Detiene la PIM a dos campesinos de Barrio Nuevo, Zihuatanejo; empresarios los acusan de despojo

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) detuvieron a dos campesinos que son copropietarios de una pequeña propiedad en las inmediaciones de la comunidad Barrio Nuevo, en el municipio de Zihuatanejo, pese a que tienen un amparo a su favor dado por un juez federal.
Los dos detenidos y presos en el penal de esta ciudad, son acusados junto con otros 15 copropietarios más por el delito de despojo en contra de la empresa privada Médanos Ixtapa SA de CV.
Los abogados de los inversionistas demandaron al juez que lleva el caso que aplique una fianza de 560 millones de pesos, sin embargo, el magistrado les impuso la cantidad de 120 mil pesos para que puedan continuar con su proceso legal en libertad, pero los campesinos no tienen tal cantidad de dinero.

Antecedentes

Desde el 2005, los 18 propietarios de la pequeña propiedad denominada Las Salinas Viejas, mantienen la defensa de sus 161 hectáreas que pretenden despojarles los inversionistas de la empresa Los Médanos Ixtapa, SA de CV, quienes se dicen los dueños de esas tierras que los campesinos tienen en posesión desde hace 30 años y en las que siembran maíz, jamaica, jitomate, sandía y chile.
Incluso en su momento formaron la sociedad cooperativa Copropiedad Las Salinas Viejas, en la que impulsan otros proyectos productivos, como la cría de camarón blanco, pues dentro de las 161 hectáreas hay una laguna natural que ocupa 15 hectáreas de terreno cerca del mar.
El pleito legal contra los campesinos empezó luego de que los inversionistas compraron a la vecina –dueña únicamente de 55 hectáreas– colindante de sus tierras, quien es una conocida notaria pública en el Distrito Federal de apellido Rodríguez. Ella en el contrato de compra-venta que entregó a los inversionistas señala en una de las cláusulas que en las tierras que adquieren hay gente ocupándolas pero que éstas “no son problema”.
Sin embargo, los problemas empezaron para los campesinos cuando descubrieron que en un documento de apego y deslinde, la mujer incluyó las 161 hectáreas que les pertenecen y de las que cuentan con los respectivos registros de propiedad desde hace 30 años pero que se las vendió a los inversionistas de Los Médanos Ixtapa.
Debido a que durante estos últimos años no han conseguido ocupar las tierras de los copropietarios, los inversionistas lograron conseguir el 10 de noviembre de 2009, que el actual cabildo que encabeza el alcalde priista Alejandro Bravo Abarca, aprobara por unanimidad el cambio de uso de suelo para ese predio, según consta en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, de fecha 26 de noviembre de 2010.
En dicha publicación, señala que en el acta de cabildo está asentado que el motivo por el que se autoriza el cambio de uso de suelo es porque en esa zona “de desarrollará el proyecto turístico denominado Los Médanos”.
Dicho predio se ubica entre los ríos Ixtapa y Pantla, en la zona costera del océano Pacífico. Hasta antes de que el Cabildo de Zihuatanejo aprobara el cambio, el uso de suelo era de 38 hectáreas de zona de protección ecológica, y 135 hectáreas de reserva turística y una vez autorizado el cambio, quedaron las 38 hectáreas para uso turístico residencial media; 44 hectáreas para turístico hotelero densidad alta; y 91 hectáreas para corredor turístico residencial.
Los campesinos aseguran que los integrantes del actual cabildo “seguramente recibieron dinero por parte de los inversionistas, porque sabemos que en su momento se lo ofrecieron a los alcaldes del PRD que estuvieron en la presidencia municipal, Amador Campos y Silvano Blanco, pero ellos siempre se negaron a autorizar el cambio de uso de suelo porque nos conocen y saben que nosotros somos los dueños legítimos de esas tierras”.
Luego de que el 10 de noviembre de 2009, el cabildo de Zihuatanejo aprobó el cambio de uso de suelo, poco más de un mes, es decir, el 15 de diciembre del mismo año, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), emitió el comunicado número 16/2009, en el que anunció su nuevo programa de Asesoría y Certificación de Desarrollos Turísticos, cuyo primer contrato firmado fue con la empresa Los Médanos Ixtapa, “para generar el desarrollo Isla Ixtapa en Guerrero”, cita el boletín.
Agrega en el comunicado de ese entonces que con dicho proyecto turístico, “se ubicará en Ixtapa-Zihuatanejo, en una zona colindante al Centro Integralmente Planeado, CIP de Fonatur, misma que virtualmente se convertirá en una extensión del mismo”.
“Este complejo que será el primero en formar parte de este programa, constará de alrededor de 4 mil cuartos de hotel, contará con tres kilómetros de playa y un campo de golf de firma; se estima que este proyecto, generará más de 4 mil 500 empleos entre directos e indirectos, en apoyo a la economía y desarrollo regional, contribuyendo a poner al estado de Guerrero a la altura de otros destinos internacionales”, precisa la Fonatur en su boletín.
Para este proyecto, los inversionistas planean invertir 100 millones de dólares y está proyectado a construirse en los próximos 10 años.

