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Pide la CIDH a EU poner fin al tratamiento que da a las familias y a los niños migrantes

DPA

Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó ayer en un informe el tratamiento que el gobierno de Estados Unidos está dando a las familias y menores no acompañados indocumentados, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica, que son detenidos en la frontera.
La CIDH presentó ayer en Washington su informe “Refugiados y migrantes en Estados Unidos: familias y niños no acompañados”.
En el informe, la Comisión pidió a Washington que ponga fin a la práctica de “detención migratoria arbitraria de familias, que se aplica automáticamente a aquellas familias en situación migratoria irregular al cruzar la frontera, para las que haya suficiente espacio en un centro de detención migratoria de familias”.
La Comisión sostuvo que la detención es “una medida desproporcionada en la mayoría de estos casos”, y que Estados Unidos debe desarrollar e implementar “inmediatamente medidas alternativas a la detención y desistir de crear más centros de detención migratoria”.
En el caso extraordinario de que la detención migratoria de una familia se considere justificada, ésta se debe llevar a cabo, según la Comisión, “en el entorno menos restrictivo posible y que mejore las condiciones de detención”. El centro de detención deberá “esforzarse por proporcionar un entorno favorable para el desarrollo de la niñez”, insistió la CIDH.
Los comisionados también pidieron a la administración Obama que proporcione abogados financiados por el Estado para los niños no acompañados y para las familias que lo requieran y que no puedan cubrir los costos.
A diferencia de lo que ocurre en un proceso criminal, en el que si el acusado no tiene dinero para pagar un abogado se le garantiza uno de oficio para que le defienda, en los procesos de inmigración en Estados Unidos no está garantizado la asistencia legal de un abogado, independientemente de la edad del inmigrante indocumentado.
También recomendó que EU “invierta más en sus cortes de inmigración -comenzando por la contratación de más jueces y apoyo administrativo judicial- a fin de que los jueces puedan tener portafolios manejables y dedicar el tiempo y enfoque necesarios a los casos ante ellos”.

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