Vidulfo Rosales Sierra

Las víctimas del 12 de diciembre

“..Mi función como profesional, como guerrerense, es respaldar a la gente que está trabajando en la Procuraduría y que se le está señalando de haber cometido omisiones y el apoyo moral a la gente que está siendo sancionada, la estoy apoyando porque quién me puede decir en un momento dado que no me encuentre en la misma situación”… Son las declaraciones que habría emitido públicamente la procuradora de Justicia de Guerrero.
Lo anterior evidencia una confusión en las facultades y deberes de la funcionaria. Su función es procurar y hacer accesible la justicia para todos en Guerrero, restructurar y modernizar la institución, remplazar elementos del Ministerio Público y Policías Ministeriales que tienen vínculos con poderes y grupos fácticos que desde hace años controlan esta institución y que permiten corrupción y violaciones graves de derechos humanos, lastres que hacen nugatoria la justicia.
Las ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos y la represión que el 12 de diciembre de 2011 sufrieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, representaron un punto de quiebre en la Procuraduría. Una oportunidad para apuntalar su restructuración y modernización, pero también para sancionar a los violadores de derechos humanos. El gobierno de Ángel Aguirre lo intentó, pero los grupos de poder reaccionaron iracundos. Apoyados por grupos oscuros de choque tomaron la Autopista del Sol, simbólicamente y para mostrar fuerza, en el mismo lugar donde habrían sido ejecutados Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ante la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad, la misma Procuraduría en su interior estaba tapizada de pancartas de protesta contra el gobernador porque quería actuar contra sus compañeros “inocentes”. Por esos mismos días hubo amenazas de un paro generalizado en todas las agencias del Ministerio Público del estado.
Pero la presión no paró en eso, sino que resultó en la muerte de cuatro policías ministeriales y el atentado contra la vida del director de Averiguaciones Previas, Marciano Peñaloza Agama, ocurrido a escasos diez metros de la Procuraduría. A partir de este hecho el servidor público se vería obligado a abandonar el cargo.
Ante estos acontecimientos, Ángel Aguirre se vio obligado a dar marcha atrás a sus intenciones de cambiar la Procuraduría y optó por quitar Juan Manuel Herrera entonces encargado de despacho de la Procuraduría, poniendo en su lugar a Martha Elva Garzón a fin de conciliar con estos grupos de poder. Allí terminaría el intento de restructurar la institución. Por ello es explicable la actitud de la funcionaria de actuar como defensora de oficio de servidores públicos señalados por omisiones y violaciones graves a los derechos humanos.
Pero la conducta de la procuradora no ayuda al esclarecimiento de los hechos del 12 de diciembre, porque lejos de tomar una postura institucional imparcial se asume sin ambages como defensora del grupo de poder fáctico más retrógrado y responsable de graves violaciones a los derechos fundamentales que controla a la Procuraduría y que tuvo mucho que ver en las ejecuciones y tortura contra los estudiantes de Ayotzinapa.
Las últimas detenciones de los ex funcionarios de la Procuraduría han desviado la atención a otros aspectos, haciendo aparecer a los otrora servidores públicos como las víctimas. Nadie en su sano juicio creerá que estos funcionarios no supieron de lo que pasó el 12 de diciembre, cuando a 300 metros de sus instalaciones yacían inermes los cuerpos de los estudiantes abatidos por las balas de los cuerpos policiacos, cuando decenas de estudiantes golpeados llegaban a los separos de la Procuraduría, cuando varias sesiones de tortura se llevaron a cabo ante las narices de varios funcionarios ahora acusados y que se dicen “víctimas” y que no saben nada.
Lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa son hechos que en un régimen que se jacte de ser democrático simple y sencillamente no debe acontecer. La Procuradora y el gobierno del Estado deben de redimensionar bien lo acaecido, no es válida la posición de exculpar a los policías ministeriales, porque sí tienen responsabilidad y debieran estar siendo sancionados penal y administrativamente todos los que acudieron armados al lugar y participaron en las detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura, de igual forma a funcionarios que permitieron estos actos y que hasta se prestaron a alterar los expedientes, los cuales aparecen en las actuaciones judiciales con nombres y apellidos y que la Procuraduría se niega a actuar contra ellos.
La sola presencia de los Ministeriales en el lugar de los hechos con armas de alto poder –lo que está debidamente probado– da lugar a responsabilidades penales y administrativas.
Las ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos del 12 de diciembre fueron hechos cometidos por agentes del Estado que se excedieron en el uso de la fuerza. El derecho a la vida es fundamental, pues es el presupuesto para el goce de las demás prerrogativas, por ello el estado debe vigilar que sus cuerpos de seguridad, que están facultados para el uso de la fuerza, respeten irrestrictamente este derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha establecido cuáles son los criterios que determinan el uso de la fuerza y el alto tribunal destaca cuatro: a) debe estar definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por la autoridad, b) el uso de la fuerza letal y las armas de fuego deben estar prohibidos por regla general, su uso deberá estar formulado por la Ley y ser interpretado restrictivamente, no siendo más que el absolutamente necesario en relación con la amenaza que se pretenda repeler, c) debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad y c) la legislación interna debe establecer pautas claras para la utilización de la fuerza letal y las armas de fuego por agentes policiacos. El uso de la fuerza que no se apegue a estos principios sería desproporcionado y si da lugar a la pérdida de vidas, implicaría una privación arbitraria de la misma.
El 12 de diciembre de 2011, según la recomendación de la CNDH, de los 168 policías que acudieron al lugar, 90 iban armados con rifles de asalto, para repeler una manifestación de menos de 300 estudiantes, este solo hecho es una prueba del despliegue desproporcionado de la fuerza, es decir, no se advierte que las autoridades políticas –dado que ahí se encontraba el director de Gobernación– o los mismos mandos policiacos hayan explorado otros medios de intervención menos letales para contener la manifestación, por el contrario se ve una intencionalidad a usar de manera desproporcionada la fuerza. No había en absoluto necesidad alguna de usar las armas en esa manifestación, de las pruebas recabadas no se evidencia que los estudiantes hayan estado armados.
Entonces ¿qué hacían 90 policías, 26 de los cuales eran ministeriales disparando a mansalva contra los estudiantes? Pues evidentemente la fuerza desplegada ese día fue desproporcionada y las privaciones de la vida de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús son a todas luces arbitrarias.
Además está debidamente probado que la Policía Ministerial privó arbitrariamente de la libertad, ejerció tratos crueles inhumanos y degradantes y torturó a cerca de 40 estudiantes.
Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura hoy en día son considerados violaciones graves a los derechos humanos que se encuentran protegidos universalmente por normas especialmente reforzadas o lo que el derecho internacional denomina el Ius cogens.
En tal virtud las autoridades están obligadas a investigar y sancionar a los responsables de estos hechos, de no ser así es el Estado mexicano estaría incurriendo en responsabilidad internacional.
En esta tesitura, debería ser para la procuradora una tarea fundamental investigar y sancionar a los responsables de acciones y omisiones que derivaron en las violaciones graves a los derechos humanos el 12 de diciembre de 2011, varios de estos servidores público trabajan con ella, lo que la procuradora –con el aval del gobernador que públicamente no ha dicho nada– parecen sugerir que los hechos del 12 de diciembre quedarán en la impunidad porque los funcionarios responsables son sus compañeros de trabajo y no actuará contra ellos, aunque hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Con esa postura el Estado mexicano se encamina a una clara responsabilidad internacional por la violación de diversos tratados internacionales que prohíben violaciones a los derechos humanos como los perpetrados contra los estudiantes de Ayotzinapa.