Faltan por evaluar seis de cada diez policías en el país, reporta el CNSP

Antonio Baranda y Rolando Herrera / Agencia Reforma

Ciudad de México

Ayer, durante la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el gobierno federal hará un llamado a los gobiernos estatales para acelerar el paso tanto en la aplicación de controles de confianza a sus policías como en la depuración de aquellos elementos que, tras ser sometidos a las pruebas de ley, resultaron “no aptos”.
Un reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fechado en julio, señala que únicamente 168 mil 221 de los 429 mil 672 elementos locales activos que hay en todo el país han sido evaluados.
Es decir, que 261 mil 451 agentes estatales y municipales (6 de cada 10) están pendientes de aplicar el control. Del total de evaluados, 38 mil 311 aún tiene pendiente el resultado.
De acuerdo con el secretariado, los estados con mayor atraso son: Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Campeche y Veracruz.
En días pasados, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, informó que 113 mil elementos ya fueron declarados “aptos” -por los 24 centros certificados de control de confianza que hay en el país- para ejercer funciones de seguridad y procuración de justicia.
En declaraciones realizadas el 25 de julio, agregó que hay un número “muy importante” de agentes que reprobó la batería de pruebas obligatorias y sigue sin ser depurado de las corporaciones locales.
Según datos oficiales del SNSP, el 21 por ciento del personal evaluado reprobó el control de confianza. Los casos, que ascienden a más de 35 mil, van desde perfiles “no aptos” en términos médicos o sicológicos, hasta el presunto involucramiento en ilícitos.
La Ley Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece el 3 de enero de 2013 como fecha límite para que integrantes de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia sean sometidos a evaluaciones, de ahí la urgencia para apurar la certificación.
Durante la sesión que encabezará el presidente Felipe Calderón en el Palacio Nacional también se prevé un llamado a los gobernadores y al jefe del Distrito Federal para que certifiquen con mayor rapidez al personal que trabaja en los 27 Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, conocidos como C4, que operan en el país, para darle confianza a los ciudadanos y se atrevan a denunciar telefónicamente los delitos que sean de su conocimiento.
Otros dos rubros que serán puestos sobre la mesa son las bases de datos de personas desaparecidas y de homicidios vinculados al crimen organizado, que en el papel deberían estar completas desde mayo pasado, pero que han sufrido retrasos debido a las entidades no han suministrado la información conforme a los calendarios que fueron acordados con la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta sesión del Consejo, la número 33, tendrá la particularidad de que se le dará voz a cinco ciudadanos que han sido invitados para que hablen de distintos temas, ellos son Alejandro Martí, presidente de México SOS; María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Héctor Larios Santillán, coordinador del Observatorio Nacional Ciudadano; Arturo Valenzuela, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Julia Monárrez, académica del Colegio de la Frontera Norte.