Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Dudas sobre la detención de Agustín Chavarría

El descrédito y el largo historial de fabricación de culpables que distingue a la Secretaría de Seguridad Pública, las numerosas y letales arbitrariedades cometidas por efectivos del Ejército y la Marina, o las acciones igualmente arbitrarias de la Procuraduría General de la República que en este momento tiene arraigado y bajo sospecha a un general ex subsecretario de la Defensa Nacional, condujeron la semana pasada a la señora Azucena Chavarría Barrera a reaccionar con incredulidad, indignación y alarma ante la detención de su hijo Benito Agustín Chavarría.
La primera noticia oficial del arresto de Agustín Chavarría, y la única hasta donde se sabe, la emitió la SSP federal el miércoles 11 de julio en un comunicado de prensa. El documento de la SSP no precisa qué día ni cómo fue detenido, pero asegura que fue capturado en el poblado de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, por fuerzas de la Operación Guerrero Seguro mientras acompañaba a otras tres personas a las que identifica como Mario Ronces Pérez, el jefe de una célula criminal que operaba en esa zona, y dos de sus cómplices, entre ellos una joven. Los cuatro detenidos iban en un automóvil robado, dice la SSP, y estaban en posesión de tres armas y cocaína.
No será difícil establecer la inocencia o responsabilidad de Agustín Chavarría en los delitos que se le imputan, los cuales se ignoran hasta el momento, pues de acuerdo con el mismo boletín la detención –en esta versión realizada por policías federales– se produjo como resultado de una investigación por parte de unidades de inteligencia de Guerrero Seguro. Según el comunicado, las fuerzas federales iban en busca de Ronces Pérez, quien estaría al servicio de la banda de Los Rojos, fundada en el pasado por el extinto Jesús Nava Romero, a su vez vinculado al también fallecido Arturo Beltrán Leyva. En resumen: no iban en persecución de Agustín Chavarría, quien para su infortunio estaba en el sitio equivocado. Pero en el boletín las autoridades no hacen ninguna distinción y dan a Agustín Chavarría un trato de delincuente que, en presunción de su inocencia, no merece. Y por otra parte, la información oficial no ofrece la menor certeza sobre su presunta participación en actos delictuosos.
La oportuna conferencia de prensa de la familia de Agustín Chavarría, realizada la tarde del miércoles 11, contradice la versión oficial en detalles que son jurídicamente cruciales. La detención se produjo la madrugada del lunes 9 y no en El Ocotito sino en una casa de la colonia El Tomatal de Chilpancingo, de donde Agustín Chavarría y los otros detenidos fueron sustraídos por efectivos de la Marina, no por miembros de la Policía Federal. Por lo que respecta a Agustín Chavarría, fue trasladado a instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en Acapulco y sometido a tortura para que se declarara culpable de pertenecer a la banda de Ronces Pérez y de hechos criminales que no ha aceptado pese a los golpes, y con los cuales su familia afirma que no tiene ninguna relación. De no existir la brutalidad de las fuerzas policiales del país, es posible que el mismo Agustín Chavarría hubiera hecho ya las aclaraciones pertinentes. Pero ni siquiera a su madre Azucena Chavarría le fue permitido verlo en los tres primeros días de su encierro, por lo que la familia tuvo que recurrir a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos para conocer su estado de salud. Gracias a ello supo la familia que había sido torturado y que las autoridades pretendían obligarlo a reconocer su participación en acciones delictuosas. No parece haber habido, entonces, mucha inteligencia en la investigación previa de la Operación Guerrero Seguro, si sólo después de su detención pretendían las autoridades involucrar a Agustín Chavarría en delitos quizás responsabilidad de otros.
Tiene razón la señora Azucena Chavarría en defender ardorosamente no sólo la integridad física de su hijo, sino también su integridad moral y, adicionalmente, el buen nombre de su familia. Porque Benito Agustín Chavarría es sobrino de Armando Chavarría Barrera, el líder del Congreso estatal asesinado en agosto de 2009 cuando se disponía a lanzar su precandidatura al gobierno del estado. La viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso Cázares, advirtió en la conferencia de prensa del miércoles que sería una “monstruosidad” si resultara que la detención de Agustín Chavarría es un montaje destinado a deslegitimar su exigencia de que el asesinato de su esposo sea esclarecido, demanda que en medio de la adversidad ha mantenido desde hace tres años. El contexto de esa advertencia está dado por el hecho de que precisamente en estos días, a semanas del tercer aniversario del crimen, la señora Obeso Cázares realiza gestiones ante el Congreso y el gobierno del estado para conmemorar dignamente la muerte de Armando Chavarría e insistir en la intensificación de las investigaciones.
La Procuraduría General de Justicia del estado ha subrayado oficialmente, y lo hizo público en un comunicado de prensa emitido el 12 de julio, que la detención de Agustín Chavarría “no es del ámbito estatal, toda vez que fue detenido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República”, y que “hasta ahora no hay ninguna relación entre ambas averiguaciones”, es decir, con la investigación del asesinato de Armando Chavarría. No tenía que decirlo, pero la Procuraduría dijo también que “consideramos legítimo el derecho de la familia Chavarría para pedir que se agoten las investigaciones y, en su caso, se dé con los responsables del homicidio de Armando Chavarría Barrera”.
Con esta respuesta a la declaración de Martha Obeso, la procuradora Martha Elva Garzón Bernal quiso combatir la sospecha de que la detención de Agustín Chavarría fuera en realidad un escenario fabricado para entorpecer el esclarecimiento del homicidio de Armando Chavarría, por lo que debe estimarse conveniente que este punto haya sido aclarado por la funcionaria.
Sin embargo, no todo acaba ahí, pues debe tomarse en cuenta que con motivo de este suceso o por cualquier otro artificio legal, la Procuraduría del estado puede caer en la tentación de querer desembarazarse de la investigación del caso Chavarría y devolverlo a la competencia de la PGR, lo que una vez más provocaría un enorme retraso ante la inminencia del cambio de la administración federal, cuando la investigación local está bastante avanzada aunque la propia procuradora hable de dar a conocer solamente un burocrático “diagnóstico” de cómo está el expediente.
La alerta que planteó Martha Obeso a raíz de la detención de su sobrino Agustín Chavarría, tiene sustento además en el hecho de que ya una vez se pretendió vincular el asesinato de Armando Chavarría con el crimen organizado, cuando con toda la mala intención incluso se hizo público el infundio de que un hijo del diputado asesinado tenía nexos con la banda de Los Rojos, la misma que ahora ha sido traída a la luz pública.
Si Agustín Chavarría no ha sido usado para un montaje con fines perversos relacionados con la investigación del asesinato de su tío Armando Chavarría, entonces es posible que estemos presenciando uno más de los atropellos de efectivos de la Marina o de la Policía Federal. Con el silencio cómplice del gobierno del estado, que se supone sabe lo que hacen las corporaciones que participan en la Operación Guerrero Seguro, por lo que no se explica que durante dos días le haya sido negada en instancias estatales a la familia Chavarría Barrera información sobre el paradero de Benito Agustín, como fue denunciado.
Sea como fuere, tampoco parece responder a un procedimiento regular, transparente o simplemente legal, el traslado de Agustín Chavarría a un penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, sobre todo si contaba con un amparo expedido justamente para impedir esa posibilidad. Esa maniobra incrementa el sufrimiento familiar y obstaculiza la eficacia en su defensa jurídica, que es lo que parece buscar la PGR, pero también agudiza la suspicacia generalizada que rodea a esta detención.

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