Humberto Musacchio

El TEPJF y el rutinarismo codiguero

Es una mala broma la demanda del PRI contra el Movimiento Progresista por manejar recursos triangulados, financiamiento ilegal y “violación de los topes de campaña”. Suena ridículo si consideramos la modestia con se movía el candidato perredista, viajando en líneas aéreas comerciales y en clase turista, mientras Enrique Peña Nieto tenía a su disposición una flota de jets y helicópteros, pese a que el alquiler de cada uno de esos aparatos puede ascender a miles de dólares la hora.
Es, otra vez, el ladrón que grita “¡Al ladrón!”, pues de esa manera pretende distraer a la gente para que se olvide de sus tropelías o, por lo menos, considere que el PRI, como es público y notorio, hizo un ofensivo derroche de dinero, pero también –nos quieren decir– que la izquierda gastó de más, aunque sus presuntos excesos sean ínfima morralla frente al tiradero de billetes del tricolor.
Pero los priistas pueden estar tranquilos. La investigación que por ley debe realizar el IFE no estará lista antes de enero, y el TEPJF deberá dictaminar la elección a más tardar el 6 de septiembre. De modo que si cubre con sus bendiciones al señor Peña Nieto, para enero ya estará cómodamente instalado en Los Pinos y protegido por el Estado Mayor.
Pese a todo, hay nerviosismo entre algunos dirigentes priistas. Los más perspicaces saben que la protesta ya no es sólo de la izquierda ni de los seguidores de López Obrador. Ahora, los beneficiarios de la elección comprada se enfrentan a un fuerza que no saben cómo afrontar: los muchachos del movimiento #YoSoy132.
El PRI, históricamente, ha sido incapaz de darle salidas democráticas a los movimientos sociales, especialmente a los juveniles. Invariablemente, los gobernantes que pertenecen a ese partido han tratado de corromper líderes, muchas veces con éxito, y cuando fallan en ese propósito, simplemente recurren a las macanas, a la persecución, la cárcel o la muerte.
Sin embargo, los movimientos sociales también realizan su aprendizaje. Ahora no hay líderes visibles y el soborno no funciona. Cuando mucho, los priistas inventan seudolíderes desconocidos hasta en su casa, pagan plumas venales, abren sitios de internet que se hacen pasar por voceros del movimiento o, en la más pura tradición priista, asestan golpizas a los chamacos del #YoSoy132. Tal es la vileza a la que fácilmente llega esa maldición de la democracia que conocemos como Partido Revolucionario Institucional.
Para su fortuna, el PRI cuenta con la simpatía abierta del IFE, que ante una denuncia de compra y coacción del voto que le fue presentada el 8 de febrero, ese organismo se tardó ¡tres meses y medio en responder! Tres meses y medio para que la respuesta fuera que investigar correspondía a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, y se lavó las manos, pese a que hay una declaración del 3 de junio de la consejera María Marbán Laborde en la que señala que el PRI estaba gastando demasiado dinero. Esto es, que el Consejo General del IFE conoce los delitos en que incurre el PRI, pero prefiere guardar un piadoso silencio.
Por supuesto, ese sopor interesado domina también a los integrantes del Tribunal Electoral, empeñados en esterilizar el derecho, ensimismados en su rutinarismo codiguero. Los señores magistrados, ante la descarada compra y coacción del voto, declaran que en su decisión “no influirán las marchas ni las manifestaciones”. De la misma manera, muy bien podrían haber agregado que si la realidad está equivocada, pues peor para la realidad. Y que arda México.