Arturo Solís Heredia

Canal Privado

 

* De usureros y chalanes

 

El pasado lunes, el gobernador Ángel Aguirre anunció que “habrá de cancelar el pago de todos los créditos que contrataron préstamos y adquirieron enseres domésticos con empresas de préstamos, debido a que el salario de miles de trabajadores del sector educativo se ha reducido drásticamente y en algunos casos cobran quincenas de 300 pesos.

Ante unos 600 asistentes al festejo del “Día del personal de apoyo y asistencia a la educación”, Aguirre Rivero adelantó que “va tras empresas que defraudaron y cobraron altos intereses por los créditos y que les descontaron al personal de la SEG, a las que calificó como “lacras”.

Más adelante en su discurso, el gobernador reveló que esas empresas convirtieron a la Secretaría de Educación “en un empleado”, porque “se encargaba de estarles cobrando para darle a los señores empresarios lo que ellos les habían entregado”.

La recriminación de Aguirre a las empresas de usura recordó su declaración a la revista Proceso, sobre la empresa Televisa: “Nos quiere tratar (a los gobernadores) como sus chalanes”.

Desde esa perspectiva, el anuncio del lunes del gobernador, pareciera un acto de respetable congruencia; si la amenaza se convierte en hecho, será una muestra esperanzadora de que Ángel Aguirre quiere pasar del discurso populista a la acción política, de que puede atreverse a cumplir sus promesas electorales con reivindicaciones sociales, a defender derechos de los ciudadanos con actos de poder, y no sólo con palabras bonitas.

Pero no sólo por el anuncio del lunes, el gobernador merece al menos el beneficio de la duda: en días pasados, Aguirre anunció que promoverá la creación de un ‘Banco de los Pobres’, para evitar que empresas financieras y casas de empeño defrauden a los guerrerenses de escasos recursos económicos.

“No permitiré que usureros que no tienen alma ni corazón se sigan aprovechando de los que menos tienen, principalmente los campesinos indígenas. Según refiere Juan Antelmo García Castro, en su columna ‘Tumbando caña’ del Diario de Guerrero, este banco popular “tendrá como objetivo entregar apoyos de financiamiento a quienes más lo necesiten, ‘para que nuestros paisanos más endeudados no tengan que andar pidiendo prestado a las casas de empeño’, subrayó el gobernador”.

La propuesta de Aguirre coincide con la posición del grupo parlamentario del PRD en el Senado, integrado por Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, quienes sometieron a la consideración de la Comisión Permanente, el miércoles 11 de enero de 2012, una proposición “relativa a los abusos de las casas de empeño en materia de tasas de interés y cotización prendaria, con base en los siguientes antecedentes:

“Hoy el significado ‘empeñar’ es muy distinto para una familia mexicana conforme crecen sin regulación las casas de empeño informales y desplazan del mercado a instituciones de asistencia privada de reconocida tradición y que cumplen con los actuales requisitos de la ley en la materia. Empeñar en tiempos de crisis en establecimientos sin regulación se ha vuelto una necesidad para las familias de escasos recursos que requieren de un financiamiento rápido frente a los gastos de navidad y año nuevo, pero que fundamentalmente son dos periodos donde se tienen que empeñar los artículos más preciados del familia: la cuesta de enero y el regreso a clases en septiembre.

“La situación que guarda el sector de casas de empeño es el resultado de la disfuncionalidad de un sistema bancario que presta poco, altas tasas de interés y elevados requisitos. Las casas de empeño cubren la demanda de los consumidores y usuarios que no puede atender el sistema financiero con la diferencia de que las tasas de interés son hasta cuatro veces más altas que las que cobran los bancos, aun cuando existe una garantía prendaria y una subvaluación incluso de 80 por ciento del valor de prenda.

“En la actualidad a la par de las instituciones dedicadas a la realización de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria con fines de beneficencia, ha emergido un mercado de casas de empeño de giro mercantil con fines de lucro, que aunque realizan el mismo acto pignorante, su objetivo es de lucro y sin ningún beneficio para la sociedad. Hoy, la denominación de casa de empeño funge un papel muy distinto al de la beneficencia, la falta de un marco normativo en relación a su actividad prendaria del orden comercial, ha significado para los usuarios un alud de quejas contra las casas de empeño”, como elevadas y desproporcionadas tasas de interés prendario, usura y agiotismo, abuso en los criterios de avalúo de las prendas, condiciones desventajosas de los contratos de adhesión, preeminencia por parte de la casa de empeño para no generar condiciones de pago del préstamo prendario, y crecimiento de la informalidad en el sector.

Más adelante, los senadores perredistas señalan que “la proliferación de los establecimientos mercantiles con fines de lucro, como se ha dicho, es necesario legislar a efecto de contar con una ley que establezca los criterios y controles que regirán su apertura y funcionamiento, procurando de esta manera dar certeza de que las actividades que realicen las casas de empeño no vulneren el derecho de los más desprotegidos, logrando así la debida tutela de su patrimonio”.

La preocupación no es para menos, considerando los datos duros sobre el sector: en el país hay alrededor de 6 mil casas de empeño, cuyas ganancias ascienden a más de 12 mil 500 millones de pesos; pero la mayoría opera sin regulación ni inspección.

No conozco datos duros sobre las casas de empeño que operan en el estado, pero si no atenemos a las cifras nacionales y calculamos un promedio simple, en Guerrero habría más de 180 empresas del ramo, con una ganancia anual cercana a los 400 millones de pesos.

Habrá que ver si los dichos se traducen en hechos.

 

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