Se orienta hacia la impunidad el juicio a policías detenidos por el caso Ayotzinapa, advierten

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Ante un amparo favorable a los policías ministeriales detenidos y acusados por el homicidio de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, deudos de las víctimas, integrantes del comité directivo estudiantil y sus abogados presentaron un recurso para revisar la actuación del juez federal, a fin de que los inculpados sean llevados a juicio, pues denunciaron que observan en el proceso una orientación a la impunidad, y eso coloca a los agraviados en una situación de riesgo en su demandan de justicia.

El amparo para efectos que otorgó el Juzgado Primero de Distrito contra el auto de formal prisión de los policías David Cortés Flores e Israel Matadama Salinas, fue porque no encontró elementos que confirmara que los inculpados dispararon sus armas contra los estudiantes asesinados, y regresó el expediente al juez de primera instancia para que vuelva a determinar auto de libertad o de formal prisión, con nuevos elementos.

En conferencia de prensa, los afectados manifestaron que si los presuntos autores materiales recuperan la libertad, quedará confirmado que el gobierno actuó de manera coyuntural ante la represión policiaca del 12 de diciembre, para apagar la presión social, apostar al olvido de las víctimas y a la impunidad.

Recordaron que la PGJE fue la que integró la pruebas contra los señalados y en últimas fechas, la procuradora Martha Elva Garzón Bernal, aparece como defensora de los servidores públicos de su corporación, frente la Procuraduría General de la República (PGR), encargada de los procesos.

En la Red Guerrerense de Derechos humanos, los dirigentes estudiantiles Hernán Estrada Torres y Diego Castro Domínguez, subrayaron que desde el desalojo de la manifestación, los alumnos señalaron que los disparos contra los normalistas provenían de la policía federal, que comenzó la agresión, pero también de los policías ministeriales el estado.

Lamentaron que para deslindarse de responsabilidades, los indiciados de la PGJE digan que los normalistas no señalaron la participación de la Policía Federal, pero subrayaron que no corresponde a los estudiantes ni a sus abogados determinar a los responsables de los hechos, sino a las instituciones encargadas de impartir justicia.

Asimismo, recordaron que existen pruebas científicas que indican que los disparos de la ejecución de sus compañeros, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, venían de los ministeriales, y que las pruebas que aportaron los normalistas fueron relegadas.

Los padres de Gabriel, Gabriel Echeverría Juárez y María de Jesús Florentino, expresaron su inconformidad ante la posible liberación de los acusados y presentaron una fotografía, ampliamente difundida los primeros días de la represión, de uno de los policías en posición de tiro y con la mano en el gatillo, en dirección a los estudiantes.

Del Centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollán, Abel Barrera Hernández, denunció que ni las autoridades estatales ni federales están atendiendo el caso en su justa dimensión y existe el riesgo de que se consolide la impunidad.

“Vemos cómo desde distintos frentes se trabaja para generar impunidad, es grave porque pone en mayores riesgos a los padres de las víctimas, a los estudiantes, al movimiento de los jóvenes que se le sigue denigrando en su denuncia, cuando ya está probada la responsabilidad de las corporaciones policiacas”.

Insistió en que las autoridades estatales y federales, para deslindar responsabilidades están actuando de manera oficiosa, “es grave porque sabemos lo que representa un acto concertado y asumido institucionalmente para garantizar impunidad”.

Aseguró que con otra injusticia “se envalentonarán los grupos de poder que siempre han actuado de manera impune, masacrando a quienes han exigido justicia y, en este caso, a quienes han demandado el derecho a la educación”.

Acciones para demandar justicia

El abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinoza, indicó que ante el amparo para efectos que favorece a los policías ministeriales en prisión, las víctimas harían valer un recurso para revisar la actuación del juez primero de distrito por un tribunal colegiado que presentarían la misma tarde de ayer.

El defensor advirtió que si los acusados recuperan la libertad, “sin duda confirma que la PGJE habría actuado para apagar el fuego desde un principio, incriminando a dos funcionarios públicos y en espera de que estos hechos se le olvidaran a la sociedad y a las víctimas”.

Insistió en que el ejercicio de la acción penal contra los acusados fue porque se confirmó mediante pruebas científicas que la trayectoria de heridas de bala en los jóvenes asesinados, venían de donde estaban los ministeriales, y por eso, los afectados exigen que mínimamente todos los procesados sean juzgados.

Reconoció que los procesos por el caso de Ayotzinapa están cargados de irregularidades y deliberados actos de encubrimiento, y añadió que no confían en las investigaciones de la PGR porque, aunque abrió averiguaciones contra los actos de tortura y malos tratos cometidos por policías federales, en lugar de tratar a los normalistas como víctimas, les dio un trato de indiciados, “no les pedían que identificaran a los agresores, sino otra serie se circunstancias que no estaban vinculadas”.

Dijo que cuando la PGR supo que la PGJE puso en libertad a un joven a quien se le sembró un cuerno de chivo para incriminarlo, abrió procedimiento contra los funcionarios que lo dejaron en libertad, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos ofreció otros indicios que tienen que investigarse exhaustivamente y que prácticamente no han sido considerados.

“La PGR lejos de contribuir, ha enturbiado más el escenario porque acusó a algunos funcionarios, considerando que cometieron un delito por liberar a estudiantes y no por las graves violaciones a los derechos humanos que ahí ocurrieron”.

Insistió que los defensores y las víctimas no señalaron directamente a nadie, fueron las pruebas recabadas por la PGJE las que tienen incriminados a los policías ministeriales, y consideró que hay suficientes elementos para que los acusados sean juzgados.