No cumple el gobierno las medidas cautelares que pidió la CIDH para ella y su hija, denuncia Rosalinda Vargas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Estado mexicano no ha cumplido con las medidas cautelares que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger la integridad física y que se haga justicia a la ex pareja sentimental del ex secretario de Gobierno y ex procurador de Justicia de Guerrero, José Rubén Robles Catalán, Rosalinda Vargas Barrera y su hija Elizabeth Olguín Vargas.

Ambas mujeres se encuentran en riesgo por el hostigamiento, amenazas y persecución de que están siendo objeto por buscar justicia desde hace 28 años, cuando Rosalinda demandó pensión alimenticia a Robles Catalán, lo que le ha valido encarcelamiento, amenazas persecución, así como el secuestro y violación de su hija.

La señora Rosalinda Vargas Barrera denunció que el Estado mexicano se niega a cumplir las medidas cautelares que recomendó la CIDH en materia de seguridad y justicia, luego de que acusó que sigue siendo víctima de hostigamiento, persecución y amenazas por parte de grupos de poder en el gobierno estatal, que vienen funcionando desde hace 28 años, cuando su ex pareja Rubén Robles Catalán –ejecutado el 6 de julio de 2005–, ex secretario de Gobierno y ex procurador de justicia, la acosó legalmente en venganza porque le demandó pensión alimenticia para una hija que procrearon.

En conferencia de prensa, Vargas Barrera, acompañada de su hija Elizabeth Olguín Vargas, recordó que el  3 de marzo la CIDH solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para ellas, “hasta la fecha, ni el gobierno federal ni el estatal han hecho la parte que les corresponde, y por el contrario el gobierno mexicano solicitó a la CIDH que retire dichas medidas”.

Explicó que el problema se presentó desde septiembre de 1984, cuando demandó pensión alimenticia al entonces procurador de Justicia, José Rubén Robles Catalán –acusado también de participar en la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, en 1995–, quien también fue ex secretario general de gobierno y ex líder estatal del PRI, con quien le unía una relación sentimental.

Mencionó que desde hace 28 años ha sufrido en carne propia el escarnio, la persecución, la cárcel, amenazas de muerte y la denegación de la justicia, por lo que culpó al actual gobierno estatal que encabeza Ángel Aguirre Rivero, y a los anteriores de no hacerle justicia, “los funcionarios que nos han amenazado a mí y a mis hijas siguen ocupando cargos en el gobierno estatal y sobre todo en a Procuraduría de Justicia del Estado”.

Enumeró algunos hechos de violencia en su contra, “en 1989 por presiones de Robles Catalán, estuve presa un año y medio, me acusaron de posesión de mariguana; el 6 de julio de 2009, fue secuestrada mi hija Elizabeth Olguín Vargas, que durante su cautiverio fue víctima de abuso sexual y tortura, por eso solicitamos medidas cautelares a la CIDH, mismas que se determinaron el 3 de marzo de 2010, pero después de 28 meses no se nos han otorgado”.

Para finalizar, demandó el cumplimiento de las medidas cautelares “garantizar una investigación eficaz del secuestro de mi hija, fincar responsabilidades penales y administrativas a los servidores públicos que han intervenido en la violación a sus derechos, alto a la criminalización de que son objeto por los órganos de procuración de justicia del estado de Guerrero, y alto a la obstrucción de sus derechos laborales”.