Acuerdan expertos de la CIDH y el Estado relanzar la búsqueda de los 43 normalistas
*La investigación se hará con las autoridades competentes, con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI incluyendo el uso de la tecnología, el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordadas con los familiares, dice el convenio
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes del Estado mexicano y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) firmaron un convenio de colaboración de 10 puntos para dar continuidad a la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base a líneas señaladas por el GIEI y los padres.
En el documento ambas partes se comprometieron a trabajar juntos en la búsqueda de la “verdad y la reparación del daño”. El contenido del convenio se dio a conocer ayer en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de los primeros puntos es que la investigación del caso Ayotzinapa sale de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), –como lo piden los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y los integrantes del GIEI–, y se integra un nuevo equipo de investigación bajo la supervisión de la Subprocuraduría de Derechos Humanos con la coadyuvancia del GIEI.
El documento que contiene los acuerdos fue leído después de que el GIEI entregó el informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, a cargo de la especialista Ángela Buitrago, quien dijo que la firma del documento se hizo el lunes 19 de octubre, apenas un día antes de que entregaran el informe a la CIDH.
“Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes, con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI incluyendo el uso de la tecnología, el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordadas con los familiares”, dice el texto en el que, además, el Estado mexicano se compromete a mantener la confiabilidad de la información de los “nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares previamente, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias”.
Por el Estado mexicano firmó Campa Cifrián, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos Torres, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo.
Mientras tanto, por parte del GIEI, firmaron Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristáin.
Los acuerdos
La especialista Ángela Buitrago informó que la firma de los acuerdos se logró tras “acercamientos con el Estado mexicano” frente a esta “pretensión de seguir caminando en la idea de conseguir la verdad en la investigación”.
De entrada dijo que el Estado y el GIEI han dispuesto sacar la investigación de SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación, el cual quedará bajo la supervisión de la subprocuraduría de Derechos Humanos “que llevará la segunda parte de la investigación en forma exclusiva”.
De la propuesta de la PGR de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego en el basurero de Cocula, acordaron que se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones, “que se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, y se consensue el modo en que se realizará el estudio”, dice el documento.
Otro de los acuerdos es la conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia, así como de confianza para la Procuraduría y el propio GIEI y el proceso será acompañado por los representantes de las victimas “para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y la respuesta a las víctimas”.
En otra parte del convenio se subraya: “Se ha decidido integrar la investigación del GIEI en la investigación del caso. Esto significa evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, en segundo término, darle seguimiento a las recomendaciones para la investigación”.
El GIEI colaborará en la recomendación y orientaciones para dicho equipo y sobre las cuestiones que se encuentren en el informe estaría presto a que sean deliberadas por parte del grupo, se menciona en los acuerdos.
De igual manera se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, así como la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevante y que decrete la PGR según el marco legal y el papel de coadyuvante dentro de esas diligencias, y la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos, peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en las nuevas consignaciones.
Se subraya que la relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizarán mediante una minuta en donde quedarán establecidas las reuniones con el GIEI determinando los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos, tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.
El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda. Menciona que ha proporcionado ya un documento de criterios sobre atención a las víctimas.
En otra parte de los puntos del convenio dice que los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, “estableciendo las medidas de valoración del daño y el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia”.
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