Recibe la Corte aportes de especialistas sobre la eliminación del fuero militar

Sergio Ferrer

Ciudad de México

Especialistas de diversos países, entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuatro documentos Amicus curiae, que contienen aportes en cuanto a investigaciones de casos sobre el acotamiento o regulación del fuero militar a nivel internacional, previo a la discusión que tendrán jueces al respecto.
A partir de hoy y probablemente hasta el lunes, ministras y ministros discutirán sobre la situación de alrededor de 30 casos y su jurisprudencia vinculada al acotamiento del fuero militar para que sean llevados en el fuero común y no bajo la justicia militar.
Uno de estos casos es el del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, asesinado extrajudicialmente por militares el 20 de junio de 2009 cuyo caso ganó un amparo federal para que no fuera remitido al Ministerio Público Militar como lo desea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También hay casos de Nuevo León, Morelos y otros estados, pero aún no se tiene información abierta de estos.
Bonfilio era migrante, tras haber ido a visitar a su familia en Tlatzala, comunidad indígena de Tlapa, emprendió de nuevo el viaje a Estados Unidos de Norteamérica pero murió por las balas de elementos del Ejército que dispararon indiscriminadamente contra el camión en el que viajaba durante un retén en Huamuxtitlán.
Hace varios meses, en una rápida visita a Tlatzala, los padres de Bonfilio, se dirigían de Tlapa a su comunidad después de hacer algunas pequeñas compras, al dialogar un poco con ellos ya que su lengua madre es el náhuatl, la madre del joven asesinado injustificadamente, lloró al recordar a su hijo.
Secundino Rubio, el padre, relató que sabían que en México estaban llevando el caso de su hijo, contó que militares hace tiempo habían ido a ofrecerles dinero como reparación del daño, sin embargo, “lo que queremos es justicia para nuestro hijo”, afirmó en náhuatl su esposa.
En la casa de la familia Rubio, aún se hacen comales para venderlos, los elaboran de barro y sin horno, sólo se coloca la leña en el piso. La familia, mostró la fotografía orgullosos de su hijo; él, que les dejó la construcción de una pequeña casa de material a medias, donde la abuela llora al recordar a su nieto.
En las discusiones de la SCJN sobre éste y otros casos, estarán presentes algunos familiares de las víctimas como el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas, su cuñada y otros más que están por confirmarse.
En conferencia de prensa, Stephanie Erin Brewer del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, anunciaron la entrega de cuatro documentos elaborados por instituciones o personas expertas en la materia que dan una opinión e información sobre los estándares internacionales en materia del fuero militar que se han dado en la región.
Erin Brewer, destacó que la decisión que tomen los magistrados no es sólo para el ámbito legal o una formalidad, sino que tendrá impacto en la vida de muchas personas del país, “es una oportunidad histórica de terminar con la impunidad así como del reconocimiento de un liderazgo en materia de justicia para la SCJN”.
Los documentos fueron emitidos por el Centro Pro, otro en conjunto por las clínicas internacionales de derechos humanos de Standford y Harvard, el Comité Internacional de Juristas y tres organizaciones de América Latina de Argentina, Colombia y Perú.
En estos tres países, las cortes supremas han tenido papeles importantes; por ejemplo en Argentina se declaró inconstitucional el Código de Justicia Militar, determinándose que en delitos ordinarios que no sean faltas de orden militar, serán ventilados en lo civil. Por su parte el Comité de juristas expone a magistrados el seguimiento de procesos en Chile, Bolivia o Haití por citar algunos.
Y es que en caso de que la SCJN no reconociera la fuerza vinculatoria de veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los límites del fuero militar que están ya en estándares internacionales ya establecidos, “México estaría llegando tarde al reconocimiento mundial de los derechos humanos”, afirmó.
Santiago Aguirre, abogado de Tlachinollan, indicó que el fuero militar no es actualmente compatible con los derechos humanos internacionales, la no investigación de elementos castrenses por instancias de lo civil favorece la impunidad.
Aunque existe obligación internacional para acotar el fuero militar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha desechado las decisiones de la Corte interamericana y juzgados federales, impugnando diversos fallos en casos como el de Bonfilio en el cual se busca restringir el fuero militar y atraer la jurisprudencia a su expediente.
Ante esto, los ministros están obligados a retomar la interpretación de la Corte Interamericana respecto a lo discutido en pleno durante 2010 y 2011 pero no hay certeza de sus decisiones continuando probablemente las discusiones hasta el día lunes.
Se destaca que dentro de los más de 28 casos que la SCJN tiene bajo su conocimiento, si son resueltos cinco en el mismo sentido mediante un fallo aprobados con el voto de al menos ocho ministros del Pleno, podría establecerse la jurisprudencia obligatoria sobre los límites del fuero militar.

