Tiene el Estado posturas ambiguas en el convenio con los expertos de la CIDH, advierte Abel Barrera

*Se tiene que investigar la participación del Ejército en los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, plantea el director de Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró que la firma del convenio de colaboración de 10 puntos para dar continuidad a la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base en líneas señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los padres de los desaparecidos, es una oportunidad histórica para llegar a saber la verdad.
Sin embargo lamentó que el Gobierno federal siga en su postura ambigua respecto a la petición de los padres, y se niegue a que los militares declaren ante los expertos.
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que depositaron toda su confianza en el GIEI y que respaldan la firma del convenio de 10 puntos con el Estado Mexicano, mediante el cual se relanza la investigación y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
El lunes, representantes del Estado mexicano y los integrantes del GIEI firmaron un convenio de colaboración de 10 puntos para dar continuidad a la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base a líneas señaladas por el GIEI y los padres. El contenido del convenio se dio a conocer el martes en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Consultado vía telefónica ayer al respecto, Barrera Hernández opinó que el documento es un síntoma de que cada día el Grupo de Expertos está siendo factor determinante para impulsar las investigaciones en toda su dimensión, como lo han planteado con sus recomendaciones, y sobre todo para impulsar una mejor la búsqueda.
“Creo que están muy claros estos 10 puntos, y son los planteamientos que los mismos expertos han recogido de los papás y de las mamás, que junto con sus recomendaciones entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, declaró.
Agregó que el hecho de que se hayan reunido previamente los integrantes del GIEI y funcionarios del Estado mexicano para abordar estos puntos, “habla de un gesto muy generoso por parte del Grupo de Expertos en el sentido de que lo que les interesa es que se avance sustantivamente la investigación y la búsqueda”.
Opinó que en ese sentido los integrantes del GIEI muestran mucho oficio profesional, como personas que tienen un compromiso con la verdad y la justicia, “y yo creo que de parte de ellos es muy clara la postura en el sentido de que se tiene que continuar con las investigaciones”, dijo Barrera.
Sin embargo, consideró que se tienen que atender algunos temas pendientes como la investigación de la participación del Ejército, y en este caso dijo que “lo que nos preocupa son las posturas ambiguas de las autoridades federales”, como lo que pasó el martes en la audiencia de la CIDH cuando les preguntaron si estaban dispuestos a que se entrevistara al Ejército, “y trataron de ser muy rigoristas en el acuerdo que firmaron, y respondieron que eso no está contemplado en el documento”.
Al respecto, el director de Tlachinollan denunció que los funcionarios del Gobierno federal “tratan de sorprender con cierta perversidad los acuerdos, cuando se supone que se firmaron de buena fe, y si dicen que van a asumir todo el informe y sus recomendaciones incorporarlas a la averiguación previa, no puede haber excepciones”, dijo en el caso de la negativa a que sean interrogados los soldad del Ejército que estuvieron en activo la noche de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Añadió que si en la firma del convenio se dice que los expertos van a participar en la investigación, que el Gobierno va a sumir el informe en su totalidad, se va a integrar a la averiguación previa y van a cumplir con las recomendaciones, “lleva implícita la investigación a los militares”.
Agregó que por eso ven que “hay una ambigüedad mal intencionada o deliberada de parte de las autoridades, al decir una cosa primero y al rato ser muy rigoristas y decir que explícitamente no firmaron que iban a entrevistar al Ejército”.
Subrayó que para los expertos en las mismas clausulas que firmaron se incorpora ese caso, y que por eso queda en evidencia que “el lenguaje laxo… da pie para que puedan maniobrar los funcionarios y negar lo que se supone que es un compromiso que va implícito en el acuerdo”.
Insistió en que la postura de la autoridad no es auténtica ni de buena fe, pues siempre trata de buscar y retorcer el renglón de la ley o de buscarle otro pretexto para no cumplir.
Mencionó que ahora las autoridades de México están ante el escrutinio internacional y la Comisión Interamericana, y ante los comisionados ha quedado evidenciado que a veces no hay buena voluntad y disposición porque se trata de buscar pretextos para no permitir la justicia.
Si no cumplen los acuerdos con la CIDH, las autoridades pagarán un alto costo político y moral, considera

También dijo que ahora la sociedad mexicana, la opinión pública internacional y la CIDH están enterados de esto y que el Gobierno tiene que demostrar que va a cumplir, “si no cumple creo que esto va a tener un costo muy alto y el desprestigio político y moral nadie se lo va a quitar”.
También reconoció que con la firma del documento se ve que hay disposición pero que es evidente que al interior del Gobierno hay posturas encontradas.
Incluso recordó que cuando se presentó el informe por primera vez hubo un jaloneo entre la élite de la clase política, pues un grupo decía que se asumiera el informe y que hubiera presencia del Gobierno en él, pero otro grupo duro decía que no se asumiera el informe y que tampoco se fuera a avalarlo.
Afirmó que esa disputa se sigue dando en las diferentes etapas de la investigación, pero que es aquí donde se tiene que ver hasta dónde hay voluntad y vocación del Gobierno para ser garante de la justicia y de la verdad.
En este contexto para Barrera Hernández, “son más los cálculos políticos y cotos de poder los que están tratando de obstaculizar el avance en la investigación”.
Mientras tanto, dijo que los padres y los organismos que los respaldan ven que es una oportunidad histórica el hecho de que un organismo internacional dé asistencia técnica a la investigación, pero que el Gobierno federal no solamente tiene que decirlo y aceptarlo, sino que asumirlo en toda su dimensión.
“Estamos ante un hecho de que los expertos ven necesario e imprescindible hablar con el Ejército, y no como lo han dicho que tiene que hacerse a través del Ministerio Público”, expuso.
Explicó que se sabe que ese es el procedimiento, “pero estamos ante un hecho que se tiene que permitir que los expertos, con esa autoridad moral que tienen y sobre todo con esa visión que hay de los hechos como lo han narrado, ven necesario tener una plática con el Ejército”.
Barrera alertó al Gobierno que se puede desaprovechar esta oportunidad histórica de conocer la verdad si el grupo duro gana.
Por su parte, el vocero de los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que los padres depositaron la confianza en el Grupo de Expertos y recordó que la exigencia al presidente Enrique Peña Nieto fue que todo lo que se hiciera con respecto a la investigación tendría que pasar por el visto bueno de ellos.
En ese sentido dijo que si los expertos decidieron que los acuerdos firmados son buenos, “pues para nosotros también son buenos”.
De la Cruz dijo que con el nuevo rumbo que toma la investigación, los padres esperan que vaya encaminándose a conocerse la verdad, “y llegar hasta donde sea posible”.
Añadió que desean que en cuando el grupo de expertos dé otro informe a los padres “ya sepamos dónde están los jóvenes”.
De la negativa del Gobierno federal para que declaren los militares que estuvieron la noche del 26 y la madrugada del 27 en Iguala, dijo que los expertos y los padres “vamos a seguir por el mismo camino hasta que tengan que declarar los militares, como debe de ser, porque creemos que como mexicanos ellos tienen la obligación de formar parte de la investigación y el esclarecimiento de la verdad”.
Añadió que mientras no declaren, queda más claro que tienen algo qué ver y que el día que ellos abran la puerta la verdad se va a saber lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.