Acuerdan los expertos de la CIDH y el Estado relanzar la búsqueda de los 43

*La Subprocuraduría de Derechos Humanos se hará cargo de la investigación y ya no la Seido

*El compromiso tomado en la sesión del organismo sobre el caso en Washington prevé considerar todas las recomendaciones del GIEI sobre la desaparición de los normalistas

*Insisten los especialistas en interrogar a los militares de Iguala y preguntan si la última palabra la tiene el presidente Peña Nieto o el general Cienfuegos

*La única instancia que puede llamarlos es el MP, reitera el subsecretario Campa

*Nosotros tenemos el contexto general de lo que queremos preguntarles”, subraya Angela Buitrago

*El grupo presentó ayer oficialmente el Informe Ayotzinapa

Acuerdan expertos de la CIDH y el Estado relanzar la búsqueda de los 43 normalistas

*La investigación se hará con las autoridades competentes, con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI incluyendo el uso de la tecnología, el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordadas con los familiares, dice el convenio

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes del Estado mexicano y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) firmaron un convenio de colaboración de 10 puntos para dar continuidad a la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base a líneas señaladas por el GIEI y los padres.
En el documento ambas partes se comprometieron a trabajar juntos en la búsqueda de la “verdad y la reparación del daño”. El contenido del convenio se dio a conocer ayer en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de los primeros puntos es que la investigación del caso Ayotzinapa sale de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), –como lo piden los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y los integrantes del GIEI–, y se integra un nuevo equipo de investigación bajo la supervisión de la Subprocuraduría de Derechos Humanos con la coadyuvancia del GIEI.
El documento que contiene los acuerdos fue leído después de que el GIEI entregó el informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, a cargo de la especialista Ángela Buitrago, quien dijo que la firma del documento se hizo el lunes 19 de octubre, apenas un día antes de que entregaran el informe a la CIDH.
“Se ha decidido relanzar la búsqueda con las autoridades competentes, con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI incluyendo el uso de la tecnología, el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordadas con los familiares”, dice el texto en el que, además, el Estado mexicano se compromete a mantener la confiabilidad de la información de los “nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares previamente, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias”.
Por el Estado mexicano firmó Campa Cifrián, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos Torres, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo.
Mientras tanto, por parte del GIEI, firmaron Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristáin.

Los acuerdos

La especialista Ángela Buitrago informó que la firma de los acuerdos se logró tras “acercamientos con el Estado mexicano” frente a esta “pretensión de seguir caminando en la idea de conseguir la verdad en la investigación”.
De entrada dijo que el Estado y el GIEI han dispuesto sacar la investigación de SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación, el cual quedará bajo la supervisión de la subprocuraduría de Derechos Humanos “que llevará la segunda parte de la investigación en forma exclusiva”.
De la propuesta de la PGR de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego en el basurero de Cocula, acordaron que se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones, “que se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, y se consensue el modo en que se realizará el estudio”, dice el documento.
Otro de los acuerdos es la conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia, así como de confianza para la Procuraduría y el propio GIEI y el proceso será acompañado por los representantes de las victimas “para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y la respuesta a las víctimas”.
En otra parte del convenio se subraya: “Se ha decidido integrar la investigación del GIEI en la investigación del caso. Esto significa evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, en segundo término, darle seguimiento a las recomendaciones para la investigación”.
El GIEI colaborará en la recomendación y orientaciones para dicho equipo y sobre las cuestiones que se encuentren en el  informe estaría presto a que sean deliberadas por parte del grupo, se menciona en los acuerdos.
De igual manera se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, así como la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevante y que decrete la PGR según el marco legal y el papel de coadyuvante dentro de esas diligencias, y la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos, peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en las nuevas consignaciones.
Se subraya que la relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizarán mediante una minuta en donde quedarán establecidas las reuniones con el GIEI determinando los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos, tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.
El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda. Menciona que ha proporcionado ya un documento de criterios sobre atención a las víctimas.
En otra parte de los puntos del convenio dice que los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, “estableciendo las medidas de valoración del daño y el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia”.

