Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

En Guerrero, un campo minado y olvidado

Para las autoridades de los tres niveles de gobierno, la situación de empobrecimiento, despojo y violencia que se vive en el campo ya no es un asunto que tenga relevancia en el ámbito nacional, ni que ponga en riesgo sus carreras políticas, porque se ha impuesto una muralla jurídica que le da protección a los nuevos agentes privados del supuesto desarrollo y les da armas legales a las mismas autoridades para justificar su comportamiento displicente sobre los problemas que se viven en el ámbito rural.

Desde hace décadas los indígenas y campesinos dejaron de ser los privilegiados del régimen, y hace 30 años aproximadamente, el campo (en estos tiempos del libre comercio) pasó a la prehistoria del México rural. El movimiento campesino devino en una central de burócratas con sombrero, cuyos líderes tuvieron suficiente poder para asegurar varios escaños dentro del Congreso federal y en las legislaturas locales.

Los discursos más impactantes de los políticos estaban nutridos de posturas redentoristas, que como niños héroes se envolvían en las banderas campesinistas e indigenistas. Fue su minita de oro que les permitió vivir con grandes lujos desde las postrimerías de la lucha revolucionaria hasta la llegada de la nueva tecnocracia con Miguel de la Madrid en 1982. Los tres grandes sectores, el obrero, el campesino y el popular consolidaron un régimen autoritario, clientelar y corrupto que fueron controlados y domesticados por el partido de Estado que tuvo en la figura presidencial a su dictadorzuelo.

Con el Tratado de Libre Comercio (TLC), las autoridades firmaron un acuerdo sin consultar  a la población, para darle carta de naturalización al libre flujo de mercancías que vinieron a dejar en la ruina a la incipiente planta productiva del país. Se impusieron reformas constitucionales que trastocaron de fondo la propiedad colectiva de la tierra y se legalizó el despojo y la privatización de los territorios habitados secularmente por los pueblos originarios. La nueva ley agraria fue la punta de lanza que emprendió la embestida contra todas las conquistas alcanzadas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Esta contrarreforma se encargó de alentar varios instrumentos jurídicos acompañados de programas con el fin de desarticular el núcleo del poder comunal que aún poseen los pueblos.

Todo el entramado de leyes e iniciativas de ley han sido propuestas por legisladores de todos los partidos políticos, que funcionan más como administradores de las necesidades de las empresas, que como defensores del patrimonio y los derechos del pueblo, con el fin perverso de privatizar todo lo que nace de la madre tierra y de lo que han cultivado los antepasados, a través de sus saberes tradicionales. A lo largo de estos años,  aprobaron la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, la ley de aguas nacionales, la ley de propiedad industrial, la ley federal de acceso a los recurso genéticos y biológicos, la ley de minería, entre otras.

Por otra parte, los gobiernos neoliberales han creado programas que están diseñados para propiciar la fragmentación y privatización de los territorios que va aparejada con la destrucción de la organización comunal. Toda la perversidad del poder se muestra en varios programas nacionales, como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales (Procede); el programa por servicios ambientales y el de los ordenamientos territoriales.

Todos ellos tienen en común que facilitan y legalizan la privatización de los bienes colectivos y públicos, propician la destrucción del tejido comunitario y sobre todo favorecen los grandes negocios de las empresas trasnacionales. La nueva normatividad no es una iniciativa endógena mucho menos que emerge de la gente del campo, sino una copia fiel de los ordenamientos jurídicos internacionales que se imponen con los acuerdos comerciales. Por ejemplo el Procede es la versión mexicana de la reforma agraria del mercado promovida desde los años ochenta por el Banco Mundial (BM); de igual modo la ley de aguas está armada bajo los lineamientos de la privatización de aguas por el mismo BM. Lo que más han tratado de imponer los burócratas del mercado de la naturaleza, es el pago de servicios ambientales, que es una forma sofisticada de legalizar el despojo y de impedir que los pueblos controlen y manejen sus territorios, como históricamente lo han hecho.

Sobre los lineamientos relacionados con el acceso a recursos genéticos, sobre conocimientos tradicionales y bioseguridad, responden en paquete al convenio de diversidad biológica y están patrocinados y supervisados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que por el poder global que ostenta, sus directivos se ufanan de decir y sentirse como los creadores de la Constitución mundial.

La ley Mosanto (mal llamada de bioseguridad) no hace más que legalizar y aumentar la contaminación transgénica de los cultivos de los campesinos. Los genes patentados por las empresas les dan tanto poder que ahora tienen toda la ley de su lado, al grado que ellos pueden darse el lujo de llevar a juicio a los mismos campesinos e indígenas quienes son los herederos y los  verdaderos  dueños de este patrimonio genético. La meta de las grandes empresas es alcanzar el monopolio de las semillas que es la clave de toda la cadena alimentaria de todos los pueblos y la palanca que acciona y fortalece la autonomía comunitaria.

