Espera Ortega un acuerdo que permita al GIEI entrevistar a militares por los hechos de Iguala

*Enviará el gobierno del estado información a la SEP de maestros que faltaron a clases por participar en el paro del 12, pero pide a las autoridades federales que desistan de la idea del descuento

Daniel Velázquez

El gobernador Rogelio Ortega Martínez opinó que se debe llegar a un buen acuerdo entre el gobierno federal y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que los militares contribuyan a decir lo que saben sobre lo que ocurrió en Iguala la noche del 26 de septiembre cuando desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
El pasado martes en la víspera de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano firmó el convenio para la ampliación del trabajo del GIEI, 47 días después de que concluyó su trabajo sobre la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
Entre el gobierno mexicano y el GIEI siguen las diferencias sobre la colaboración que debe facilitar el Ejército a la investigación para esclarecer lo sucedido en Iguala la noche del 26 y madruga del 27 de septiembre en Iguala
En declaraciones después de un recorrido por la ruta del Acabús, y a pregunta expresa de la resistencia del gobierno federal a que los integrantes del GIEI puedan entrevistar a los militares, Ortega Martínez dijo que respeta la postura del gobierno pero consideró que deben buscarse “acuerdos de solución” entre las partes para que se llegue a un buen acuerdo.
Sobre la prórroga de seis meses más que dio el gobierno federal al GIEI para que continúe con la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobernador dijo que todo lo que ayude a construir rutas de diálogo y acuerdo con los familiares de los desaparecidos para llegar a la verdad y la justicia es válido.
El mandato del primer período del GIEI concluyó el 2 de septiembre

No generar agravios innecesarios

Ortega Martínez insistió en que no se aplique descuentos al salario de los maestros que participaron en las manifestaciones del 2 y 12 de octubre en rechazo a la reforma educativa.
La SEP solicitó a las autoridades estatales reportar a los maestros que faltaron a clases el 2 y el 12 de octubre para aplicarles descuentos a su salario. Los gobiernos estatales tienen hasta el 23 de octubre para reportar a los maestros que faltaron a clases el 2 de octubre sin justificación y el descuento se les aplicará en el pago de la segunda quincena de este mes. Para quienes faltaron el 12 de octubre las autoridades estatales pueden reportarlas hasta el 6 de noviembre y el descuento aplicará en la primera quincena de ese mes.
De la postura del secretario de Educación Aurelio Nuño de que se aplicará el descuento a los maestros que faltaron a clases el pasado 2 y 12 de octubre, Ortega Martínez solicitó “de manera muy respetuosa y muy comedida” que decline en esa idea porque la protesta de los maestros fue ordenada.
El gobernador dijo que ante la petición que hace la secretaria de Educación sobre las listas de los maestros que faltaron a clases el gobierno del estado enviará la información, “la parte administrativa que corresponda hacer, la haremos”.
Al insistirle si eso significaba descuentos para los maestros, Ortega Martínez dijo que el reporte que él tiene es que en Acapulco pararon seis escuelas y en Chilpancingo cuatro y que antes de aplicar descuentos se debe considerar si hubo maestros que con la voluntad de trabajar se presentaron en sus escuelas pero encontraron el plantel cerrado, “¿procede para ellos el descuento?, no fue decisión de ellos que la escuela se cerrara”.
Sugirió ser cuidadosos en ese aspecto para no crear agravios innecesarios.