Las detenciones

Ayer miércoles, el abogado de los 18 campesinos, Dorian Niño Gallegos, denunció que debido a que los inversionistas no han podido quitarle sus tierras a sus representados, éstos han empezado a utilizar estrategias de miedo y de presión para obligarlos a dejar su propiedad, “sabemos de muy buena fuente que se presentaron con el gobierno del estado para pedir ayuda y conseguir que mis clientes se vayan, y la ayuda que les está prestando el gobierno del estado es todo su aparato de poder para hostigarlos y encarcelarlos”.
En ese sentido, dijo que los abogados del despacho jurídico Olea y Olea abogados, en febrero de 2011, acudieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Graves de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para denunciar no sólo a los 18 campesinos, sino también a sus esposas y otros familiares, por el delito de despojo, a los que se les integró la averiguación previa DGCAP/0051/2010, la cual fue consignada bajo la causa penal 88/2011-II, en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia en el Distrito de Azueta, ?cuyo juez Jesús Campos Ramírez, desechó otorgar una orden de aprehensión en contra de los denunciados por considerar que no había elementos.
“Sin embargo, los abogados de los inversionistas apelaron ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y allá sí soltaron la orden de aprehensión, por lo que mis clientes tuvieron que acudir a la justicia federal, la cual les otorgó el amparo 1403/2011 contra actos de la Segunda Sala así como contra las corporaciones policiacas municipales, estatales y federales destacamentadas en este municipio”.
El abogado señaló que pese a este amparo, el martes de esta semana, agentes de la PIM, al mando del coordinador Israel Lira detuvieron primero a uno de sus clientes, Bulfrano Chamú Suárez, “se lo llevaron a la comandancia, tuvimos que mostrarle el amparo al comandante y lo dejó libre, sin embargo, horas más tarde, detuvieron a Audel González Torres y a su yerno Fernando Farfán Bravo, quien ni siquiera es propietario ni tiene nada qué ver en el asunto, sin embargo de mala fe los abogados lo están relacionando en su denuncia”.
Agregó que una vez que se enteró que otro de sus clientes y uno de sus familiares estaban detenidos, de nueva cuenta acudió a la comandancia para volver a mostrarle al comandante el amparo, “entonces, lo que hicieron los abogados de los inversionistas fue darle un número telefónico a la secretaria del comandante para que según se comunicara con la juez federal, en el otro lado de la línea, una mujer le dijo al comandante que era la juez en funciones de ley y que sí estaba correcto que los detuvieran, que el amparo ya no tenía efecto”.
Dijo que por ese motivo, el campesino y su yerno fueron recluidos en la cárcel de esta ciudad, “pero lo que estamos descubriendo en estos momentos es que en los juzgados federales, específicamente en el Juzgado Octavo de Distrito, no hay jueces mujeres, ni siquiera por ministerio de ley, es decir, fue una treta de los abogados que representan a los dueños de Médanos”.
Enseguida, Dorian Niño dio a conocer que los representantes legales de los inversionistas, “le pidieron al juez que les fijara una fianza por 560 millones de pesos, cantidad que aseguran que es el costo del terreno, sin embargo, el juez fijó la cantidad de 120 mil pesos para cada uno, lo cual para mis clientes, es una fortuna porque no tienen dinero, es gente que vive del campo, que vive al día”.
El abogado lamentó que el gobierno estatal “se esté prestando a este tipo de irregularidades, ya que no hay tal despojo, no pueden decir que fueron despojados de un bien cuya propiedad ha sido de mis clientes desde hace 30 años, pero repito, si conocen de leyes saben que este debiera ser un juicio meramente civil, sin embargo, saben que no tienen posibilidades de ganar, por eso han recurrido al gobierno estatal para que aplique todo su aparato de justicia en contra de mis clientes presionándolos a través de la cárcel”.
Niño Gallegos dijo que el resto de sus representados, “tienen miedo de ser detenidos en cualquier momento, todavía hoy (ayer miércoles) por la tarde supimos que los abogados andan junto con los ministeriales buscando a mis clientes para detenerlos; yo le hago un respetuoso llamado al gobernador a que respete la ley, hasta cierto punto se entiende que quizá su interés es atraer la inversión a esta región, pero con todo respeto, así no se hacen las cosas”.