Preocupaciones de las víctimas

Algunas de éstas son que la Sedena considere realizar acciones de acercamiento con la SCJN, la postura contraria a la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana por parte del ministro Aguirre Angiano que favorece el fuero castrense, la nula notificación de que existan cinco casos con las características del amparo en revisión relativo al caso de Bonfilio o que el Pleno podría repetir su negativa de reconocer legitimidad procesal a las víctimas como lo hizo en el caso de la señora Reynalda Morales Rodríguez.
Es así que marcará un precedente la revisión del Expediente varios 912/2010 del máximo tribunal de la nación.
_¿Qué pasaría de no ocurrir una situación favorable para las víctimas?
En la conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del Centro Pro, en sesión de preguntas, Aguirre respondió en caso de que la SCJN no diera como válidos los recursos de amparo, que las víctimas de los familiares quedarían sin recursos en el ámbito interno para buscar la restricción del fuero militar que conllevaría el acceso a la justicia civil.
Lo anterior, de ocurrir, sería un incumplimiento a cuatro fallos de la CIDH contra el fuero militar y un desafío abierto a las obligaciones internacionales por parte del Estado mexicano, aun cuando ya hay precedentes en la materia a nivel internacional.
También sería contradictorio porque ya estableció el reconocimiento a las sentencias de la Corte por lo que México estaría quedando atrás y apartado de los estándares regionales.
_¿Y de obtener el PRI el poder ejecutivo que se esperaría de la observancia de estos casos?
Santiago Aguirre, señaló durante la cita con medios para hacer pública la entrega de los documentos, que legisladores del PRI, frenaron reformas en la materia del fuero militar, por lo que no se prevería un buen panorama en caso de que dicho partido ostente el poder ejecutivo.
Con una nueva legislatura y nuevo poder ejecutivo, detalló el abogado se abre una oportunidad para impulsar una reforma al Código de Justicia Militar compatible con la Constitución y los tratados que ha firmado México a nivel internacional.
Sin embargo, lo real es que políticos del PRI, no se han caracterizado por poner el tema de las restricciones al fuero militar en su agenda legislativa, al contrario, se han concentrado en intentar fortalecer el fuero a través de casos como la Ley de seguridad nacional, donde jugaron un papel importante.
Asimismo los senadores de dicho partido junto con el PAN, frenaron los avances en las reformas para el acotamiento del fuero militar, siendo Manlio Fabio Beltrones uno de los actores principales.
Ante esto, no se puede hablar que el Partido Revolucionario Institucional, en caso de aceptar las autoridades electorales su llegada al Ejecutivo, “tenga una posición de apoyo ni comprensión con el respeto a los Derechos Humanos, no está en su plataforma electoral”, aseveró Aguirre.
_¿Cómo repercutiría la decisión que tome la SCJN en gobiernos estatales cuando vemos casos como el de Guerrero en los cuales el gobierno aguirrista ha dotado de vehículos al Ejército en Acapulco?
En respuesta a El Sur, el abogado respondió que sería un impacto indirecto en la necesidad de que haya controles civiles de las fuerzas armadas, ante la realidad de que estados le están apostando a la militarización de la seguridad pública aun cuando representa un incremento en el riesgo de violación a derechos humanos y se ha comprobado que ha resultado una estrategia no efectiva en el país.
Ahondó que es necesario fortalecer los controles civiles de las fuerzas armadas así como la necesidad de rendición de cuentas de la Sedena frente a dichos poderes, ya que en casos en los cuales se pelea la instauración del fuero civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, no ha cooperado ni sujetado a los poderes civiles, es el caso de Inés y de Valentina, las indígenas violadas por elementos castrenses, ya que de manera discrecional han mostrado poca cooperación con la propia PGR, no enviando información básica como los oficios de averiguaciones previas de ambos casos lo que representa un desacato a la Procuraduría.
La Sedena, a través de diversos recursos legales, ha realizado una interpretación literal y estrecha del marco jurídico mexicano para firmar que el Pleno de la SCJN no puede establecer jurisprudencia obligatoria a través de una consulta a trámite para desahogar un expediente Varios como lo fue el abierto para analizar la sentencia Rosendo Radilla Pacheco.
Este jueves, el hermano de Bonfilio y su cuñada, así como familiares de víctimas de Nuevo León y Morelos que están por confirmar su asistencia, acudirán al pleno para escuchar las conversaciones de los magistrados respecto a sus casos en los cuales hubo violaciones a derechos humanos por parte de efectivos del Ejército Mexicano.