Es un mensaje de intimidación el allanamiento de la oficina de la Comisión de la Verdad, consideran ONG

Luis Daniel Nava

Chilapa

El allanamiento a las oficinas de la Comisión de la Verdad en Acapulco y el desdén político para garantizarles financiamiento, son mensajes de intimidación para que no profundicen en las investigaciones sobre los responsables de una etapa negra en la historia de Guerrero, consideró Javier Monroy Hernández, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).
Mientras que Manuel Olivares, director del también organismo no gubernamental (ONG) Centro de Derechos Humanos José María Morelos, opinó que los poderes fácticos, el mismo gobierno del estado o Los Figueroa son los que están interesados en que esa Comisión no haga realmente un trabajo de investigación.
Integrantes de la Comisión de la Verdad, denunciaron que el lunes hombres armados vestidos con uniforme de la Policía Federal allanaron sus oficinas en Acapulco; además de que anteriormente dieron a conocer que el gobierno del estado les ha retenido dinero aprobado por el Congreso local.
Javier Monroy, de Tadeco, argumentó que la exigencia de esclarecer la guerra sucia afecta muchos intereses de personas y grupos que están ubicados en distintos espacios de poder.
“La comisión tiene el reto de esclarecer una etapa negra de la historia y pone en riesgo a personajes que aún están activos en la política y es un mensaje, una intimidación para que la Comisión de la Verdad no profundice, no transcienda en la búsqueda de la verdad”.
Dijo que otras de las dificultades es que no todos los personajes de la clase política la ven con agrado, especialmente en Guerrero, y que se manifiesta en cierto desdén para garantizarles el financiamiento.
Agregó que las instalaciones de los integrantes de la Comisión de la Verdad son  modestas, sin condiciones ni seguridad para preservar en buenas condiciones los archivos que se empiezan a integrar.
“Van sobre expedientes, sobre información importante, es una intimidación, es un mensaje de quédense por las ramas y también de que algo están buscando”, dijo y se solidarizó con los integrantes de ese órgano por su esfuerzo importante que están haciendo.
Por su parte, Manuel Olivares lamentó que tan pronto están iniciando sus trabajos los integrantes de la Comisión ya existan este tipo de intimidaciones.
“(Eso) nos indica que existen poderes fácticos o directamente del gobierno, que no están interesados en que realmente se haga un trabajo de investigación de los hechos y responsables de la guerra sucia”.
Dijo que es más preocupante si el allanamiento pudiera darse por instrucciones de alguna instancia de gobierno ya que esa comisión fue una propuesta impulsada por el gobernador Ángel Aguirre y aprobada por el Congreso del estado. “Sería muy contradictorio y sería una señal de que el gobierno no quiere una investigación”.
Consideró como posibles responsables a los poderes fácticos, al mismo gobierno del estado o a gente que ahora no tiene poder actividad política pero que pudo estar involucrada y tener responsabilidades.
“Hablemos de Rubén Figueroa. Los Figueroa, sabemos que tuvieron muchas responsabilidades en los cientos de desaparecidos durante la década de la guerra sucia”.
También hizo un llamado al gobierno estatal y federal para brindar todas las medidas de seguridad, no sólo para las instalaciones de la Comisión sino para quienes la conforman.