Piden justicia organismos sociales para dos jóvenes atropellados por una patrulla en Quechultenango

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos de derechos humanos, reclamaron justicia para los jóvenes María Guadalupe Calvario González, de 13 años, y Osvaldo Montiel Estrada, de 15 años, quienes el 30 de abril pasado fueron arrollados por una patrulla de la Policía Municipal de Quechultenango, en esa cabecera municipal, y luego fueron demandados por las autoridades municipales, acusados del delito de daño al vehículo oficial.
Asimismo, el Ayuntamiento se niega a cubrir los gastos que han erogado los padres por la atención médica y que rebasan los 200 mil pesos.
La representante de la agrupación Raíz Zubia, Susana Oviedo Bautista, y la integrante de Camino con Alas y de La Madeja, Eva García Estrada, ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron la impunidad que prevalece en el caso y el drama por el que han tenido que pasar los padres de los dos jóvenes, pues ahora han tenido que recibir, incluso, amenazas de extorsión por parte de bandas delincuenciales al enterarse por una conferencia de prensa anterior, de la cantidad que pagaron por la atención médica de sus hijos.
Las representantes de los tres organismos denunciaron que, mientras tanto, las instituciones gubernamentales “hacen caso omiso” a los reclamos de justicia de los padres, ante las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los dos adolescentes.
Los jóvenes Montiel Estrada y Calvario González fueron atropellados el 30 de abril en Quechultenango, por una patrulla en la que viajaban policías municipales de ese lugar. Ambos resultaron con las piernas fracturadas.
A pesar de que Tránsito estatal resolvió que la responsabilidad del accidente fue de quien conducía la patrulla, puesto que ésta desembocó de una calle de baja velocidad a la avenida principal por donde circulaban los jóvenes a bordo de una motocicleta, el Ayuntamiento presentó una demanda “por daños” a la patrulla en contra de los lesionados y éstos, aun hospitalizados, fueron mantenidos en calidad de detenidos y actualmente se encuentran en “libertad vigilada”.
Además, las autoridades municipales que preside el alcalde Leonel Ángel Nava reclamaban el pago de 3 mil pesos ocasionados en el accidente a la patrulla municipal, y se niega a pagar los más de 200 mil pesos que han cubierto los padres de los jóvenes por la atención médica, así como los 6 mil pesos de daños a la motocicleta que fue arrollada por la patrulla.
Susana Oviedo Bautista dijo que los padres de los jóvenes lesionados son campesinos que viven de la producción de jitomate y del maíz, por lo que a partir del 30 de abril “la vida les ha cambiado, tuvieron que pedir prestado y movilizar a familiares y amigos para la operación de los adolescentes que ascendió a más de 200 mil pesos”.
También dijo que como consecuencia de las secuelas del accidente, dentro de un año volverán a operar a Guadalupe y, en dos a Osvaldo, con un costo similar al que ya han gastado los padres de los dos jóvenes.
Recordaron que ante esta situación, el 28 de mayo, los organismos y los familiares de los lesionados le pidieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero su intervención para que los elementos policiacos involucrados y la autoridad municipal, “responsan ante los hechos”, pero informaron que en respuesta, la directora de Atención Ciudadana, Concepción Vargas Vargas, les recomendó que acudieran a la Agencia del Ministerio Público de Quechultenango a presentar la denuncia del caso, cuando los familiares acudieron a presentarla inmediatamente después del accidente, pero les negaron el derecho, aunque sí recibieron sin contratiempos la denuncia del Ayunatamiento en contra de los jóvenes.
Agregó que “ante tanta indolencia, negligencia, burocratismo e indiferencia de las autoridades municipales y estatales los familiares, decidieron acudir ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), organismo que se encuentra realizando la investigación del caso.
Las dos defensoras de derechos humanos que ayer ofrecieron la conferencia de prensa en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, demandaron a nombre de los familiares, nuevamente la intervención del gobierno del estado para que el Ayuntamiento de Quechultenango cubra la reparación del daño, puesto que hasta ahora por la presión de los organismos y los familiares que han acudido ante los medios de comunicación, el presidente municipal Leonel Ángel Nava ha llegado a ofrecerles 50 mil pesos como pago total, “pero con mucha prepotencia, diciendo que de todos modos ellos ya se van del Ayuntamiento y que le hicieran como quisieran, no se va a resolver nada”, denunció Susana Oviedo.
Dijo finalmente que los familiares de las víctimas también se encuentran en riesgo, debido a que integrantes de las bandas de la delincuencia, a partir de que se dieron cuenta de cuánto pagaron por la atención médica de sus hijos, han llegado a pretender extorsionarlos mediante llamadas telefónicas, cuando en realidad son muy pobres y lograron pagar con prestamos y la ayuda de sus familiares y amigos, dijo.