Castiga la CNDH al gobierno del estado por el caso Ayotzinapa, se queja la procuradora

Daniel Velázquez

La procuradora Martha Elva Garzón Bernal dijo que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al asesinato de los dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ha estado “muy dirigida y muy apretada” hacia el estado.
“Lo que sí reconozco es que no se nos está juzgando como debiera de ser, y no quiero meterme más porque está aquí el micrófono prendido”, dijo.
En declaraciones a reporteros después de su participación en la sesión semanal de la Asociación Civil Acapulco (Grupo ACA), Garzón Bernal dijo que no denuncia irregularidades en el caso y reiteró que apoyará a los funcionarios perseguidos acusados de diversos delitos durante y después de la represión del 12 de diciembre pasado, porque no sabe si el día de mañana ella estará en una situación similar.
Informó que la Procuraduría General de la República (PGR) devolvió a la PGJE los tomos de la investigación en torno a la muerte del empleado de la gasolinera Gonzalo Rivas Cadena, quien falleció a consecuencia de las quemaduras que le provocó el incendio de una bomba abastecedora de gasolina luego de que presuntos estudiantes le prendieron fuego cuando realizaban un bloqueo en la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre.
La procuradora explicó que en la PGR le dijeron que no podían aceptar esos expedientes, pero la recomendación de la CNDH establece que todas las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa se deben remitir a la PGR.
De los tomos rechazados por la PGR , la funcionaria dijo que la instancia federal debe conocer del caso por la conexión de delitos, pero al entregar el expediente “nos dijeron no se metan en la conexión porque no cumplen con un punto de resolución de la CNDH, y entonces cumpliendo con el punto resolutivo donde nos ordena la CNDH que enviáramos todas las averiguaciones a la PGR, pues tampoco, nos dijeron que no teníamos porqué hacer caso a la CNDH; entonces lo hago público y lo hago publico porque también ya lo hicimos constar, para que al ratito la CNDH no diga que no estamos cumpliendo”.
Consideró que hace falta comunicación entre la PGR y la Procuraduría del estado, y que en breve habrá una reunión con funcionarios federales para hablar de las investigaciones que llevan en coordinación, como el asesinato del deiputado local Armando Chavarría Barrera, el del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y el caso Ayotzinapa.
Dijo que primero habrá de definir competencias, “no quiero empezar a actuar para que al ratito me digan que lo que hemos actuado es nulo, yo quiero definir con las autoridades federales la competencia para no caer en alguna omisión o en alguna responsabilidad jurídica”.
“¿Por qué no sabemos de las autoridades federales? Porque aquí en este evento tan desagradable tuvieron que ver autoridades federales y estatales”, dijo haciéndose eco de su antecesor en el cargo Alberto López Rosas que señala que los responsables de la represión son los policías federales.
Reiteró que los ex funcionarios de la Procuraduría y quienes tienen órdenes de aprehensión tienen el apoyo moral y la asesoría de la Procuraduría, porque como cualquier ciudadano tienen derecho a un juicio, audiencia, “y esperamos que pronto se resuelva su situación porque lamento mucho que compañeros de la Procuraduría estén privados de la libertad”.
A pregunta de un socio que señaló que se volvería defensora de los detenidos acusados de diversos delitos y omisiones, Garzón Bernal dijo que ella nunca expresó que sería defensora de los acusados.
“Mi función como persona, como profesional y guerrerense, es respaldar a la gente que está trabajando en la Procuraduría y que se le está señalando de haber cometido omisiones y el apoyo moral a la gente que está siendo sancionada, la estoy apoyando porque quién me puede decir en un momento dado que yo no me encuentre en la mis-ma situación, porque lo que sí reconozco es que no se nos está juzgando como debiera de ser y no quiero meterme más porque está aquí el micrófono prendido”, expresó.
En respuesta a Victórico López Figueroa, quien acusó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de ser el responsable del asesinato de los dos estudiantes de la normal, porque él ordenó el desalojo del bloqueo, Garzón dijo que no quiere acusar ni meterse en el tema, “porque es una situación muy complicada”.
Dijo que “lo único que sí puedo decir es que la recomendación de la CNDH sí está muy castigada para el estado de Guerrero, ¿por qué nosotros no sabemos si Seguridad Pública (federal) ya aceptó la recomendación?, ¿por qué no sabemos cuántos servidores públicos de la Federal han sido suspendidos?, ¿por qué a nosotros se nos dice que no estamos cumpliendo con la recomendación, cuando tuvimos que ir y demostrar punto por punto que somos un estado respetuoso y que sí estamos cumpliendo?, y no me quiero meter más a ese punto que es un poco delicado”.

