad, tanto lo concerniente a su persona y familia como a las obras solicitadas a favor de la comunidad Barranca Tecoani, del municipio Ayutla de los Libres a la que pertenece y que suman en total cerca de 56 millones de pesos”.
El comunicado agrega: “para Inés Fernández está la instrucción gubernamental para que ella y sus familiares tengan acceso a un programa de seguridad social, becas de estudio para sus hijos con la cobertura de los costos que puedan derivarse hasta la conclusión de sus estudios superiores”.
Dice que, además, como parte de los acuerdos que se tomaron el 6 de marzo pasado, donde se contó con la presencia de las autoridades del estado, del gobierno federal y de representantes de organismos internacionales, se han desarrollado caravanas de la salud para las comunidades marginadas de Costa Chica y en especial a quienes pertenecen a la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
Asimismo que se ha concretado la construcción de un centro comunitario de atención a mujeres víctimas de violencia que les dé asesoramiento jurídico o en su caso atención psicológica, “para lo cual se establecerá un fideicomiso por 11 millones de pesos que se destinarán a la construcción y mantenimiento del mismo”.
También que el gobierno del estado entregó en aquella ocasión de un millón de pesos para la compra del terreno que albergará dichas instalaciones y otro millón fue aportado por el gobierno federal.
Afirma en su comunicado el gobierno del estado que ha implementado acciones de formación de servidores públicos del ámbito de la procuración e impartición de justicia, con perspectivas de género y derechos humanos, y que “se tiene un programa de construcción de caminos y el mejoramiento de los existentes a través de la ejecución del Programa de Empleo Temporal”.
En su sentencia del 30 de agosto del 2010 en contra del Estado mexicano, la Coidh establece que además del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, deberá de realizar una serie de acciones como brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas, así como implementar programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad.
Asimismo implementar, en un plazo razonable, un programa o cursopermanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas. También otorgar becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en beneficio de Noemí, Ana Luz, Colosio, Nélida y Neftalí, hijos de Inés.
También facilitar los recursos para que la comunidad indígena me’paa de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario de la mujer, en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer.