Atenderá Asuntos Religiosos el conflicto entre católicos y evangélicos en El Capulín después de las lluvias

Misael Damián

Tsjoom Tyeneiin (Cuajinicuilapa)

El problema de intolerancia religiosa que se vive en la comunidad de El Capulín del municipio de Tlacoachistlahuaca y de Acalmani del municipio de Igualapa, se verá después de la temporada de lluvias, porque no llegan los carros hasta el lugar, informó el subsecretario de Asuntos Religiosos del gobierno del estado, Jorge González Rivero.
En mayo, habitantes católicos de El Capulín pretendían quemar las viviendas de los evangélicos, luego que éstos se negaron a cooperar para el festejo del Santo Patrono de la población; esto se supo por la denuncia que los propios evangélicos hicieron al ver que el otro grupo tenía ya almacenada la gasolina en la comisaría municipal.
El subsecretario de Asuntos Religiosos fue enviado a atender el asunto, acompañado por Cástulo García Sánchez, presidente estatal de la Unidad del Pueblo Evangélico en el Estado de Guerrero (UPEEG); Germán Herrera Clemente, delegado de Gobernación en Costa Chica; el delegado regional de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Daniel Sánchez Néstor; y el sacerdote responsable de la iglesia de religión católica de Tlacoachistlahuaca.
En aquella ocasión no pudieron resolver nada debido a que no asistió la mayoría de la población, por lo que la reunión se pospuso para el 16 de junio, fecha en la que tampoco se llevó a cabo porque no se pudo llegar debido a que las lluvias habían dañado la única carretera que conduce a la comunidad mixteca.
En entrevista, el representante regional de la Unidad del Pueblo Evangélico en el Estado de Guerrero, Ramsés Guadalupe Guillén, dijo que en Costa Chica muchos cristianos evangélicos son víctimas de intolerancia religiosa.
Aseguró que la libertad religiosa que dictan las leyes no existe en la realidad. El dirigente religioso responsabilizó –en esa ocasión– al gobierno del estado sobre los sucesos que se darían en lo posterior en la comunidad.
En entrevista este sábado, el subsecretario de Asuntos Religiosos, Jorge González, reconoció que el problema se agudiza por los usos y costumbres de las comunidades, sobre todo las indígenas, pero “no es tanto por la mala fe de la gente”; y comentó que en El Capulín, “surgió una riña, pero ya no hay ningún problema en este momento, ya hemos hablado con las dos partes”.
Informó que está por definirse una nueva fecha para que se lleve a cabo una reunión en la comunidad para limar asperezas entre los grupos religiosos.
Expuso que ante lo inaccesible que se encuentra la carretera, él había propuesto que la reunión se llevara a cabo en la cabecera municipal, sin embargo los habitantes prefirieron que sea en su comunidad aunque sea después de la temporada de lluvias, “porque ahora no hay condiciones”, reiteró.
En las comunidades en mención, los miembros de la Iglesia católica, por ser mayoría, tratan de someter a sus usos y costumbres a los miembros de la Iglesia evangélica; al negarse, los católicos optan por tomar medidas drásticas, incluso expulsarlos de la comunidad, como está sucediendo en El Capulín, donde los pobladores están pidiendo a los evangélicos que compren un terreno aparte y funden otra comunidad para que se rijan de acuerdo con lo que les dicta su religión, señaló Ramsés Guadalupe Guillén.
En El Capulín, hace unos meses se agudizó el problema, porque los católicos nombraron mayordomo para la fiesta de un santo al responsable de la Iglesia evangelista, Agustín Comonfort Vivar, y estuvieron a punto de golpearlo porque se negó, aunque no pasó a mayores, Ramsés Guadalupe Guillén, expresó su temor de que se repita con otro de los evangélicos.
La comunidad de El Capulín se encuentra aproximadamente a 45 kilómetros de la ciudad de Ometepec y cuenta con cerca de 800 habitantes, de éstos cerca de 40 pertenecen a la Iglesia evangélica; mientras que Acalmani está a unos 25 kilómetros de Ometepec y cuenta con dos iglesias evangélicas con 36 miembros cada una.
Ramsés Guadalupe, quien es abogado, dijo que es necesario legislar en materia religiosa en el Congreso del Estado, para que lo que se denomina como intolerancia religiosa, pase a ser un delito y en consecuencia tenga un castigo correspondiente, “que se tipifique como un delito, y haya una fiscalía especializada para atender estos casos”.
Hizo hincapié que la intolerancia religiosa se da en las comunidades porque los habitantes saben que no serán castigados ante las instancias correspondientes, señaló en esa ocasión.