Valorar lo que convenga al Estado para solucionar el problema de la violencia

Del planteamiento de negociar con los delincuentes como una estrategia para terminar con la violencia, el gobernador dijo que se deben escuchar y valorar las propuestas que mas convengan al Estado mexicano para resolver ese problema.
El martes el sacerdote colombiano Leonel Narváez Gómez, quien está en el puerto como parte de un convenio suscrito entre el Consejo Interreligioso Guerrerense y el Ayuntamiento de Acapulco, planteó que se debe negociar con los delincuentes y atender las causas secundarias de la violencia como la falta de empleo, acceso a la educación, salud y vivienda.
Rogelio Ortega opinó que “las experiencias internacionales ayudan, lo que falta ver cuál es el traje a la medida para México, para encarar con éxito este gran problema”.
Agregó que Colombia tiene experiencia en el problema de la violencia producto de bandas delincuenciales relacionadas con el narcotrafico, por lo que de las experiencias exitosas se debe “valorar la que más convenga al estado mexicano y a la sociedad”.
Del cierre de agencias de venta de automóviles, el gobernador dijo que todos los empresarios grandes y pequeños son víctimas de extorsión y cobro de piso, “esa es una realidad” que afecta hasta a las señoras que venden en la calle.
De las afectaciones que ha causado la violencia y la inseguridad en el puerto, el gobernador dijo que el fenómeno se agudizó en 2006 después del enfrentamiento entre policías con presuntos sicarios en La Garita porque después se presentaron los primeros decapitados.
Además del mercado de drogas que hay en el municipio para surtir a los consumidores locales y después las bandas se disputan los territorios y de ahí derivan otros delitos como el secuestro, extorsión, trata de personas, asesinatos “y acciones salvajes que rebasan todo imaginario hasta el del holocausto, esa es la realidad que enfrentamos en el estado de Guerrero”.
Dijo que debe haber políticas que generen empleos para evitar que los jóvenes sean reclutados por los delincuentes.

Tiene el Estado posturas ambiguas en el convenio con los expertos de la CIDH, advierte Abel Barrera

*Se tiene que investigar la participación del Ejército en los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, plantea el director de Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró que la firma del convenio de colaboración de 10 puntos para dar continuidad a la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base en líneas señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los padres de los desaparecidos, es una oportunidad histórica para llegar a saber la verdad.
Sin embargo lamentó que el Gobierno federal siga en su postura ambigua respecto a la petición de los padres, y se niegue a que los militares declaren ante los expertos.
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que depositaron toda su confianza en el GIEI y que respaldan la firma del convenio de 10 puntos con el Estado Mexicano, mediante el cual se relanza la investigación y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
El lunes, representantes del Estado mexicano y los integrantes del GIEI firmaron un convenio de colaboración de 10 puntos para dar continuidad a la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base a líneas señaladas por el GIEI y los padres. El contenido del convenio se dio a conocer el martes en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Consultado vía telefónica ayer al respecto, Barrera Hernández opinó que el documento es un síntoma de que cada día el Grupo de Expertos está siendo factor determinante para impulsar las investigaciones en toda su dimensión, como lo han planteado con sus recomendaciones, y sobre todo para impulsar una mejor la búsqueda.
“Creo que están muy claros estos 10 puntos, y son los planteamientos que los mismos expertos han recogido de los papás y de las mamás, que junto con sus recomendaciones entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, declaró.
Agregó que el hecho de que se hayan reunido previamente los integrantes del GIEI y funcionarios del Estado mexicano para abordar estos puntos, “habla de un gesto muy generoso por parte del Grupo de Expertos en el sentido de que lo que les interesa es que se avance sustantivamente la investigación y la búsqueda”.
Opinó que en ese sentido los integrantes del GIEI muestran mucho oficio profesional, como personas que tienen un compromiso con la verdad y la justicia, “y yo creo que de parte de ellos es muy clara la postura en el sentido de que se tiene que continuar con las investigaciones”, dijo Barrera.
Sin embargo, consideró que se tienen que atender algunos temas pendientes como la investigación de la participación del Ejército, y en este caso dijo que “lo que nos preocupa son las posturas ambiguas de las autoridades federales”, como lo que pasó el martes en la audiencia de la CIDH cuando les preguntaron si estaban dispuestos a que se entrevistara al Ejército, “y trataron de ser muy rigoristas en el acuerdo que firmaron, y respondieron que eso no está contemplado en el documento”.
Al respecto, el director de Tlachinollan denunció que los funcionarios del Gobierno federal “tratan de sorprender con cierta perversidad los acuerdos, cuando se supone que  se firmaron de buena fe, y si dicen que van a asumir todo el informe y sus recomendaciones incorporarlas a la averiguación previa, no puede haber excepciones”, dijo en el caso de la negativa a que sean interrogados los soldad del Ejército que estuvieron en activo la noche de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Añadió que si en la firma del convenio se dice que los expertos van a participar en la investigación, que el Gobierno va a sumir el informe en su totalidad, se va a integrar a la averiguación previa y van a cumplir con las recomendaciones, “lleva implícita la investigación a los militares”.
Agregó que por eso ven que “hay una ambigüedad mal intencionada o deliberada de parte de las autoridades, al decir una cosa primero y al rato ser muy rigoristas y decir que explícitamente no firmaron que iban a entrevistar al Ejército”.
Subrayó que para los expertos en las mismas clausulas que firmaron se incorpora ese caso, y que por eso queda en evidencia que “el lenguaje laxo… da pie para que puedan maniobrar los funcionarios y negar lo que se supone que es un compromiso que va implícito en el acuerdo”.
Insistió en que la postura de la autoridad no es auténtica ni de buena fe, pues siempre trata de buscar y retorcer el renglón de la ley o de buscarle otro pretexto para no cumplir.
Mencionó que ahora las autoridades de México están ante el escrutinio internacional y la Comisión Interamericana, y ante los comisionados ha quedado evidenciado que a veces no hay buena voluntad y disposición porque se trata de buscar pretextos para no permitir la justicia.
Si no cumplen los acuerdos con la CIDH, las autoridades pagarán un alto costo político y moral, considera

