Es una medida mediática la suspensión del director de Seguridad de Tlapa, considera la Red de Derechos Humanos

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos, Hegel Mariano Ramírez, consideró que la suspensión del director de Seguridad Pública y de cinco policías del Ayuntamiento de Tlapa, por hacer escarnio público de dos detenidos, es sólo una medida mediática para maquillar un conflicto y contener la presión social de la comunidad lésbico gay, que expresó su inconformidad por los abusos a los que fueron sometidos durante su detención, por una infracción.

En este sentido, condenó la agresión a los agraviados y los llamó a dar seguimiento hasta las últimas consecuencias, para que este tipo de hechos no queden impunes, pues, subrayó que no es un evento aislado, sucede de forma recurrente y en particular contra este sector de la población, ancestralmente discriminado.

El miércoles, en conferencia de prensa, el secretario general del Ayuntamiento de Tlapa, Javier Rodríguez Valencia, dio a conocer la suspensión de los funcionarios públicos, porque policías municipales obligaron a dos jóvenes gay detenidos, a besarse, y les tomaron fotografías que se difundieron de forma amarillista en un periódico local.

Mariano Ramírez cuestionó que los funcionarios públicos responsables de la seguridad y de cuidar la privacidad de los jóvenes detenidos, no fueron destituidos, sólo suspendidos, “yo creo que es una medida para maquillar el conflicto, por la presión social, por las críticas que han surgido”.

Añadió que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) podría dar seguimiento de oficio a este caso, “tiene la moral para hacerlo”, pero para aportar más elementos los jóvenes deben iniciar el procedimiento de queja, y que los funcionarios públicos den cuentas a la sociedad.

En cuanto al periódico que difundió la información, señaló que los medios de comunicación tienen la obligación de cumplir una función social, siendo respetuoso de los derechos humanos, y luego cuestionó la relación tan cercana de medios amarillistas con las oficinas de Seguridad Pública.

Por otro lado, cuestionó que mientras a los ciudadanos comunes les restringen el acceso a los separos donde se encuentran los detenidos, de manera ilegal se da acceso libre a los medios de comunicación que dan un enfoque amarillistas a la información, y que también es violatorio a los derechos humanos.

Puntualizó que los jóvenes fueron agredidos en dos sentidos, por el acto al que los obligaron los policías y por toda la apertura a los medios comunicación, para que dieran el toque amarillistas de la situación. “Una vez detenidos, la autoridad está obligada a preservar la seguridad y la integridad de todas las personas, de su imagen, no permitir que sean objeto de escarnio, ni de la burla”.

Insistió en que este hecho llegue a las últimas consecuencias, para dejar un precedente, “porque es frecuente el abuso de personas en las celdas municipales, de aquellas que llaman sexoservidoras, gay y de todos los ciudadanos detenidos”.

“Desde el punto de vista de los derechos humanos es condenable, y más allá del discurso, lo relevante es saber qué medidas que se van a adoptar luego de este lamentable suceso”.

Reconoció que uno de los problemas a que se enfrenta una persona que presenta una queja, es que los asuntos no tienen el seguimiento, se quedan en eventos mediáticos, “pero lo importante es insistir, seguir denunciando, es una lucha que se tiene que seguir dando, para evitarlo”.

Destacó que los organismos de derechos humanos están pugnando por el libre acceso a las celdas de la policía, para observar en qué condiciones están detenidas las personas y cuál es el trato hacia ellos, pero hay mucha restricción. Se sabe que las condiciones son lamentables, “pero nosotros queremos constatarlo, porque eso permitirá un trato mejor a los detenidos”.