Inician campaña para evitar violaciones del Ejército a los derechos humanos con motivo de El Charco

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos del país, anunciaron en la ciudad de México el inicio de la campaña Contra la Impunidad Militar y el Olvido, a 14 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, con el objetivo de impedir que integrantes del Ejército, en lo sucesivo, cometan violaciones a los derechos humanos en contra de la población.

Y si cometieran actos en contra de la sociedad, que sean sancionados de conformidad con el derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos.

Dicha campaña se anunció en una conferencia de prensa que ofrecieron representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vera López; la Organización Indígena del Pueblo Me’phaa (OPIM); el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); la Red de Defensa de Derechos Humanos; la Unión Democrática de Organizaciones Sociales, y la Central Campesina Cardenista Democrática AC.

En un comunicado conjunto, que recoge el tema de la conferencia de prensa, las agrupaciones convocaron a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, nacionales e internacionales así como a la población a sumarse a esta campaña.

Expresan que esta campaña da inicio en el contexto de la petición que sea admitido el caso de la masacre de El Charco, que hizo el 16 de julio el obispo Vera López a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de justicia para las víctimas.

Agregan que ello, luego de que el Estado mexicano el 7 de junio de 1998, “no tomó las medidas de suspensión de garantías en el estado de Guerrero, como lo establece el artículo 27 de la Convención Americana que señala que: ‘en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la seguridad del Estado, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social’”.

Citan que en dicha disposición solamente no pueden ser suspendidos los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales. Sin embargo, recuerdan que el artículo 27 establece el mecanismo que debe seguirse para la suspensión de las garantías, consistente en la información inmediata a los demás Estados partes en la Convención Americana, por conducto del

Secretario General de la OEA, “de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión”.

En la citada conferencia de prensa, los representantes de las agrupaciones informaron que con el apoyo y la coordinación de organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y El Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG, por sus siglas en inglés), monseñor Vera López e integrantes del equipo coordinador de la Red, tuvieron reuniones para tratar el tema de la impunidad en el caso de la masacre de El Charco con Jorge Sanín, director de la Sociedad Civil de la OEA, así como con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, con la Oficina de Derechos Humanos México-Canadá, del Programa de Análisis de la Región de las Américas de la oficina de Internacional de Migración.

Informaron que también han tenido reuniones con asesores de congresistas de Estados Unidos, “quienes se comprometieron a dar seguimiento a todo lo relacionado con el tema de la masacre de El Charco”, dijo el sobreviviente Efrén Cortés Chávez, uno de los asistentes a la conferencia de prensa.

Agregó que se llevó a cabo un evento público en la oficina de WOLA, así como con Humans Rights Wach (HWR), “quien también se comprometió a darle seguimiento a todo lo relacionado con el tema de la masacre de El Charco”.

Por otra parte, informó que el 14 de junio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notifico la ampliación de 20 días hábiles para dar respuesta a la petición, en la que los sobrevivientes de la masacre de El Charco solicitaron la documentación relativa a la recomendación 20/2012, “estamos en espera de la respuesta. También estamos en espera de la respuesta del gobierno de Guerrero a muestra solicitud de audiencia”, dijo.