El narco mexicano y grupos terroristas, sin vínculos, revela gobierno de EU

Jesús Esquivel / Agencia Proceso

Washington

El gobierno estadunidense de Barack Obama sostiene que no existen evidencias de posibles nexos entre grupos del terrorismo internacional con el crimen organizado y el narcotráfico en Mé-xico.

“No hay evidencia de nexos entre organizaciones criminales mexicanas con grupos terroristas ni tampoco de que las organizaciones criminales tengan control político o territorial”, se advierte en el informe anual sobre la situación del terrorismo en el mundo correspondiente al 2011.

El reporte difundido por el Departamento de Estado enfatiza que el gobierno de México “sigue vigilante” para contener y prevenir las acciones terroristas en el país y a escala internacional.

“Ninguna agrupación terrorista internacional conocida cuenta con presencia operacional en México y ningún grupo terrorista atacó a un ciudadano de Estados Unidos en el territorio mexicano o desde éste”, se revela en el reporte anual.

En términos generales, el informe acota que las autoridades mexicanas incrementaron su colaboración con Estados Unidos en el combate al terrorismo internacional, y que además mejoraron la labor de la vigilancia de la frontera común.

Sobre las organizaciones del crimen organizado, el Depar-tamento de Estado asegura que éstas lo que buscan “es proteger y ampliar la impunidad con la que realizan sus actividades criminales” en México.

También resalta la mejoría en las habilidades de las Fuerzas Armadas de México en operaciones antiterroristas, para lo cual el gobierno de Estados Unidos se ha encargado de proveer entrenamiento y equipo a las autoridades mexicanas, agencias policiales y de seguridad.

“Estados Unidos también ha respaldado los esfuerzos de México para abordar los retos de seguridad a lo largo de sus fronteras en el norte y en el sur”, matiza el reporte sobre el terrorismo.

El Departamento de Estado indica que la cooperación antiterrorista con México consiste básicamente en la puesta en marcha de programas para analizar de manera conjunta las amenazas transnacionales.

Asimismo, en el intercambio y promoción de información de inteligencia, el uso de tecnologías para analizar y revisar cargamentos de todo tipo, y la información de pasajeros que entran o salen del territorio mexicano.

“El gobierno de México ayudó al de Estados Unidos a desmantelar un complot para asesinar al embajador de Arabia Saudita”, subraya el Departamento de Estado en el reporte.

“El 29 de septiembre (de 2011) en Nueva York, agentes de Estados Unidos arrestaron al ciudadano iraní-estadunidense Manssor Arbabsiar, después de que el gobierno mexicano le negara la entrada a México”, se admite en el documento.

Además, se aclara en el informe que el detenido planeaba la eliminación del diplomático saudita.

El ciudadano iraní-estadunidense presuntamente quería contratar a sicarios del grupo criminal de Los Zetas para llevar a cabo en Washington el asesinato del embajador saudita.

El Chapo, principal objetivo del fallido Rápido y Furioso

La mayoría republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reveló ayer que el objetivo central de la fallida operación Rápido y Furioso instrumentada por la Oficina de Alcohol, Tabasco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) era ubicar la red de distribución y la guarida de los principales capos del cartel de Sinaloa que dirige Joaquín El Chapo Guzmán.

Además, identificó a cinco funcionarios de la ATF como responsables de los yerros que llevaron al fracaso de dicha operación:

Kennet Melson, director en funciones de la ATF; William Hoover, subdirector; William McMahion, director de la división de Phoenix; William Newell, agente especial, y Mark Chait, director adjunto de Operaciones.

En su informe de dos mil 359 páginas titulado La Anatomía de una Fallida Operación: Parte I de III, los republicanos señalan que la operación Rápido y Furioso surgió de una nueva estrategia implementada por el gobierno de Barack Obama para detener el flujo de armas ilegales de Estados Unidos hacia los cárteles mexicanos de las drogas.

“La operación ‘Rápido y Furioso’ nació de esta estrategia. El plan de la administración cambió el énfasis en combatir a los cárteles de las drogas de enfocarse simplemente en confiscar armas a identificar las redes que las trafican (…) pero este esfuerzo tuvo un éxito mixto”, se indica en el informe.

El objetivo era, entre otros, ubicar la red de suministro de armas de alto poder al cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte legislativo, la investigación que realizaron los representantes republicanos incluyó la revisión de más de 10 mil documentos y la realización de dos decenas de entrevistas.

Según el documento, desde el inicio de la pesquisa los cinco funcionarios identificados como responsables han sido reasignados dentro de las filas de la ATF, la cual experimentó a su vez una transformación interna a raíz de “Rápido y Furioso”.

Del agente Newell, menciona que tenía una “meta audaz”: “intentaba desmantelar la red de tráfico de armas” que abastecía al cártel mexicano de Sinaloa.

“Cuando la administración Obama resucitó un caso previo en donde la división uso imprudentes tácticas para dejar ‘caminar’ las armas, Newell vio la oportunidad”, según el reporte.

Para ello la ATF instruyó a los agentes a no confiscar armas y la procuraduría de Arizona convenció a los distribuidores de armas a cooperar con información en tiempo real. Aunque se les aseguró que las armas serían decomisadas; “eso fue falso”, sostuvieron los legisladores en su reporte.

“La ATF y la Oficina de la Procuraduría en Arizona fallaron en considerar y proteger la seguridad de los estadunidenses y de los mexicanos, y de otros agentes policiales”, dijo el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por California, Darrell Issa.

“La ATF dilapidó tiempo, dinero y recursos en interceptaciones, y puso en peligro a agentes”, añadió su colega, el senador republicano de Iowa, Charles Grassley. Ambos aludían a la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza (PF) Brian Terry en 2010.

La investigación sostuvo que la mención de los cinco funcionarios no exime la posible responsabilidad de otros funcionarios de la administración Obama.

Durante las audiencias de la investigación, los republicanos acusaron al Departamento de Justicia de “encubrimiento criminal” con motivo de Rápido y Furioso, una acusación que sirvió de base para declarar al procurador Eric Holder de desacato en junio pasado.

El documento es el primero de tres reportes que serán entregados por el Comité de Supervisión, en momentos que aún se aguarda la divulgación del informe especial que elabora el Inspector General del Departamento de Justicia.