Marcial Rodríguez Saldaña

Peña Nieto sujeto a investigación por la CIDH en Washington

Este martes 20 de octubre 2015, se llevó a cabo una audiencia pública en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuya sede se encuentra en la ciudad de Washington distrito de Columbia, Estados Unidos, a la cual acudieron representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, de organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los miembros de la CIDH.
1.- No es una exageración decir que Peña Nieto se encuentra sometido a investigación por un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de los crímenes de seis personas y 43 alumnos normalistas desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, toda vez que esta instancia internacional no se dedica a atender casos de funcionarios en lo particular, sino que de acuerdo con la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la cual depende la CIDH y la Carta Americana de Derechos Humanos, la CIDH se encarga de vigilar que los estados signatarios de estos documentos normativos internacionales cumplan con el respeto a los derechos humanos.
2.- Por ello en este caso, la CIDH a través del Grupo de Expertos Independientes, no indaga esencialmente si un policía de Iguala o de Cocula tiene responsabilidad en los hechos, aun cuando tengan que interrogar a cuantos servidores y personas hayan intervenido en los mismos, sino que sus investigaciones se orientarán a que con base en estudios científicos y pruebas que logren recabar, a establecer si el Estado mexicano representado por Peña Nieto es o no responsable de violaciones a derechos humanos producto de los crímenes y desaparición forzada de los 43 estudiantes. Claro, esto ocurrirá una vez que se hayan agotado las instancias de justicia local en México y el caso llegue a la CIDH, ésta por su parte lo consigne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra en San José Costa Rica, y ésta a su vez emita una sentencia que seguramente será condenatoria.
3.- La audiencia de ayer en la sede de la CIDH en Washington tiene resultados muy positivos para la indagatoria sobre el caso de los normalistas asesinados y desaparecidos, ya que se firmó un acuerdo con el gobierno de Peña Nieto en donde se establece un relanzamiento de la investigación que contiene aspectos muy importantes como que la averiguación la lleve la Subprocuraduría de Derechos Humanos y no como ha sido hasta ahora por la de Delincuencia Organizada, lo cual le da un viraje al asunto ya que no se le dará un tratamiento de narcotráfico sino de violación a derechos humanos; que el nuevo estudio sobre el basurero de Cocula se haga de común acuerdo con el GIEI, se revisen los perfiles de peritos, se elijan en forma conjunta y se consense el modo en que se realizará el estudio; que se forme un nuevo grupo de investigación con experiencia de confianza de la PGR y del GIEI, el cual sea acompañado por las víctimas.
4.- Otros aspectos relevantes del acuerdo son que se integre el informe del GIEI a la investigación lo cual implica evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, dar seguimiento a las recomendaciones sobre las cuales el GIEI colaborará para verificar si se cumplen sus orientaciones; planificar en forma conjunta la ruta de la investigación tomando en cuenta las líneas existentes de investigación y otras nuevas; coordinación periódica para nuevas diligencias relevantes, evaluación conjunta de nuevas diligencias, peritos, peritajes y declaraciones para establecer nuevos hechos probados o hipótesis que lleven a nuevas consignaciones; relanzar la búsqueda de los normalistas desaparecidos con la estrategia señalada por el GIEI, con la tecnología, mapa de fosas y otros lugares identificados mediante acciones acordadas con los familiares; atención a las víctimas y el compromiso del Estado mexicano de mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados hasta transmitirla a los familiares así como mantener un vínculo de comunicación periódico y directo con las familias.
5.- Muy mal se vieron los representantes de Peña Nieto en la audiencia en Washington, cuando les preguntaron porqué no permiten que se interrogue directamente a los militares destacamentados en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando ocurrieron los hechos, y si el secretario de la Defensa está por encima de Peña Nieto. Su respuesta fue muy formalista, al encapricharse a que sólo sean interrogados a través del Ministerio Público federal, lo cual denota una actitud cerrada del gobierno y se exhiben ante organismos internacionales como encubridores de los militares. En los hechos, con estas audiencias y la intervención de la CIDH, el gobierno de Peña Nieto se encuentra ya sometido a la jurisdicción de organismos internacionales protectores de derechos humanos.

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