El recorte a recursos de Iniciativa Mérida llamada de atención por derechos humanos

*Es un mensaje claro del gobierno de Estados Unidos a México de que es necesario redoblar esfuerzos en materia de políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos humanos”, dijo César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM

El recorte de los recursos que Estados Unidos otorga a México para la implementación de la Iniciativa Mérida debe ser tomado como una llamada de atención para que el gobierno enfatice sus esfuerzos para la protección de los derechos humanos.
“Es un mensaje claro para el Estado mexicano de que es necesario redoblar esfuerzos en materia de políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos humanos”, dijo César Iván Astudillo Reyes, abogado general de la UNAM durante su participación en el segundo día del Simposio Drogas y Criminalidad en la Facultad de Derecho.
“Es algo en donde hay pendientes, siempre los habrá, los derechos humanos imponen obligaciones progresivas, obligaciones que se tienen que cumplir de conformidad con nuevas exigencias pero hoy claramente el Estado debe redoblar esfuerzos”.
Enfatizó en que es necesario analizar si se requiere enfocar la protección en rubros particulares debido a que pareciera que la decisión de EU está orientada a los temas de tortura y desaparición forzada.
Sin embargo, consideró que esto no excluye la importancia de implementar políticas generales que eviten la vulneración de todos los derechos del individuo.
El catedrático de la Facultad de Derecho, Roberto Carlos Fonseca Luján, consideró esta decisión como una censura a las acciones realizadas por el Gobierno para combatir a la delincuencia organizada.
“Es una especie de vuelta al proceso de certificación que inició hace años, en la cual el gobierno de Estados Unidos dice ‘yo te estaba dando mi dinero pero de pronto ya no me gusta lo que estás haciendo o por mis intereses geopolíticos ya no me interesa respaldarte, entonces te censuro”, dijo.
Puntualizó que es innegable que el Estado mexicano se encuentra en una situación muy comprometida en materia de protección a los derechos humanos, misma que se percibe tanto al interior como al exterior del País y que probablemente esto se deba también a que la política de seguridad y justicia que se está aplicando no está diseñada para ello.
“Probablemente la política de materia de seguridad y justicia que se está implementando no respeta derechos humanos porque no está diseñada para eso, hay cosas que la hacen incompatible para velar por los derechos humanos”, comentó.
Con Fonseca Luján coincidieron los juristas Eduardo López Betancourt y Araceli Manjón-Cabeza Olmeda sobre la necesidad de replantear la estrategia de combate a la delincuencia organizada.
López Betancourt aseguró que la estrategia debería enfocarse en la educación básica otorgando a los estudiantes información suficiente sobre drogas, consumo y sus consecuencias.
“Que el Gobierno haga su trabajo procurando, evitando que haya adictos.
“La drogas no se combate con balas, la droga no se combate con soldados”, dijo.
Para Araceli Manjón-Cabeza, de la Universidad Complutense de Madrid, la violencia en el mundo no es consustancial ni con el tráfico de drogas ni con el crimen organizado.
Recordó que en España la política de reducción de daños que mantiene controlados a los adictos a la heroína mediante un tratamiento de suministro de metadona logró reducir la criminalidad provocada por la ansiedad de los consumidores.
Asimismo, redujo los casos de contagio de sida debido a que se evitó que los jóvenes compartieran jeringas o atacaran a transeúntes con esas mismas jeringas y se les orientó sobre la importancia del uso de preservativos para prevenir enfermedades de transmisión sexual.