Jesús Mendoza Zaragoza

Ante la violencia, se andan por las ramas

Algunas cosas están haciendo los gobiernos federal y estatal para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad generadas por el crimen organizado, como la certificación de los cuerpos policiacos que va demasiado lenta, la recuperación de espacios públicos para promover espacios comunitarios, la colocación de cámaras de video a lo largo y ancho de algunas ciudades, y otras más. Se trata de esfuerzos que atienden a algunos de los factores de la violencia o a algunas de las circunstancias que la propician.
En el mundo de los políticos hay diversas actitudes ante el tema de la violencia, desde aquéllos que no lo tocan para nada, como si viviéramos en la luna, hasta aquéllos que pregonan con bombo y platillo cada acción supuestamente enfocada a prevenir o a manejar las situaciones de crisis. Muchos prefieren disimular el tema o, en su caso, minimizarlo, como si fuera un asunto menor. No es creíble que no tengan información amplia y precisa sobre el problema, como personas públicas tienen sus fuentes de información que los pone en condiciones de tener una idea de la complejidad y de las dimensiones del mismo.
Lo que llama la atención es que quienes sí dan la cara ante la violencia no se animan a ir al fondo del asunto, tocando los factores más decisivos que la explican. Y muchos ciudadanos se conforman con acciones gubernamentales muy visibles que generan más ruido que soluciones, como en el caso del patrullaje y la persecución de grupos criminales por parte de las fuerzas federales. No se puede negar la necesidad de estas acciones de contención a los grupos criminales, pero a todas luces son insuficientes y a la larga se desgastan. El caso es que tenemos ya casi un año de emergencia con la Operación Guerrero Seguro y con resultados muy escasos.
Nada se sabe en relación al combate a la corrupción pública, sobre todo la que está ligada a las actividades del crimen organizado, que es uno de los factores más decisivos de la situación de violencia e inseguridad. Al respecto, hay que señalar que existe disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia, lo que tiene como efecto al impunidad y las deficiencias en la administración de la justicia. En los últimos años se ha evidenciado la infiltración de la delincuencia organizada en variadas instituciones del Estado.
En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica Transparencia Internacional a finales de 2011, se ubica a México en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 10 la menor percepción de corrupción. Y según cálculos de Transparencia Mexicana, el costo económico de la corrupción en México rebasó los dos mil millones de pesos en 2010.
En esta perspectiva, los costos sociales de la corrupción son absolutamente mayores. Uno de ellos es, precisamente la violencia y la inseguridad que hunde sus raíces en la corrupción. No es explicable el avance del crimen organizado en las últimas décadas sin las omisiones y sin las complicidades de las autoridades en turno. Es más, hay que tomar en cuenta que ya se ha generalizado una cultura de la corrupción en el ámbito público que tiende sus tentáculos hacia los ámbitos privado y social. En éstos términos, la corrupción tiene un amplio consenso social, que complica más las cosas.
La corrupción es una forma de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone la mordida como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de decisiones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción institucionalizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de justicia.
En estos términos, la corrupción ha sido funcional al crecimiento del crimen organizado ligado al narcotráfico, al tráfico de armas y de personas y al lavado del dinero. Ha facilitado las cosas a los grupos criminales para hacerse de ganancias económicas y, ahora, para hacerse de poder político. Por ello, hubo una complicidad desde el poder público con los cárteles para tomar como rehén a la sociedad entera mediante el miedo y la impunidad. La desconfianza casi absoluta en las instituciones de procuración y de administración de justicia es una señal palpable de la descomposición del poder público que se ha vuelto contra los ciudadanos.
Por ello, llama la atención que las baterías contra el crimen organizado no apunten hacia el mundo de la corrupción pública. Nos distraen con la presentación pública de narcomenudistas y sicarios detenidos, pero se disimula el cochinero que hay en las instituciones públicas, donde reina la corrupción y donde pocas cosas son consideradas como delitos graves. Cuando es necesario dar golpes mediáticos, se detiene a policías o empleados públicos y se protege a quienes toman las decisiones de corrupción y a quienes las encabezan.
El pasado proceso electoral se opacó de manera absoluta, precisamente por el hecho de que la corrupción se ha convertido en un ingrediente de la lucha por el poder. Pareciera que para ganar hay que ser corrupto. Para ello, las argucias, las mañas y las tramas mafiosas sustituyen a la inteligencia, la legalidad y la ética. Tal parece que tendremos un nuevo gobierno federal con un soporte legal pero sin soporte de legitimidad, precisamente por la trama de corruptelas con las que se construye el poder público.
En fin, hay mucho ruido en el combate al crimen organizado, lo que no coincide con la eficacia. Hay disimulos y omisiones como las que se refieren a la corrupción. Hasta la fecha, no hay en Guerrero un solo servidor público en la cárcel por delincuencia organizada. Todos los que se han beneficiado de esta andanada delictiva andan sueltos y continúan generando violencia desde el servicio público. Se han vuelto intocables. Este es uno de los misterios de la estrategia contra el crimen organizado. El gobierno se anda por las ramas y no va a las raíces mismas de este flagelo tan doloroso. Mientras tanto, la violencia no puede parar porque la corrupción pública la sigue alimentando y no hay quien la detenga.