La ley nacional de aguas permite la venta o concesión de este recurso en las tierras de propiedad colectiva. La perversidad del legislador no tiene límite, porque sin ninguna reserva permite la separación entre la propiedad de la tierra y las fuentes de agua, autorizando que ésta se pueda vender sin que necesariamente se venda la tierra. Todo se puede cuando se trata de hacer negocios, máxime si se trata de capital extranjero.

La ley de recursos genéticos viene a darle legalidad a la biopiratería porque permite que las empresas compren y monopolicen los microorganismos y demás componentes de la biodiversidad y a las comunidades se les coloca como vendedores de su riqueza biótica, como expresión de un derecho que se arrogan las trasnacionales, porque así les conviene.

Todas estas leyes lo que buscan es darle legalidad al despojo y la rapiña que desde hace siglos se ha practicado de diversas formas y con múltiples complicidades de los gobernantes. Lo que se busca ahora es darle protección a las empresas, fomentar la impunidad ante los daños ocasionados y  alentar la acción represiva para contener cualquier protesta o actos de fuerza que quieran realizar los pueblos contra los intereses de las trasnacionales.

Lo que hoy vemos en las regiones indígenas y campesinas es la embestida de los gobiernos para minar la organización comunitaria, para fragmentar y confrontar a los grupos de familias que por su pobreza son presa de programas gubernamentales que ofrecen dinero a cambio de que cedan sus tierras y sus recursos naturales.

Desde hace más de nueve años la Comisión Federal de Electricidad, apoyada por el gobierno federal, estatal y municipal planeó entrar sin permiso (como siempre lo ha hecho en todo el país) en las tierras comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco. Metió su maquinaria y empezó a realizar trabajos donde tenía planeado construir la cortina de la presa La Parota. Compró a los representantes agrarios y los utilizó para que hicieran el trabajo sucio de dividir, coptar y autorizar su entrada. Siempre subestimaron la capacidad organizativa, crítica y valiente de los campesinos y campesinas, a quienes han visto en todo momento como entes sin razón y fácilmente manipulables. Nunca imaginaron que en el 2003 iba a emerger desde el corazón de Cacahuatepec un movimiento de campesinos que han sido un ejemplo de tenacidad, inteligencia y capacidad para enfrentar batallas jurídicas que le han dado la razón. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), es la expresión de una lucha histórica de los campesinos e indígenas que está vigente y que se confronta con el gobierno porque no respeta su derecho a ser consultados.

En este caso del proyecto hidroeléctrico vemos cómo el gobierno utiliza las leyes para impedir que todos los campesinos participen en las asambleas; a través del padrón de comuneros se tiene el control de los que tienen derecho a participar; la misma facultad que se le da al comisariado de bienes comunales para convocar a las asambleas le permite a la Procuraduría Agraria maniobrar para hacer asambleas de 15 minutos. Por eso es tan importante contar con autoridades afines para  garantizar el control de la asamblea y lograr los objetivos de permitir la entrada de la CFE.

Esto mismo se está haciendo en varios núcleos agrarios donde se tiene planeado realizar trabajos de exploración por parte de las empresas mineras. Se busca ganar a comisariados afines, se ofrecen proyectos para algunos comuneros o ejidatarios (no hay programas que beneficien a todos), con la intención de generar inconformidad y división. También se plantean los programas de pago por servicios ambientales con el fin perverso de que las comunidad ya no tenga el control de su territorio y quede regulado por agentes externos. Todo el trabajo que se está haciendo con algunos comisariados de bienes comunales y ejidales es con el fin de imponerles una agenda gubernamental muy distante de la agenda de los pueblos. De lo que se trata es de incrustar programas, proyectos y acciones que mediatizan, desmovilizan y fragmentan a las comunidades indígenas.

Todo el tema de la conflictividad agraria está descuidado. A los funcionarios no les interesa que los pueblos están enfrentados, lo que buscan afanosamente es que la gente acepte sus propuestas y sus obras porque urge avanzar con la autorización de la asamblea para que inicien los trabajos de las mineras. No hay un tratamiento responsable y comprometido por parte de las diferentes dependencias para contener las agresiones entre las comunidades por la disputa de tierras. Se sigue ahondando la confrontación y los costos son muy altos por todo lo que representa vivir en riesgo constante, con temor de sufrir una agresión con arma de fuego o de perder la vida.

No puede seguir corriendo la sangre de la gente que lucha por su tierra y por su sobrevivencia. El gobierno no puede permanecer impasible ante situaciones de alta conflictividad donde la gente vive atrincherada para poder asirse a la vida. Son varios conflictos muy críticos que deben atenderse con sumo cuidado y no sólo dosificar su atención con la idea perversa de que esta violencia es menos costosa política y económicamente, que la que se vive en los lugares turísticos del estado.