En reunión con Inés Fernández anuncia el gobierno 46 millones para 40 comunidades de Ayutla

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

De nuevo sin propuestas concretas, autoridades del gobierno federal, del gobierno del estado y el presidente municipal de Ayutla, se reunieron con la indígena violada por los militares, Inés Fernández Ortega, y dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), en la que trataron el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Aunque en esta ocasión ya definieron una inversión de 46 millones de pesos para el plan de acciones inmediatas, que beneficiarán a 40 comunidades de la región.
La reunión se realizó en las instalaciones de la organización indígena en Ayutla, y asistieron por parte del gobierno federal representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación; por parte del gobierno estatal, el asesor en materia de políticas públicas, Héctor Manuel Popoca Boone; así como el presidente municipal Armando García Rendón.
Mientras que por parte de la OPIM, acudieron Inés Fernández Ortega; la presidenta, Obtilia Eugenio Manuel; el secretario, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, y los comisarios de las comunidades que se verán beneficiadas con el plan de acciones inmediatas.
Vía telefónica, Ramírez Rodríguez informó que en la reunión la dirigencia de la OPIM reprochó a los funcionarios federales, estatales y municipales la falta de cumplimiento a la sentencia de la Coidh y al plan de acciones inmediatas que firmó el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el 6 de marzo pasado, después del acto público en el que el gobierno federal pidió disculpas a la indígena violada por los militares.
Informó que en este sentido los miembros de la comisión que acudieron a la reunión en la cabecera municipal, pidieron disculpas por la información que envió el gobierno del estado a través de un pie de fotografía, en el que informa de la inversión de 56 millones de pesos, pues reconocieron que no es real.
Con respecto al cumplimiento de los puntos de la sentencia, el dirigente de la OPIM informó que los miembros de dicha comisión plantearon la propuesta a Inés Fernández, para que escoja los servicios de salud a través del Seguro Popular o del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Mientras que, en cuanto a las becas, les informaron que el gobierno federal trabaja en la creación de un fideicomiso para cumplir con los compromisos de todas las sentencias emitidas por la Coidh y que en éste se va a incluir el caso de Inés Fernández, para que sus hijos puedan obtener una beca hasta que concluyan con sus estudios profesionales.
Asimismo, con respecto al plan de acciones inmediatas, los funcionarios informaron que se van a destinar un total de 46 millones de pesos; 36 aportados por el gobierno federal, seis por el gobierno del estado y cuatro por el municipio para la realización de las acciones de desarrollo, que beneficiarán a 40 municipios de la región.
Entre estas acciones se consideran caravanas de salud, la ejecución del programa de piso firme, mejoramiento de vivienda, proyectos productivos, el programa de eficiencia alimentaria, capacitación a parteras y empleo temporal.
Sin embargo, dijo que todas estas propuestas se van a volver tratar con más amplitud en una nueva reunión que fue convocada para el 24 de julio, por lo que Ramírez Rodríguez insistió que por ahora, todo sigue igual, sin un cumplimiento cabal ni de la sentencia de la Coidh, como tampoco del plan de acciones inmediatas que firmó el secretario de Gobernación y el gobernador.