También dijo que ahora la sociedad mexicana, la opinión pública internacional y la CIDH están enterados de esto y que el Gobierno tiene que demostrar que va a cumplir, “si no cumple creo que esto va a tener un costo muy alto y el desprestigio político y moral nadie se lo va a quitar”.
También reconoció que con la firma del documento se ve que hay disposición pero que es evidente que al interior del Gobierno hay posturas encontradas.
Incluso recordó que cuando se presentó el informe por primera vez hubo un jaloneo entre la élite de la clase política, pues un grupo decía que se asumiera el informe y que hubiera presencia del Gobierno en él, pero otro grupo duro decía que no se asumiera el informe y que tampoco se fuera a avalarlo.
Afirmó que esa disputa se sigue dando en las diferentes etapas de la investigación, pero que es aquí donde se tiene que ver hasta dónde hay voluntad y vocación del Gobierno para ser garante de la justicia y de la verdad.
En este contexto para Barrera Hernández, “son más los cálculos políticos y cotos de poder los que están tratando de obstaculizar el avance en la investigación”.
Mientras tanto, dijo que los padres y los organismos que los respaldan ven que es una oportunidad histórica el hecho de que un organismo internacional dé asistencia técnica a la investigación, pero que el Gobierno federal no solamente tiene que decirlo y aceptarlo, sino que asumirlo en toda su dimensión.
“Estamos ante un hecho de que los expertos ven necesario e imprescindible hablar con el Ejército, y no como lo han dicho que tiene que hacerse a través del Ministerio Público”, expuso.
Explicó que se sabe que ese es el procedimiento, “pero estamos ante un hecho que se tiene que permitir que los expertos, con esa autoridad moral que tienen y sobre todo  con esa visión que hay de los hechos como lo han narrado, ven necesario tener una plática con el Ejército”.
Barrera alertó al Gobierno que se puede desaprovechar esta oportunidad histórica de conocer la verdad si el grupo duro gana.
Por su parte, el vocero de los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que los padres depositaron la confianza en el Grupo de Expertos y recordó que la exigencia al presidente Enrique Peña Nieto fue que todo lo que se hiciera con respecto a la investigación tendría que pasar por el visto bueno de ellos.
En ese sentido dijo que si los expertos decidieron que los acuerdos firmados son buenos, “pues para nosotros también son buenos”.
De la Cruz dijo que con el nuevo rumbo que toma la investigación, los padres esperan que vaya encaminándose a conocerse la verdad, “y llegar hasta donde sea posible”.
Añadió que desean que en cuando el grupo de expertos dé otro informe a los padres “ya sepamos dónde están los jóvenes”.
De la negativa del Gobierno federal para que declaren los militares que estuvieron la noche del 26 y la madrugada del 27 en Iguala, dijo que los expertos y los padres “vamos a seguir por el mismo camino hasta que tengan que declarar los militares, como debe de ser, porque creemos que como mexicanos ellos tienen la obligación de formar parte de la investigación y el esclarecimiento de la verdad”.
Añadió que mientras no declaren, queda más claro que tienen algo qué ver y que el día que ellos abran la puerta la verdad se va a saber lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Tiene el Estado posturas ambiguas en el convenio con los expertos de la CIDH, advierte Abel Barrera