Presentan los expertos su informe sobre Ayotzinapa; la PGR tiene nueva versión de los hechos, advierte

*No aparece referida en ninguno de los testimonios de los inculpados y pide que se evite su difusión, en la CIDH en Washington. Los normalistas no iban a boicotear ningún acto político ni fueron infiltrados por el crimen organizado, aseguran

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa.
En el documento informan que los crímenes que se cometieron fueron desaparición forzada, homicidios, torturas, lesiones, uso excesivo de la fuerza, atentado contra la vida y amenazas, así como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad y todos estos hechos deben de ser investigados.
Mientras tanto el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez dijo en su intervención durante esta audiencia que México enfrenta una crisis de graves violaciones a los derechos humanos.
La presentación del informe fue transmitida vía Internet a través de la página de la CIDH a partir de las 12:15, hora de México, y terminó a la 1:20.
El GIEI se queja de que después de presentar los resultados de su investigación “apareció una quinta versión de los hechos que no aparece referida en ninguno de los testimonios de los inculpados”, por lo que pide que se evite “la difusión de nuevas versiones no contrastadas que generen mayor confusión e impacto en las víctimas”.
Lo que presentaron a la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine fue una parte resumida del informe general del GIEI en el que exponen que los resultados de la investigación ponen de manifiesto que los jóvenes no iban a boicotear ningún acto político como se dijo inicialmente, que no existe ninguna evidencia de que los normalistas hayan sido infiltrados por el crimen organizado, “lo que habría desatado las atrocidades cometidas” , que la llegada de los normalistas a Iguala fue circunstancial para la toma de autobuses, y que no llevaban más que piedras para defenderse de posibles ataques.
Afirman que los ataques que produjeron 180 víctimas directas y otras tantos afectadas indirectas, se dio con disparos de armas de fuego durante 4 o 5 horas, “con la participación directa de los policías municipales de Iguala y Cocula y con diferentes niveles de autoridades que tenían información sobre lo que estaba sucediendo, entre estas la Policía Estatal, la Ministerial la Policía Federal y el Ejército, que estuvieron presentes en diferentes momentos de esa noche”.
En el informe se incluye el hecho de que durante la investigación el GIEI descubrió la omisión de un quinto autobus que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado en ese momento por la PGR, asimismo, que las versiones recogidas sobre el mismo posteriormente, “eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido”.
“Para el Grupo una hipótesis clave no investigada es la posibilidad de que dicho bus podría ser un medio de transporte de heroína y explicaría el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los buses cuando ya habían salido a bloquearlos, y cuando ya había escapado uno, siendo confundido con el del equipo de futbol de los avispones que fue agredido en forma masiva”, agrega.
También se refiere a lo que “no pasó”, como “la falta de consistencia y contradicciones entre los detenidos sobre el evento de los asesinatos y la quema masiva de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, tal y como fue relatada tras un estudio científico sobre la dinámica del fuego”.
Al respecto, se dijo a la presidenta de la CIDH que el Grupo señala que la incineración de los jóvenes “no pudo haber ocurrido en dicho lugar en las condiciones y tiempos señalados”.
El informe establece que el GIEI ha alertado, después de la publicación de los resultados de sus investigaciones, sobre la difusión pública de una quinta versión.
Recuerda que el Grupo había investigado cuatro versiones anteriormente, pero que después de la presentación del informe apareció una quinta de los hechos “que no aparece referida en ninguno de los testimonios de los inculpados y esa versión señalaría que un grupo de los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en dicho lugar”, aunque el Grupo de Expertos no lo precisa, esta quinta versión sería distinta a la “verdad histórica” que presentó el ex procurador de la República Jesús Murillo Karam.
El GIEI señala la importancia de que no se vuelva atrás en la investigación de los hechos ya esclarecidos “y que dichos hechos no vuelvan a convertirse en una versión más de las varias ya difundidas públicamente” y que (el Estado mexicano) muestre voluntad de abordar en profundidad y con seriedad los pasos propuestos por el Grupo, “estableciendo una estrategia clara de investigación y búsqueda”.
En el cuerpo del texto el GIEI hace un reconocimiento a los familiares y a los normalistas “que han hecho posible este trabajo”. Agradece su confianza y dice que su apoyo “ha sido fundamental para poder realizar este informe”.
Menciona que a pesar de que “probablemente ha sido la parte que menos se ha difundido en nuestro informe, la experiencia de los familiares y víctimas es una parte fundamental del mismo”.
Agrega: “las voces de los familiares hablan de un dolor de la desaparición forzada masiva, de las consecuencias de la pérdida incierta y ambigua, así como de las esperanzas de encontrarlos”.
También hablan del “impacto del quiebre en la confianza frente al Estado, debido a la intervención de fuerzas de seguridad en los hechos y los impactos vividos como consecuencia del manejo del caso y las respuestas dadas en numerosas ocasiones a las familias”.
En el documento entregado a Rose-Marie Antoine exponen, “entender esta experiencia es fundamental en México para poder llevar a cabo una investigación y atención efectiva y para la búsqueda de los desaparecidos, así como para reconstruir la confianza entre las víctimas, la sociedad y el Estado mexicano”.
Al final, los integrantes del GIEI subrayan que esperan que este trabajo “sea visto por el Estado como una oportunidad para la lucha contra la impunidad y dé elementos a otros muchos casos en México que esperan poder avanzar en el camino de la justicia”.
A nombre de las víctimas, el director del Centro Prodh, Mario Patrón dijo que México “enfrenta una crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.
Que aunque se ha intentado presentar (por el Estado mexicano) el caso Ayotzinapa como hecho excepcional, “lo cierto es que en nuestro país hay más de 26 mil personas desaparecidas”.
Añadió que frente a esta grave crisis, por primera vez, el 13 de octubre del 2014 los padres y madres de Ayotzinapa solicitaron al Estado mexicano, en el contexto de la implementación de medidas cautelares, una asistencia técnica internacional a través de la conformación de un grupo de expertos independientes que ahora es el GIEI mismo que realiza una investigación técnica in situ.
Subrayó que es importante reconocer, “sin regateos”, que la CIDH con el concierto del estado y los beneficiarios “idearon un mecanismo de supervisión internacional que en tiempo real  ha venido a aportar en beneficio de todas las partes; al Estado para el fortalecimiento de sus instituciones, a las víctimas para la documentación de profundas deficiencias en la investigación de los hechos al grado de advertir la necesidad de su reestructuración total, y a la sociedad mexicana para asegurar que todas y todos sepamos lo que realmente sucedió y demos con el paradero de los estudiantes”.
Celebró la decisión del pleno de la CIDH de designar al Grupo de Expertos, porque dijo que ha traído “innegables frutos” y que “es hoy una luz en la negra noche de la crisis mexicana”.
Dijo que por ello el reconocimiento de las víctimas por esta decisión es total para la CIDH, que el GIEI representa ahora la oportunidad de que Ayotzinapa sea un punto de “inflexión y de no retorno”, pero añadió que eso será posible sólo si el  Estado mexicano asegura la voluntad política suficiente para cumplimentar las recomendaciones hasta ahora formuladas en el informe  y las conclusiones preliminares del GIEI.
Concluyó que las y los familiares de las víctimas y todo México necesitan las transformaciones que sólo puede traer la verdad, y que por eso es indispensable que el GIEI cuente con condiciones para seguir realizando su labor.
La presentación del informe del GIEI inició con un testimonio del  hermano de uno de los desaparecidos que dice que espera su regreso, pero que si no estará al lado siempre de los familiares de los desaparecidos en espera de los resultados de las investigaciones.
Al final se transmitió un video con intervenciones de familiares de los estudiantes desaparecidos que expresan su respaldo a las investigaciones del GIEI.

