La Contraloría, a la espera de las órdenes de aprehensión contra ex funcionarios zeferinistas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Contraloría estatal espera que en breve un juez federal emita las órdenes de aprehensión en contra de algunos de los 23 ex funcionarios de la administración de Zeferino Torreblanca, que fueron inhabilitados por esa dependencia como sanción administrativa y demandados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvío de recursos federales.
Se trata de los dos primeros paquetes de revisiones financieras que la Contraloría aplicó a la administración anterior que encabezó Torreblanca Galindo, por las que sancionó a los funcionarios responsables en el mes de octubre y noviembre del 2011, al detectar desvíos financieros.
En el primer paquete de 10 ex funcionarios se encuentra el ex secretario de Finanzas, Ernesto Cabrera Morín, y ex funcionarios del DIF estatal, a quienes la Contraloría inhabilitó para ocupar cargos por 10 años al encontrar faltantes por un monto de aproximadamente 100 millones de pesos.
En el segundo paquete de 13 ex funcionarios que fueron sancionados por desvíos de aproximadamente 26 millones de pesos, se encuentran los ex directores de la Comisión de Infraestructura Carretera del Estado de Guerrero (CICAEG), Francisco Ortiz Adame, y de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Guillermo Térán Flores, mismos que fueron inhabilitados y aparte sancionados económicamente con más de 16 mil salarios mínimos, que corresponden hasta tres tantos del perjuicio causado al erario público.
Ayer, el contralor estatal, Julio César Hernández Martínez, entrevistado después de una reunión con el presidente municipal electo Mario Moreno Arcos, informó que derivado de las 23 denuncias que presentó la Contraloría en la PGR en contra de los 23 ex servidores públicos de la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, por lo pronto no pueden ocupar cargos  públicos.
Pero además dijo que las denuncias que presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR, se siguen perfeccionando los procedimientos penales, y “van avanzando con pasos firmes y yo espero que pronto el juez federal respectivo obsequie las órdenes de aprehensión por la presunta comisión de los delitos que nosotros denunciamos”.
Agregó que hay otro grupo de servidores públicos a los que la Contraloría inició procedimientos administrativos, “a algunos ya los sancionamos pero los vamos a dar a conocer en el mes de agosto o septiembre, ya cuando tengamos un mayor número de procedimientos administrativos concluidos y tengamos un paquete más amplio”.
Agregó que de este nuevo paquete la Contraloría también va a presentar la denuncia respectiva ante la PGR y ante la Procuraduría de Justicia del estado; en la primera por irregularidades en el manejo de recursos federales y en la segunda por recursos locales.
“Faltan varios procedimientos administrativos por concluir, estamos en la etapa de comparecencias y en la de ofrecimiento y desahogo de pruebas”, dijo.
Informó que en este paquete están ex servidores públicos de dependencias como la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), la Secretaría de Salud y Educación; el Colegio de Bachilleres, Conalep, Instituto Guerrerense de la Cultura y el Fideicomiso Acapulco.
Hernández Martínez, quien también había anunciado que la Contraloría estatal presentaría demandas penales ante la PGR y ante el SAT por enriquecimiento ilícito en contra de varios funcionarios de la administración de Zeferino Torreblanca, volvió a decir ayer que en este caso “sigue trabajando en el tema” y justificó que todavía no ha procedido “porque este es un trabajo complejo”.