*Se tiene que investigar la participación del Ejército en los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, plantea el director de Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró que la firma del convenio de colaboración de 10 puntos para dar continuidad a la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base en líneas señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los padres de los desaparecidos, es una oportunidad histórica para llegar a saber la verdad.
Sin embargo lamentó que el Gobierno federal siga en su postura ambigua respecto a la petición de los padres, y se niegue a que los militares declaren ante los expertos.
El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que depositaron toda su confianza en el GIEI y que respaldan la firma del convenio de 10 puntos con el Estado Mexicano, mediante el cual se relanza la investigación y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
El lunes, representantes del Estado mexicano y los integrantes del GIEI firmaron un convenio de colaboración de 10 puntos para dar continuidad a la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con base a líneas señaladas por el GIEI y los padres. El contenido del convenio se dio a conocer el martes en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Consultado vía telefónica ayer al respecto, Barrera Hernández opinó que el documento es un síntoma de que cada día el Grupo de Expertos está siendo factor determinante para impulsar las investigaciones en toda su dimensión, como lo han planteado con sus recomendaciones, y sobre todo para impulsar una mejor la búsqueda.
“Creo que están muy claros estos 10 puntos, y son los planteamientos que los mismos expertos han recogido de los papás y de las mamás, que junto con sus recomendaciones entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, declaró.
Agregó que el hecho de que se hayan reunido previamente los integrantes del GIEI y funcionarios del Estado mexicano para abordar estos puntos, “habla de un gesto muy generoso por parte del Grupo de Expertos en el sentido de que lo que les interesa es que se avance sustantivamente la investigación y la búsqueda”.
Opinó que en ese sentido los integrantes del GIEI muestran mucho oficio profesional, como personas que tienen un compromiso con la verdad y la justicia, “y yo creo que de parte de ellos es muy clara la postura en el sentido de que se tiene que continuar con las investigaciones”, dijo Barrera.
Sin embargo, consideró que se tienen que atender algunos temas pendientes como la investigación de la participación del Ejército, y en este caso dijo que “lo que nos preocupa son las posturas ambiguas de las autoridades federales”, como lo que pasó el martes en la audiencia de la CIDH cuando les preguntaron si estaban dispuestos a que se entrevistara al Ejército, “y trataron de ser muy rigoristas en el acuerdo que firmaron, y respondieron que eso no está contemplado en el documento”.
Al respecto, el director de Tlachinollan denunció que los funcionarios del Gobierno federal “tratan de sorprender con cierta perversidad los acuerdos, cuando se supone que  se firmaron de buena fe, y si dicen que van a asumir todo el informe y sus recomendaciones incorporarlas a la averiguación previa, no puede haber excepciones”, dijo en el caso de la negativa a que sean interrogados los soldad del Ejército que estuvieron en activo la noche de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
Añadió que si en la firma del convenio se dice que los expertos van a participar en la investigación, que el Gobierno va a sumir el informe en su totalidad, se va a integrar a la averiguación previa y van a cumplir con las recomendaciones, “lleva implícita la investigación a los militares”.
Agregó que por eso ven que “hay una ambigüedad mal intencionada o deliberada de parte de las autoridades, al decir una cosa primero y al rato ser muy rigoristas y decir que explícitamente no firmaron que iban a entrevistar al Ejército”.
Subrayó que para los expertos en las mismas clausulas que firmaron se incorpora ese caso, y que por eso queda en evidencia que “el lenguaje laxo… da pie para que puedan maniobrar los funcionarios y negar lo que se supone que es un compromiso que va implícito en el acuerdo”.
Insistió en que la postura de la autoridad no es auténtica ni de buena fe, pues siempre trata de buscar y retorcer el renglón de la ley o de buscarle otro pretexto para no cumplir.
Mencionó que ahora las autoridades de México están ante el escrutinio internacional y la Comisión Interamericana, y ante los comisionados ha quedado evidenciado que a veces no hay buena voluntad y disposición porque se trata de buscar pretextos para no permitir la justicia.
Si no cumplen los acuerdos con la CIDH, las autoridades pagarán un alto costo político y moral, considera

