Pesquisa seria del caso Ayotzinapa, piden ex funcionarios de la PGJE a Calderón

Dicen que los detenidos son “rehenes” de García Luna para impedir que sea investigada la Policía Federal

Redacción

Ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) piden al presidente de la República, Felipe Calderón, que se investigue el caso de la represión a los normalistas de Ayotzinapa, donde murieron dos estudiantes, con seriedad “sin engaños ni privilegios”.
En alusión a la detención del ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente y la ex agente del Ministerio Público, Rocío Cruz Méndez, a quienes no menciona por su nombre, acusan que el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, los mantiene como “rehenes” para evitar que su corporación, la Policía Federal, sea investigada.
Señalan que deben de sobreseerse las acciones contra funcionarios, por la liberación de “manifestantes” que fueron aprehendidos el pasado 12 de diciembre, porque el Ministerio Público de la Federación al atraer y analizar las actuaciones del Ministerio Público local convalidó las liberaciones.
En un desplegado titulado “Ya basta” firmado por “Los que estamos sujestos a proceso y sus familiares”, y que tiene como responsable de la publicación al ex procurador Alberto López Rosas, se dirigen a Calderón Hinojosa, la procuradora General de la República, Marisela Morales al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, y al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Juan Silva Meza.
Indican que hay cuatro procesados, dos por presunto homicidio y dos “altos ex funcionarios” en contra de la administración de justicia y encubrimiento privados de su libertad, y nueve órdenes de aprehensión a ejecutar por haber puesto en libertad a 24  “manifestantes” el 13 de diciembre.
“Lo reprobable es que el Ministerio Público de la Federación, al ejercitar la facultad de atracción y al analizar las actuaciones del Ministerio Público del Fuero común, dictó el 15 de diciembre, dos días después, un acuerdo de convalidación de esas liberaciones; visible a fojas 273, del Tomo II, de la causa penal en trámite. En todo caso, hay corresponsabilidad o extinción de la acción penal, por lo que se exige el sobreseimiento de la causa”.
En el escrito señalan que la Secretaría de Seguridad Pública federal tuvo una participación cuestionada y que ha pretendido esquivar, ocultar y falsear la realidad, desde que se dieron esos trágicos sucesos e insisten que fueron los policías federales quienes dispararon, pero que pretenden desviar la atención responsabilizando a ex funcionarios de la Procuraduría de Justicia.
A Calderón y a la procuradora les indican que no les han dicho la verdad, y les solicitan que no se vayan de los cargos que tienen sin conocer la realidad.
Acusan que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mantiene como “rehenes” a ex servidores públicos de la Procuraduría de Guerrero para evitar que su corporación sea investigada, y mencionan que saben de la “influencia y el poder” que ejerce García Luna, y lo señalan como responsable de cualquier acción de represalia.
Mencionan que “no es un acto de valentía, pero la indignación es más fuerte que nuestra cobardía”.