Trabaja con la familia Chavarría

Adelantó que antes o el 20 de agosto, la fecha del tercer aniversario del asesinato de Chavarría, presentará avances de la investigación, pues “estamos trabajando a marchas forzadas y haciendo todo el intento de trabajar con responsabilidad y técnica jurídica”.
Dujo que la Procuraduría trabaja con los familiares y están en el proceso se hacer un “intercambio de opinión” sobre los avances.
“Yo no les puedo decir si se va esclarecer o no, lo que les puedo decir que tengo que dar un resultado de la investigación y de verdad yo quisiera que fuera pronto”, acotó.
Por otra parte, dijo que no partió de cero en la Procuraduría, que la conoce muy bien y tiene tres diagnósticos en infraestructura, en lo administrativo, en productividad, del rezago en investigaciones y dictámenes periciales, “conozco tan bien a la Procuraduría que conozco qué le duele, qué le hace falta y la fama pública de los que trabajan ahí también la conozco”.
Dijo que no está de acuerdo en que descalifiquen totalmente a los trabajadores de la Procuraduría, en especial a los policías ministeriales. “¿Saben qué?, yo también tengo héroes y en el poquito tiempo hemos rescatado a cuatro personas secuestradas, sin dar un cinco, sin arriesgar nada, se han jugado la casta ellos por ustedes”, dijo.
“Hay buenos y hay malos, los buenos se quedarán trabajando y los malos solitos se van a ir”, dijo.
Indicó que entre sus demandas está que los policías ministeriales tengan un sueldo digno y seguro de alto riesgo. Informó que de los 420, 205 ya están certificados, lo que representa un avance de casi del 50 por ciento.
En otro momento de la sesión, sin abundar en detalles, dijo que el martes le informaron que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal detuvo a una persona acusada de cometer un ilícito, quien se identificó como policía ministerial de Guerrero, y cuando a ella le informaron dijo “qué bueno, porque yo no quiero delincuentes en mi administración”.
Agregó que “para mí no hay compadrazgo, nada por encima de la ley, tendré que excusarme si es algún familiar”.
Reconoció que “hay pánico con los policías ministeriales”, pero se les envía a cursos y se les aplican los exámenes de control de confianza, “y los que no tengan el perfil  pues yo creo que tenemos que hacer algo especial con ellos”.
Adelantó que la próxima semana iniciará audiencias públicas, lo que permitirá que los ciudadanos denuncien a los malos funcionarios, “y yo les digo a los que trabajan en la Procuraduría ‘lo pasado no me interesa’, me interesa el presente y aguas con que yo tenga pruebas del presente, no estoy amenazando pero hay procedimientos administrativos y hay una contraloría del estado para hacerlas valer”.
Aclaró que eso no significa que no le interesa el pasado, sino que lo que requiere es pruebas para poder actuar en consecuencia.
A pregunta de uno de los asistentes sobre la operación Guerrero Seguro, la procuradora dijo que “está dando resultados”, “solos no podríamos”.

Encontró de cabeza la Procuraduría

En su introducción, Garzón Bernal dijo que encontró una Procuraduría de cabeza y en los primeros dos meses ha empezado a organizar el trabajo y ha encontrado el respaldo del gobernador Ángel Aguirre.
Luego de la sesión explicó que la Procuraduría la encontró de cabeza a causa de que el asesinato de los dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa absorbió todo el trabajo y se descuidaron las demás áreas.
“Hubo un factor y circunstancias graves que no sólo perjudicó a la Procuraduría sino a todo el estado y a México, con lo que hicieron o sucedió el 12 de diciembre con los estudiantes de Ayotzinapa”, señaló.
“Debido a estos acontecimientos no había direcciones, no había quién dirigiera a la Procuraduría, llegó un momento en que se fue el procurador, se fueron los subprocuradores, luego ponen a una persona no de Guerrero y que también se vio involucrado”, expresó.
Se dijo “emocionada, motivada” con su trabajo y que tiene un “equipazo”.
Entre sus intereses como procuradora, dijo, está la de “certificar a peritos y a la policía ministerial”.
Invitó a los integrantes del Grupo ACA a que si conocen a alguien que desee integrarse a la Procuraduría como agente del ministerio público, se pueden abrir “20 o 30 espacios” fuera del servicio civil de carrera para que se integren a la procuración de justicia, pero deberán someterse a las pruebas requeridas.
La procuradora dijo que la invitación a la sociedad civil a participar es porque “hay miedo, hay temor en la gente de la Procuraduría, no quieren entrarle”.
Explicó que la Procuraduría consta de 68 agencias del ministerio público distribuidas 14 en la zona Centro, siete en la Zona Norte, siete en Tierra Caliente, 18 en Acapulco, ocho en Costa Grande, nueve en Costa Chica y cinco en La Montaña.
La Procuraduría tiene 323 agentes del ministerio público, 181 peritos y 420 policías ministeriales.
Adelantó que pedirá al gobernador la apertura de 350 nuevas plazas para policías ministeriales y la dividirá en dos rubros, “investigadores y ejecutores de órdenes de aprehensión”, mientras no se cambie el sistema de justicia penal por el sistema de juicios orales.
Reprobó a las agencias especializadas en delitos sexuales y se propuso como reto reformarlas en un año para que cumplan su rol de especializadas.
También planteó la necesidad de que la Procuraduría cuente con un refugio para mujeres víctimas de violencia y un centro de terapia psicológica que atienda a los trabajadores de la Procuraduría.
Indicó que en breve se iniciará la construcción del Centro de Justicia para Mujeres en Chilpancingo.
Dijo que está a favor de que los ministerios públicos de la Montaña se cuente con un ministerio público, secretaria, peritos que hablen la lengua de la región.
Adelantó que la próxima semana se inaugurará una agencia especializada en delitos sexuales, como lo demanda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo sobre el caso de Inés Fernández.