El juez, obligado a confirmar la prisión para los acusados, dicen familiares de normalistas asesinados

Redacción

Familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa asesinados el 12 de diciembre pasado, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, dijeron que el amparo de revisión concedido a los policías ministeriales encarcelados por esas muertes, podría dejar “en la impunidad” el doble crimen.
A su vez, en conjunto con el Comité Estudiantil de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Red Guerrerense de Organismos Civiles (Redgro) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijeron que acudirán ante organismos internacionales para evitar que los policías ministeriales salgan de la cárcel.
Ayer se informó en estas páginas que el juez primero de distrito en el estado otorgó un amparo a los policías ministeriales presos por el caso Ayotzinapa, Rey David Cortés Flores e Ismael Matadamas Salinas, para que el juez de primera instancia revise el caso y vuelva a emitir un auto, ya sea de formal prisión o de libertad, porque no se pudo acreditar que los acusados dispararon el 12 de diciembre.
Esta información está bajo el expediente 352/2012 en el primer juzgado de distrito.
Los ministeriales están recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, acusados de haber asesinado a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, de haber lesionado a balazos a otro joven y de abuso de autoridad.
En un comunicado, los inconformes por el amparo dicen que “externamos nuestra extrema preocupación ante la posibilidad de que queden en la impunidad los homicidios de ambos normalistas debido al reciente otorgamiento de un amparo a favor de los dos policías ministeriales acusados de dichas violaciones de derechos humanos”.
“Ayer fuimos notificados en nuestro carácter de terceros perjudicados de la concesión de dicho amparo en virtud de la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, que ordena al Juez Penal de Primera Instancia dictar un nuevo auto en el que determine la situación jurídica de los acusados respecto de su liberación o su sujeción a proceso. Lo anterior significa que el Lic. Leoncio Molina Mercado, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, deberá resolver de nueva cuenta si los dos policías ministeriales permanecen en prisión para ser juzgados o si, por el contrario, recuperan su libertad”, agrega.
En ese sentido hacen “un llamado enérgico para que la nueva resolución que dicte el Juez tome en cuenta las múltiples pruebas que obran en el expediente, mismas que son coincidentes en apuntar a la responsabilidad de ambos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) en la ejecución extrajudicial de Jorge Alexis y Gabriel. Dichas pruebas se robustecen con la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyas conclusiones quedaron establecidas en la Recomendación 1VG/2012, donde se señala que ambos normalistas fueron privados de la vida por armas disparadas en el lugar donde se encontraban los policías detenidos. Dada la importancia de esta prueba, la PGJE debe aportar al expediente dicha documental pública a través del Ministerio Público adscrito al juzgado en aras de cumplir con su obligación de investigar con debida diligencia las violaciones graves a los derechos humanos. Ante el cúmulo de pruebas existentes, el Juez está obligado a dictar un nuevo auto de formal prisión”.
“De lo contrario, quedaría comprobado que con la investigación realizada, personal de la Procuraduría habría buscado deliberadamente llevar el proceso a este punto, en el que la Justicia Federal ya constató la deficiente actuación de las autoridades guerrerenses, a efecto de consolidar la impunidad. A ello apunta el que la Procuraduría defienda públicamente a los funcionarios de esa dependencia que han sido procesados, incluso más allá de sus facultades legales, y que en contrapartida no impulse con la misma decisión el juzgamiento de los dos policías ministeriales acusados de la muerte de Jorge Alexis y Gabriel”, sostienen.
Así, expresan que los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, “destacamos que en el caso Ayotzinapa no se ha procurado justicia a cabalidad, puesto que solamente dos funcionarios públicos fueron acusados penalmente por los delitos y las violaciones graves a derechos humanos cometidas en contra de los normalistas, quedando impunes las detenciones arbitrarias y torturas cometidas en contra de varios estudiantes. Más aun, las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) han enturbiado aun más la situación, pues el Ministerio Público Federal ha acusado a funcionarios de la procuraduría guerrerense no por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los estudiantes, sino por haber liberado a los jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente, convalidando con ello la actuación irregular de los funcionarios estatales y sentando las bases para la criminalización de los estudiantes”.
Ante este panorama, continúan, y “frente al riesgo de que se consolide la impunidad y de que la situación se agrave con la criminalización de las víctimas, denunciamos nuevamente que si las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011 en perjuicio de los normalistas no son sancionadas, el Gobierno del Estado de Guerrero encabezado por Ángel Aguirre Rivero estará demostrando que protege no sólo a los violadores de derechos humanos, sino incluso al grupo que de facto mantuvo por años el control de la Procuraduría en connivencia con intereses delincuenciales. Más aun, de ser excarcelados los responsables, quedará acreditada la parcialidad de las instancias de procuración e impartición de justicia y se mantendrá en riesgo a las víctimas, sus familiares, sus defensores y testigos”.
Advierten que podría haber represalias del gobierno del estado en contra de los familiares: “ante el clima adverso que ha prevalecido durante la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011, responsabilizamos al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de cualquier acto de agresión u hostigamiento que pueda perpetrarse en contra de los familiares, los estudiantes y en contra de quienes integran las organizaciones de derechos humanos que les acompañan por exigir la sanción de los policías ministeriales responsables y, en general, por demandar justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas el 12 de diciembre”.
Finalmente, adelantan que “las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los normalistas de Ayotzinapa evidenciaron la situación de derechos humanos que enfrenta el estado. La impunidad, de prevalecer, evidenciará a posteridad la brecha entre el discurso y la práctica del presente gobierno. Por ello, los familiares de las víctimas, los normalistas y los organismos de derechos humanos en breve impulsaremos nuevas acciones para demandar justicia y acudiremos a las instancias internacionales competentes si se consolida la impunidad”.