Hay personas de otros estados involucradas en la desaparición de los ecologistas de Petatlán: PGR

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Las investigaciones respecto de las desapariciones forzadas de los dirigentes ecologistas de Petatlán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, arrojaron que hay gente de más entidades federativas involucrada, no sólo de Guerrero, informó el delegado Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero, Alejandro Muñoz Ramírez.
En entrevista, al funcionario federal se le preguntó también sobre los casos de Benito Agustín Chavarría, sobrino del presidente del Congreso del estado, Armando Chavarría Barrera, asesinado hace tres años, y dijo que no tiene “detalles”.
De la detención que se realizó el miércoles en Acapulco de siete personas, que de manera extraoficial se supo que estaban acusados de secuestro, y que terminó en una trifulca entre elementos de la Policía Federal y habitantes del puerto que intentaron su liberación, Alejandro Muñoz dijo que aún no sabía en qué sentido iba el expediente, por lo que no pudo precisar los cargos de los que se les acusa.
“Se inició la averiguación previa, nuevamente son delitos del orden federal, son personas que están puestas a disposición del orden federal y se emitirá un boletín. Por el momento no se tiene conocimiento de qué delito se está imputando”, expuso.
De lo dicho por el ex procurador de justicia del estado, Alberto López Rosas, en el sentido de que la PGR estuvo de acuerdo con la liberación de 23 detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el 12 de diciembre, en el caso Ayotzinapa, dijo que en su momento la fiscalía federal emitiría un comunicado.
Por el caso Ayotzinapa están encarcelados dos policías ministeriales, Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, acusados de haber asesinado a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
También están acusados de abuso de autoridad y de haber lesionado a balazos al estudiante Édgar David Espíritu Olmedo.
El martes, el juez primero de distrito en el estado otorgó un amparo a los policías ministeriales presos, para que el juez de primera instancia revise el caso y vuelva a emitir un auto, ya sea de formal prisión o de libertad, porque no se pudo acreditar que éstos dispararon el 12 de diciembre.
Al día siguiente, familiares de los jóvenes asesinados, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y la Red Guerrerense de Defensores de Derechos Humanos (Redgro) emitieron un comunicado en el que exigen que tras el amparo, el juez resuelva, otra vez, un auto de formal prisión.
En el caso se involucró públicamente el ex procurador de justicia del estado, Alberto López Rosas, quien acudió el miércoles pasado al penal de Chilpancingo a visitar a sus ex colaboradores, Alejandro Hernández Paz y Puente y Rocío Méndez Cruz, para informarles del amparo.
El también ex alcalde perredista de Acapulco, López Rosas, está bajo investigación de la PGR por el delito de encubrimiento y de actuar en contra de la administración de justicia, como a quienes visitó, pero, a diferencia de sus colaboradores, el proceso judicial lo enfrenta en libertad.

De los ecologistas

Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle son la coordinadora y el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y están reconocidos internacionalmente por la lucha que han encabezado en defensa de los bosques en esa región de Guerrero, y durante el año pasado denunciaron constantemente los asesinatos y amenazas contra campesinos de la sierra por parte de sicarios que habían obligado a decenas de familias  a abandonar sus comunidades y su trabajo en la sierra.
Ellos fueron detenidos el 7 de diciembre pasado, cuando hombres encapuchados y con armas largas los bajaron del autobús en que se trasladaban a la ciudad de México, cuando se dirigían a una reunión de la organización civil Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.
En el momento de su desaparición, al grupo de hombres armados encapuchados lo encabezaba el comandante de la Policía Investigadora Ministerial, Cesáreo Espinoza Palma, quien está en poder de la PGR desde el 28 de diciembre pasado.
En entrevista, el delegado de la fiscalía federal en Guerrero, Alejandro Muñoz, dijo que en cuanto al tema se emitiría un comunicado, “vamos a ver, pero tenemos una correlación con algunos otros estados y vamos a ver; (en este momento) no tenemos forma de dar adelantos, tenemos comunicación con otras entidades y en su momento lo vamos  dar a conocer, porque no depende de nosotros, estamos correlacionados con otras instancias”.
Al preguntarle en qué momento la PGR daría la información requerida, contestó, “no le podría dar una fecha exacta”.
Se le recordó que la PGR dio a conocer que estaba analizando unos restos carbonizados, que un detenido declaró el 17 de febrero que eran los de los ecologistas y la PGR dio a conocer que realizaría los peritajes, pero hasta ayer no había información al respecto.
Cuestionado, el funcionario federal dijo que “por supuesto que las investigaciones se están llevando a cabo, contamos con pruebas de antropología forense… eso daría un porcentaje bastante elevado de seguridad para saber de quién son los restos, más del 90 por ciento”.
Se le preguntó respecto de la situación jurídica del comandante de la ministerial de Tecpan de Galeana, Cesáreo Espinoza Palma, El Ganzo, quien fue detenido porque testigos oculares revelaron que encabezó al grupo armado que levantó a los ecologistas.
Al respecto excluyó a la PGR, a pesar de que el inculpado fue entregado por la PGJE la noche del 28 de diciembre, “no, de eso no tenemos marcada alguna pauta, ahí estamos trabajando con procuradurías de los estados y algunas delegaciones de la PGR”.
Las declaraciones del funcionario se dieron mientras se encontraba en el Módulo de Atención Ciudadana de la PGR que es parte de un programa federal.
Al respecto, informó que recibe de 6 a 10 personas cada jueves, que es cuando se instala el módulo al interior de la fiscalía federal.
Expuso que la mayoría de los quejosos que llegan al lugar, llevan casos del fuero común y ahí se les da la información y orientación que requieren para poder interponer una denuncia; y en cuanto a la situación de la entidad en cuando a delitos federales denunciados, dijo “Guerrero se encuentra dentro de la media nacional”.