También dijo que ahora la sociedad mexicana, la opinión pública internacional y la CIDH están enterados de esto y que el Gobierno tiene que demostrar que va a cumplir, “si no cumple creo que esto va a tener un costo muy alto y el desprestigio político y moral nadie se lo va a quitar”.
También reconoció que con la firma del documento se ve que hay disposición pero que es evidente que al interior del Gobierno hay posturas encontradas.
Incluso recordó que cuando se presentó el informe por primera vez hubo un jaloneo entre la élite de la clase política, pues un grupo decía que se asumiera el informe y que hubiera presencia del Gobierno en él, pero otro grupo duro decía que no se asumiera el informe y que tampoco se fuera a avalarlo.
Afirmó que esa disputa se sigue dando en las diferentes etapas de la investigación, pero que es aquí donde se tiene que ver hasta dónde hay voluntad y vocación del Gobierno para ser garante de la justicia y de la verdad.
En este contexto para Barrera Hernández, “son más los cálculos políticos y cotos de poder los que están tratando de obstaculizar el avance en la investigación”.
Mientras tanto, dijo que los padres y los organismos que los respaldan ven que es una oportunidad histórica el hecho de que un organismo internacional dé asistencia técnica a la investigación, pero que el Gobierno federal no solamente tiene que decirlo y aceptarlo, sino que asumirlo en toda su dimensión.
“Estamos ante un hecho de que los expertos ven necesario e imprescindible hablar con el Ejército, y no como lo han dicho que tiene que hacerse a través del Ministerio Público”, expuso.
Explicó que se sabe que ese es el procedimiento, “pero estamos ante un hecho que se tiene que permitir que los expertos, con esa autoridad moral que tienen y sobre todo  con esa visión que hay de los hechos como lo han narrado, ven necesario tener una plática con el Ejército”.
Barrera alertó al Gobierno que se puede desaprovechar esta oportunidad histórica de conocer la verdad si el grupo duro gana.
Por su parte, el vocero de los padres de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz dijo que los padres depositaron la confianza en el Grupo de Expertos y recordó que la exigencia al presidente Enrique Peña Nieto fue que todo lo que se hiciera con respecto a la investigación tendría que pasar por el visto bueno de ellos.
En ese sentido dijo que si los expertos decidieron que los acuerdos firmados son buenos, “pues para nosotros también son buenos”.
De la Cruz dijo que con el nuevo rumbo que toma la investigación, los padres esperan que vaya encaminándose a conocerse la verdad, “y llegar hasta donde sea posible”.
Añadió que desean que en cuando el grupo de expertos dé otro informe a los padres “ya sepamos dónde están los jóvenes”.
De la negativa del Gobierno federal para que declaren los militares que estuvieron la noche del 26 y la madrugada del 27 en Iguala, dijo que los expertos y los padres “vamos a seguir por el mismo camino hasta que tengan que declarar los militares, como debe de ser, porque creemos que como mexicanos ellos tienen la obligación de formar parte de la investigación y el esclarecimiento de la verdad”.
Añadió que mientras no declaren, queda más claro que tienen algo qué ver y que el día que ellos abran la puerta la verdad se va a saber lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.