Carlos Reyes Romero

Sólo se pide lo justo

Da pena y ofende a la sociedad, la indolencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero ante el nuevo drama que vive la familia Chavarría.
No se le pide nada fuera de la ley. Solamente que intervenga ante las autoridades federales para que se respeten las garantías constitucionales del joven Benito Gerardo Agustín Chavarría –estudiante del Tecnológico de Chilpancingo e hijo de Azucena Chavarría Barrera; que se le deje de torturar y se le regrese al estado de Guerrero; que sea presentado ante un juez y que se le siga debido proceso, para que quienes lo detuvieron, torturaron y desterraron, puedan probar los delitos que le imputan.
Supuestamente Benito Gerardo Agustín Chavarría fue detenido entre la noche del domingo 8 y la madrugada del lunes 9 de julio; unas autoridades decían que en El Ocotito, otras que en una colonia cercana a El Tomatal en la cabecera municipal de Chilpancingo. Unas afirmaban que lo detuvo la Marina, otras que la SIEDO o la PGR, unas más que la Policía Federal.
Lo cierto es que hasta la tarde-noche del 11 de julio la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el boletín de prensa No. 248, asume la responsabilidad de esta detención por cuenta de la Policía Federal, en el marco de la operación Guerrero Seguro.
Ninguna otra corporación policiaca o militar ha emitido hasta la fecha ningún comunicado al respecto; salvo la Procuraduría General de Justicia del Estado que el 12 de julio se lava las manos echándole la responsabilidad de la detención a la SIEDO, quien sabe con qué fundamento porque ni la PGR ni la SIEDO han emitido ningún comunicado al respecto.
Si nos basamos en el mandato constitucional, Benito Gerardo Agustín Chavarría es inocente “mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”, como lo marca el artículo 20 constitucional.
Contra eso precisamente es contra lo que están atentando quienes le retienen ilegalmente incomunicado, bajo tortura y sujeto a destierro al haberlo trasladado indebidamente, el pasado viernes 13, a Matamoros. Tamaulipas, desacatando el amparo concedido por un juez federal para que no le siguiera torturando ni se le sacara del estado.
En el caso de Benito Gerardo Agustín Chavarría, se están violando con el mayor descaro los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución General de la República.
Violación que se ha venido dando simultáneamente a la presentación el 10 de julio pasado, por la procuradora General de la República Marisela Morales Ibáñez, de los 168 Protocolos de Actuación que supuestamente limitan la actuación discrecional de los agentes del ministerio público federal, la policía ministerial federal y los peritos federales, así como el daño a la procuración de justicia.
Donde queda entonces la presunción de la procuradora Marisela Morales Ibáñez acerca de que: “Estos protocolos constituyen también una respuesta puntual… al cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado mexicano con organismos internacionales, en materia de Derechos Humanos y Procuración de Justicia.
El gobernador Aguirre Rivero debe hacerse cargo de que si los ciudadanos seguimos expuestos a la recurrente arbitrariedad de las corporaciones policiacas y militares que participan en el plan Guerrero Seguro, entonces estamos bien jodidos porque lo mismo nos chingan los mañosos que quienes dicen actuar en nombre de la ley.
No hay de otra, hay que traer del destierro al joven Benito Gerardo Agustín Chavarría, suspender la tortura a que se le tiene sometido, presentarle directamente ante la autoridad judicial competente, que se le procese conforme a debido juicio, y que quienes le acusan prueben los cargos que le imputan o, de no demostrarse su culpabilidad, que los tribunales lo dejen en libertad.
Los convenios suscritos con el gobierno federal son para respetar y hacer valer la ley y la justicia, no para transgredirlas.
Usted gobernador y la Procuraduría General de Justicia del Estado tienen la palabra para restablecer el imperio de la legalidad y la justicia.
Sólo se pide lo justo.