Denuncia la madre del ex subprocurador Hernández irregularidades en su detención

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La madre del ex subprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente, preso por el caso Ayotzinapa, Lilia Paz y Puente López, denunció irregularidades en la encarcelación de su hijo y convocó a una marcha y protesta para este jueves a las 11 de la mañana, que partirá del zócalo a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La señora Paz y Puente pidió a los representantes de los medios de comunicación que asistieran, pues teme que algo pueda suceder durante la marcha o en la protesta, “tal vez me agarren, me fabriquen algún delito y me metan a la cárcel”.
Ayer, en conferencia de prensa, dijo que su hijo como subprocurador de Control Regional de la PGJE, nunca firmó un solo documento en el que permitiera la liberación de los 23 estudiantes de Ayotzinapa que fueron detenidos el 12 de diciembre pasado.
Ese día, los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos protestaban en la Autopista del Sol para exigir mejoras educativas como la rehabilitación de sus instalaciones, alimentos para su comedor y plazas de maestros automáticas para los egresados.
En respuesta fueron desalojados con armas de fuego por elementos de las policías federal, estatal y ministerial del estado, acción en la cual murieron por heridas de bala los jóvenes Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino.
En la misma acción fueron detenidas 23 personas, la mayoría normalistas, algunos transeúntes y un reportero, pero en una actitud política, dada la presión de la opinión pública nacional que repudió la violencia policiaca, el gobernador Ángel Aguire ordenó a la PGJE que en ese entonces encabezaba el perredista Alberto López Rosas, que los liberara.
En medio del enfrentamiento político en torno a cual policía, si la federal o la estatal era la responsable de las muertes de los normalistas, la PGR levantó cargos contra Hernández Paz y Puente, el subprocurador César de los Santos, el procurador López Rosas y otros funcionarios de la dependencia, por el delito de actuación en contra de la administración de justicia.
Durante la conferencia, la señora Lilia Paz y Puente calificó como irregularidades que se le acusó por un delito federal cuando era funcionario del estado de Guerrero, y al darse cuenta de su error la PGR retiró los cargos pero se le acusó por lo mismo en la fiscalía local.
“El ministerio Público Federal aseveró que mi hijo estaba amparado por el delito que le imputó la PGR, pero no estaba liberado, estaba en proceso, dijeron que fue beneficiado por un recurso de apelación, pero mi hijo nunca apeló”, agregó.
El juez primero de distrito Jorge Arturo Porras Gutiérrez consideró que ganó el amparo y por eso le dictaron una nueva orden de aprehensión, por lo que volvió a ser detenido, justo en el momento en que la PGR lo liberó, explicó.
Además, agregó, ambos delitos no pueden coexistir y como ya estaba procesado por ese delito en la PGR, no se le podía juzgar por lo mismo en la PGJE, lo que sucedió.
Así, calificó como “una aberración legal que sólo es sostenida por motivos políticos”, pero evitó hacer algún señalamiento directo.
Llamó al gobernador Ángel Aguirre Rivero a que intervenga para que se evite “la actitud ilegal que en contra de mi hijo se está cometiendo y llamó al magistrado José Luis Arroyo Alcántar, titular del primer tribunal unitario del 21 circuito de Chilpancingo, para que al momento de resolver las interpelaciones ponga un alto a estas arbitrariedades, que pare el abuso”.