Abre Gobernación mesa por Ley de víctimas; legisladores amenazan con juicio político

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, instalará esta semana una mesa de trabajo con legisladores y organizaciones de la sociedad civil sobre la Ley General de Víctimas, anunció el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
“Lo que necesitamos es instalar grupos de trabajo, entonces yo he tenido ya comunicación con algunos legisladores, con algunos de los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, insistiremos en ello para instalar esta misma semana una mesa de trabajo.
“Y para poder definir el contenido de la agenda sobre las observaciones que ya se han vertido, sobre los distintos proyectos que hay en la materia, para poder contar con una ley lo antes posible”, expresó en conferencia de prensa.
Sin embargo, la posibilidad de que la norma se publique en el Diario Oficial de la Federación, como lo demandan la Comisión Permanente del Congreso y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, se ve lejana.
Poiré insistió en que el Ejecutivo federal remitió las observaciones a la Ley General de Víctimas en tiempo y forma, por lo que, a su consideración, el escrito debió turnarse a comisiones para su revisión y eventual dictaminación.
Asimismo, el secretario aclaró que la Comisión Permanente no tiene atribuciones formales para “desechar” las observaciones, como lo hizo el pasado 11 de julio, sino que la competencia es, en su caso, de los Plenos de las Cámaras de Diputados y Senadores.
“El plazo para presentar observaciones vencía el 1 de julio y en ese día se hizo entrega de las observaciones, es decir, estamos en toda claridad dentro del plazo que marca la Constitución para hacer las observaciones. ¿Qué implicación tiene esto?
“Que formalmente, conforme a la Constitución, quienes tienen la atribución de desechar las observaciones son los Plenos de ambas Cámaras del Congreso, es decir, superar las observaciones del Ejecutivo por dos terceras partes de la votación, ese debiera ser el procedimiento”, expuso.
Poiré reiteró que en los términos que se aprobó en el Congreso, la Ley General de Víctimas carece del debido sustento constitucional en materia de reparación del daño, por lo que se requiere una reforma al artículo 73 de la Carta Magna para subsanar el tema.
Independientemente de la instalación de la mesa de trabajo, afirmó, el Ejecutivo federal sigue analizando la viabilidad de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte, que frenaría la publicación de la ley.
“¿Qué es lo importante? Más allá de si hay una controversia o no, lo importante es tener una buena ley, lo importante es impedir que con la publicación de la ley hagamos sufrir más a las víctimas del delito, que tengan que ir a distintas ventanillas para la atención a sus necesidades, que pierdan la atención de Províctima.
“Tenemos que impedir que eso ocurra, tenemos que impedir que como resultado de la publicación de la ley, que tiene un muy buen propósito, las víctimas del delito se enfrenten con que algún gobierno estatal o municipal simple y sencillamente dice: ‘híjole, yo no puedo cumplir con la ley porque esa ley no tiene sustento constitucional’, esa es la discusión de fondo”, agregó.

Actuaría Gobierno en caso HSBC: Poiré

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dijo esta mañana que si se detectan indicios de delitos cometidos en nuestro país por el banco HSBC, el gobierno federal actuará en consecuencia.
En conferencia, indicó que corresponderá a las autoridades ministeriales y de inteligencia financiera evaluar el contenido del informe del Senado de Estados Unidos, en el que se acusa a la institución bancaria de tolerar por años el lavado de miles de millones de dólares del narco.
“No conozco el contenido específico (del informe), conozco sólo los reportes mediáticos de este reporte ante el comité del Senado estadounidense, pero evidentemente que corresponde a las autoridades ministeriales o de inteligencia financiera de combate al lavado de dinero el evaluar la información ahí vertida.
“Y, en su caso, por supuesto, actuar en consecuencia”, señaló Poiré en referencia al informe del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de EU que señala a HSBC de permitir, contra normas mexicanas, la apertura en 2008 de casi 50 mil cuentas en dólares en las Islas Caimán.
El secretario, de hecho, no descartó que ya hubiera investigaciones abiertas en México relacionadas con este caso que se ventiló ayer en EU e implica el manejo de unos 2 mil 100 millones de dólares, según el informe de 340 páginas.
“Evidentemente que si existen indicios sobre la comisión de delitos que se deriven de este reporte y que, pues pudiera ser que ya hay investigaciones en curso dentro de nuestro país, le corresponderá a las autoridades competentes llevar a cabo la investigaciones y en su caso informar al respecto desde luego”, señaló.
En otro tema, y a tono con la postura de la Cancillería, Poiré reiteró el rechazo del gobierno de México al informe que dio a conocer la comisión de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos en el sentido de que la estrategia anticrimen del presidente Felipe Calderón, centrada en la captura de capos y en el uso de los militares, parece ser ineficaz.
“Sí trabajamos de manera muy sistemática con el gobierno de los Estados Unidos y precisamente por eso nos llama mucho la atención que un grupo parlamentario del Congreso de los Estados Unidos, de manera unilateral, presente un informe que con toda franqueza, ya lo hemos dicho, no tiene sustento en los hechos y por eso lo rechazamos categóricamente”, apuntó.

Si el gobierno federal no acata incurrirá en desacato

Ante la negativa del gobierno federal de publicar la Ley General de Víctimas, legisladores del PRI y del PRD analizan un procedimiento de juicio político contra el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, propuesta que será discutida este miércoles en la Junta de Coordinación Política.
El diputado priista Humberto Benítez Treviño advirtió que el Ejecutivo está obligado a acatar el mandato del presidente del Senado, José González Morfín, para publicar la Ley, incluso como procedimiento previo a la controversia constitucional que analiza.
“Le recuerdo al Secretario de Gobernación que él es sujeto de juicio político en términos del Artículo 110 constitucional… Si no acata la decisión del presidente del Senado va a incurrir en responsabilidad política”, dijo Benítez, quien recordó que las sanciones podrían ser la destitución e inhabilitación del funcionario.
El senador perredista Leonel Godoy, también consideró que al no publicar la Ley, el Ejecutivo ya está en desacato porque la orden del presidente de Senado se emitió desde el 29 de junio.
“Ya estamos a 17 de julio, obviamente ha transcurrido tiempo más que prudente… lo que hay que revisar es quién incurre en el desacato, si el titular del Ejecutivo o el Secretario de Gobernación o el director del periódico oficial”, dijo Godoy.
Poiré afirmó que la Comisión Permanente no tiene atribuciones para desechar las observaciones, y que eso sólo es competencia de los plenos de las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que seguirá analizando la pertinencia de una controversia constitucional ante la Suprema Corte para frenar la publicación de la ley.