Hasta Zeferino Torreblanca “pudiera” ser inhabilitado, advierte el contralor del estado

Fernando Hernández

Iguala

La Contraloría General del Estado (CGE) dio inicio a 30 procesos administrativos contra ex funcionarios del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, en los que se investigarán desvíos de recursos públicos.
Lo anterior lo informó Julio César Hernández Martínez ayer en una conferencia de prensa en el restaurante Los Laureles, donde también se reunió con el alcalde electo José Luis Abarca Velázquez.
El encuentro entre el funcionario y el alcalde electo se inserta entre las visitas que está haciendo la CGE a las nuevas autoridades de los municipios de Guerrero.
El pasado lunes en una conferencia de prensa en Chilpancingo, Hernández Martínez había dicho que 23 colaboradores de Torreblanca Galindo había sido inhabilitados para ocupar cargos públicos y de elección popular, después de que se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado y la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer dijo que “les quiero comentar que ya sancionamos a algunos ex servidores públicos, iniciamos más de 30 procesos administrativos, esta información concreta la voy a dar a conocer cuando tengamos concluidos los procesos administrativos”.
–¿Es posible que en el desarrollo de los proceso administrativos se pudiera inhabilitar al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo? –se le preguntó.
–Pudiera, pudiera –dijo, e hizo una pausa–, la administración pública estatal es muy amplia y estamos haciendo lo propio. Siempre he declarado que sancionaremos y denunciaremos cuando tengamos los elementos.
Hernández Martínez mencionó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero le ha encargado que observe “la situación en la que se encuentran las corporaciones (policías) municipales, y vamos a revisar todos los aspectos de la administración municipal” en los procesos de entrega recepción.
–¿Se aprovechará el proceso de entrega-recepción para hacer un nuevo proceso de fiscalización e incluso fincar responsabilidades?
–El proceso de entrega-recepción es el proceso en el cual se verifican los inventarios que tiene la administración municipal y es independiente a las revisiones que hagamos en la fiscalización de los servicios públicos –acotó.
“El señor presidente municipal –José Luis Abarca– va a tener la posibilidad de revisar qué es lo que se les está entregando y él podrá, independientemente del trabajo que nos compete a los órganos de fiscalización, hacer lo propio y señalar las irregularidades administrativas que él detecte, y si él lo considera podría hacer la denuncia ante los órganos de procuración de justicia”, como la PGJ y la PGR.