Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Peña Nieto atrapado

Las acusaciones contra el PRI por sus presuntos actos fraudulentos “ofenden la dignidad de los mexicanos que votaron en libertad”, dijo ayer el presidente de ese partido, Pedro Joaquín Coldwell. Es la misma prédica “institucionalista” de la ejemplaridad de las elecciones del 1 de julio, que intenta confundir y poner las cosas al revés: los agraviados son los ofensores, y los responsables del agravio los ofendidos.
Aquellos que defienden esa postura han optado por cerrar los ojos e ignorar tanto los recursos legales interpuestos por la coalición Movimiento Progresista como la creciente acumulación de indicios y datos firmes que sugieren la existencia de una astuta y soterrada operación financiera para torcer el destino de la votación a favor del priísta Enrique Peña Nieto.
Es probable que los datos más recientes difundidos por unos cuantos medios –que en la tarea de investigar y dar a conocer  han rebasado al IFE y la Fepade– no prueben automáticamente la compra de votos, pero exhiben de una forma incontrovertible el entramado oculto en el que el PRI sustentó su ingeniería electoral. A partir de esos datos, se ha pasado de la sospecha a la certeza de que el PRI realizó acciones encubiertas e ilegales que le permitieron obtener el triunfo en la disputa presidencial.
Si quien haya seguido el flujo de información sobre la plataforma financiera subterránea del PRI cree necesitar un mapa para comprender el tema de las empresas descubiertas como participantes en esa trama, no es porque su capacidad de entendimiento se haya reducido: es porque todo fue enredado con el propósito de enturbiar los rastros, desaparecer las pistas y romper los vínculos que condujeran al PRI o a Peña Nieto, exactamente como suelen proceder las manos criminales. Y sin embargo, todo va a dar al PRI.
Empujado por la presión de las pruebas presentadas por la coalición Movimiento Progresista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sustentar su reclamo de invalidar la elección presidencial, Jesús Murillo Karam, el ex gobernador y senador hidalguense encargado de la defensa jurídica del triunfo de Peña Nieto, tuvo que reconocer el jueves pasado que el PRI sí firmó un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad para la compra de 7 mil 851 tarjetas de prepago por la suma de 66 millones 326 mil 300 pesos. Dijo que ese dinero fue para pagar al personal del PRI, no para gastos de la campaña de su candidato presidencial. Alkino Servicios y Calidad, a su vez, compró a Banca Monex las tarjetas, es decir, le transfirió el dinero.
Banca Monex es la empresa clave para desenredar las maniobras del PRI. Denunciada el 26 de junio por el PAN ante el IFE por la sospecha de estar involucrada en acciones de compra de votos, la institución encargada de organizar las elecciones desestimó esa alerta y no hizo nada cobijado en su interpretación de la ley. El PRI había negado desde entonces toda relación con esta empresa, hasta que Murillo Karam reconoció la existencia del contrato por 66 millones de pesos. Lo hizo porque el nombre de la empresa estaba incluido en el escrito de inconformidad de la coalición que respaldó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
Pero de acuerdo con los datos, ese no es el único contrato empleado por el PRI para disfrazar el flujo ilegal de dinero hacia la campaña de Peña Nieto, incluso dinero de procedencia ilícita como sostiene la coalición Movimiento Progresista. Aparecen en la impugnación de la coalición, y las referencias han sido comprobadas por las investigaciones periodísticas, los nombres de varias empresas que de la misma manera y con el mismo objetivo entregaron dinero a Monex: Importadora y Comercializadora Efra, Grupo Comercial Inizzio, Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguán y Rodrigo Fernández Noriega como persona física. El monto del dinero depositado en Monex por todas estas empresas sería de casi 400 millones de pesos. Todas están vinculadas con el PRI y manifiestan irregularidades como el hecho de reportar domicilios falsos o tener dueños formales inverosímiles, lo que sugiere un montaje desde el principio.
Para el PRI, “la demanda de juicio de inconformidad se basa en la exposición de afirmaciones por demás subjetivas y generales que, fuera de estar basadas en razonamientos lógico-jurídicos, atienden a construcciones retóricas poco serias que, por su naturaleza, no son útiles para deducir las consecuencias jurídicas que pretende la parte actora”, según dice en la defensa que presentó también al Trife. Sostiene que el reclamo de invalidación de los comicios “parte de premisas falsas, indebidas apreciaciones de los hechos, equivocadas interpretaciones de los preceptos legales, todo lo cual pretende dar soporte a sus impertinentes conclusiones, además de que omite vincular, o lo hace de manera desacertada, sus supuestos agravios con las pruebas aportadas, las que, en todo caso, no son aptas para demostrar los hechos afirmados”.
Pese a la evidente gravedad de las acusaciones hechas por la coalición Movimiento Progresista, el IFE ofreció una respuesta pública indigna, pues asumió que las pruebas entregadas no demuestran que las tarjetas de Monex hayan sido utilizadas para la compra de votos. “No existe la certeza de que efectivamente las mismas hubieran sido recibidas por los medios que ellos refieren y su simple existencia no revela tampoco que su entrega haya sido condicionada, bajo qué supuesto y menos aún que contuviera dinero”, afirma en el documento con el cual entregó al Trife la queja. “No ha sido comprobado y no puede hacer prueba plena que el otorgamiento de las tarjetas de ‘beneficios’ hayan sido con el objeto de presionar o coaccionar a los electores a emitir su voto a favor de determinada coalición y con ello se acredite la vulneración del derecho del voto libre”, sostiene.
La coalición lopezobradorista advierte que los fondos entregados a Monex “son recursos que podrían provenir del peculado –de la desviación de los recursos públicos estatales para fines electorales que están prohibidos en la ley– o del crimen organizado”, lo que al IFE no parece importarle en absoluto. Tan no le importa al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que sin reparar en su mimetización con el PRI declaró en Puerto Vallarta el viernes pasado que “nosotros no compartimos los argumentos que pretenden mostrar la falta de responsabilidad del IFE, no se puede demostrar, todo lo contrario, nosotros hicimos nuestro trabajo con responsabilidad, con apego a la ley, no omitimos el ejercicio de ninguna de nuestras facultades. Me parecen que son más bien algunas mentes con imaginación quienes hacen estos planteamientos, porque en términos jurídicos no se ha demostrado ninguna conducta con este tipo de prácticas, quien tenga pruebas que las presente”. (Reforma, 21 de julio de 2012).
El razonamiento del PRI, del IFE y de los impostados defensores de la “institucionalidad” es que mancilla la honorabilidad de las instituciones el hecho de denunciar los delitos, no el delito mismo, que les tiene sin cuidado. Con esa irresponsable política del avestruz se ha llenado la historia nacional de expedientes inconclusos y dolorosos traumas sin resolver. Es previsible, por ello, que sin mayor deliberación el Trife decida desechar la impugnación de la coalición Movimiento Progresista. Para justificar esa resolución se ha intensificado una campaña de descalificación que busca crear un clima de opinión pública desfavorable a la izquierda inconforme. Será una cruda prueba de que el país volvió al pasado y el principio de otra crisis.

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