El interrogatorio a los militares directo es fundamental en la reapertura de la investigación: GIEI

*Insiste el gobierno mexicano en no permitirlo. Pregunta la CIDH quién tiene la última palabra en este caso, el secretario o el presidente

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) informó que el gobierno de México dejó en claro que no permitirá que extranjeros interroguen a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
El rechazo del gobierno de Enrique Peña Nieto al interrogatorio contradice la aceptación de un acuerdo de 10 puntos, porque el acceso a aquellos es un aspecto fundamental en la reapertura de la pesquisa, dijo una de los cinco integrantes del GIEI, Ángela Buitrago, durante una audiencia de “oficio” sobre el caso Ayotzinapa en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la capital estadunidense.
Al concluir la audiencia, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián señaló que el acuerdo es un paso hacia adelante para resolver el asunto de los normalistas, pero subrayó que no se permitirá al GIEI que interrogue directamente a los militares.
“Esta diligencia tiene que hacerse a través del Ministerio Público (MP)”, dijo Campa Cifrián. El GIEI, agregó, puede entregar preguntas por escrito, pero que éstas serían formuladas por el MP.
En la audiencia, la CIDH cuestionó las declaraciones del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien dijo que sólo las autoridades mexicanas pueden interrogar a los militares.
La CIDH preguntó directamente al gobierno mexicano si el secretario de la Defensa es quien tiene la última palabra en el caso de los militares o el presidente de la República, como lo establece la Constitución Política, “el presidente”, respondió Campa Cifrián.
En una conferencia al término de la audiencia, Buitrago caracterizó así el ofrecimiento de Campa Cifrián, en el sentido de que el GIE puede interrogar a los militares a través del MP: “Sería como si en esta conferencia de prensa alguien preguntara por usted”, dijo al reportero que formuló la pregunta.
El caso de los militares del Batallón de Infantería de Iguala se posicionó como el principal obstáculo y punto de diferencia en el acuerdo, sobre todo porque el GIEI reiteró que en seis ocasiones ha pedido el acceso a los soldados.
El subsecretario puntualizó que los militares no están acusados de nada. “Tenemos nuestras dudas, porque los militares estuvieron presentes el 26 y el 27 de septiembre, los días que desaparecieron los estudiantes”, declaró Claudia Paz y Paz, del GIEI. (Agencia Proceso / Washington).