Espera Ortega un acuerdo que permita al GIEI entrevistar a militares por los hechos de Iguala

*Enviará el gobierno del estado información a la SEP de maestros que faltaron a clases por participar en el paro del 12, pero pide a las autoridades federales que desistan de la idea del descuento

Daniel Velázquez

El gobernador Rogelio Ortega Martínez opinó que se debe llegar a un buen acuerdo entre el gobierno federal y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que los militares contribuyan a decir lo que saben sobre lo que ocurrió en Iguala la noche del 26 de septiembre cuando desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
El pasado martes en la víspera de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano firmó el convenio para la ampliación del trabajo del GIEI, 47 días después de que concluyó su trabajo sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
Entre el gobierno mexicano y el GIEI siguen las diferencias sobre la colaboración que debe facilitar el Ejército a la investigación para esclarecer lo sucedido en Iguala la noche del 26 y madruga del 27 de septiembre en Iguala
En declaraciones después de un recorrido por la ruta del Acabús, y a pregunta expresa de la resistencia del gobierno federal a que los integrantes del GIEI puedan entrevistar a los militares, Ortega Martínez dijo que respeta la postura del gobierno pero consideró que deben buscarse “acuerdos de solución” entre las partes para que se llegue a un buen acuerdo.
Sobre la prórroga de seis meses más que dio el gobierno federal al GIEI para que continúe con la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobernador dijo que todo lo que ayude a construir rutas de diálogo y acuerdo con los familiares de los desaparecidos para llegar a la verdad y la justicia es válido.
El mandato del primer período del GIEI concluyó el 2 de septiembre

No generar agravios innecesarios

Ortega Martínez insistió en que no se aplique descuentos al salario de los maestros que participaron en las manifestaciones del 2 y 12 de octubre en rechazo a la reforma educativa.
La SEP solicitó a las autoridades estatales reportar a los maestros que faltaron a clases el 2 y el 12 de octubre para aplicarles descuentos a su salario. Los gobiernos estatales tienen hasta el 23 de octubre para reportar a los maestros que faltaron a clases el 2 de octubre sin justificación y el descuento se les aplicará en el pago de la segunda quincena de este mes. Para quienes faltaron el 12 de octubre las autoridades estatales pueden reportarlas hasta el 6 de noviembre y el descuento aplicará en la primera quincena de ese mes.
De la postura del secretario de Educación Aurelio Nuño de que se aplicará el descuento a los maestros que faltaron a clases el pasado 2 y 12 de octubre, Ortega Martínez solicitó “de manera muy respetuosa y muy comedida” que decline en esa idea porque la protesta de los maestros fue ordenada.
El gobernador dijo que ante la petición que hace la secretaria de Educación sobre las listas de los maestros que faltaron a clases el gobierno del estado enviará la información, “la parte administrativa que corresponda hacer, la haremos”.
Al insistirle si eso significaba descuentos para los maestros, Ortega Martínez dijo que el reporte que él tiene es que en Acapulco pararon seis escuelas y en Chilpancingo cuatro y que antes de aplicar descuentos se debe considerar si hubo maestros que con la voluntad de trabajar se presentaron en sus escuelas pero encontraron el plantel cerrado, “¿procede para ellos el descuento?, no fue decisión de ellos que la escuela se cerrara”.
Sugirió ser cuidadosos en ese aspecto para no crear agravios innecesarios.

Valorar lo que convenga al Estado para solucionar el problema de la violencia

Del planteamiento de negociar con los delincuentes como una estrategia para terminar con la violencia, el gobernador dijo que se deben escuchar y valorar las propuestas que mas convengan al Estado mexicano para resolver ese problema.
El martes el sacerdote colombiano Leonel Narváez Gómez, quien está en el puerto como parte de un convenio suscrito entre el Consejo Interreligioso Guerrerense y el Ayuntamiento de Acapulco, planteó que se debe negociar con los delincuentes y atender las causas secundarias de la violencia como la falta de empleo, acceso a la educación, salud y vivienda.
Rogelio Ortega opinó que “las experiencias internacionales ayudan, lo que falta ver cuál es el traje a la medida para México, para encarar con éxito este gran problema”.
Agregó que Colombia tiene experiencia en el problema de la violencia producto de bandas delincuenciales relacionadas con el narcotrafico, por lo que de las experiencias exitosas se debe “valorar la que más convenga al estado mexicano y a la sociedad”.
Del cierre de agencias de venta de automóviles, el gobernador dijo que todos los empresarios grandes y pequeños son víctimas de extorsión y cobro de piso, “esa es una realidad” que afecta hasta a las señoras que venden en la calle.
De las afectaciones que ha causado la violencia y la inseguridad en el puerto, el gobernador dijo que el fenómeno se agudizó en 2006 después del enfrentamiento entre policías con presuntos sicarios en La Garita porque después se presentaron los primeros decapitados.
Además del mercado de drogas que hay en el municipio para surtir a los consumidores locales y después las bandas se disputan los territorios y de ahí derivan otros delitos como el secuestro, extorsión, trata de personas, asesinatos “y acciones salvajes que rebasan todo imaginario hasta el del holocausto, esa es la realidad que enfrentamos en el estado de Guerrero”.
Dijo que debe haber políticas que generen empleos para evitar que los jóvenes sean reclutados por los delincuentes.