Piden legisladores federales del PRD que se cite al presidente de la CNDH por el caso Ayotzinapa

Daniel Velázquez

El senador Carlos Sotelo García y los diputados federales Teresa Incháustegui Romero y José Luis Jaime Correa, del PRD, solicitaron que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, comparezca ante el pleno de la Primera Comisión Permanente para informar sobre los avances de la recomendación emitida por el asesinato de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre en la Autopista del Sol.
De acuerdo con un boletín emitido por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el senador y los diputados solicitaron la comparecencia del presidente de la CNDH porque “la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades federales y estatales realizaron diversas actuaciones y declaraciones que no permitieron facilitar el esclarecimiento de los hechos, y que en diversas ocasiones obstruyeron el acceso al derecho a la verdad, justicia y reparación”.
En el texto solicitan la comparecencia de Plascencia Villanueva, porque consideran que con el seguimiento puntual a esta recomendación “la CNDH podrá mostrar que va hacia la ruta adecuada, para desempeñar un rol mucho más activo en mejorar la situación de los derechos humanos en México y contribuir a que los resultados de la investigación repercutan en el cabal esclarecimiento de los hechos; la sanción a los responsables; la reparación del daño; y la adopción de medidas de no repetición de los hechos ocurridos”.
“Dada la gravedad de lo documentado por la CNDH, y lo especial de dicho proceso, se abre la puerta para un ejercicio inédito en el cual dicho organismo debe rendir cuentas y mantener un puntual seguimiento de las acciones y recomendaciones emitidas. Asimismo, ésta tiene un deber con la población que le ha conferido tan importante poder”, se lee en el documento.
Argumentan además que la nueva facultad de investigación atribuida a la CNDH, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, “no puede satisfacerse con la sola apertura de un expediente de queja y la emisión de una recomendación más”.
La Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución que presentaron el senador y los diputados está en trámite, de acuerdo con la gaceta del Senado de la República donde se pudo consultar el documento.
La recomendación a la que se refieren es la emitida el 28 de marzo por la CNDH, 1VG/2012, en la que plantea indemnización, disculpa pública y juicios políticos. Recomienda presentar ante la PGR demandas penales contra los servidores públicos involucrados y al gobernador Ángel Aguirre Rivero le pidió abrir denuncia de juicio político ante el Congreso, contra los funcionarios que intervinieron en los hechos, entre los que incluyó al entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte; al entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Miguel Arreola, y al Congreso le pidió facilitar el juicio político contra el entonces procurador Alberto López Rosas.
En el escrito, el senador y los diputados señalan que dadas las evidencias obtenidas por la CNDH, “se pudo observar que los cuerpos de seguridad que participaron en los hechos emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego con el objetivo de reprimir la manifestación, sin que existieran evidencias de una debida coordinación, y el uso de protocolos o lineamientos de actuación antimotines, que previnieran la afectación física de las personas que se manifestaban y de terceros ajenos a los hechos. De igual manera, se observa la responsabilidad por acciones y omisiones consistentes en la tolerancia, anuencia y deber de cuidado para que los elementos de esa corporación que participaron en los hechos no acudieran armados”.
“Los elementos recabados por la CNDH permitieron evidenciar violaciones graves a la libertad de reunión y como consecuencia de ello a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y trato digno. También, observaron transgresiones a los derechos a la verdad e información, y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso de poder, atribuibles a servidores públicos. Lo anterior en agravio de 52 víctimas, así como de un número indeterminado de personas que se manifestaron y otras más que por encontrarse en el lugar estuvieron en riesgo”.
En la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución también exponen que con el análisis de videos, fotografías, certificaciones médicas, entrevistas, actuaciones, “se observó cómo elementos de la citada Policía Federal, de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal, respectivamente, profirieron tratos crueles e indignos a las víctimas”.
Además “realizaron acciones y omisiones en perjuicio de la investigación relativas a la alteración del lugar de los hechos”.
Otra de las observaciones que realizan el senador y los diputados, es que quienes empezaron las agresiones contra los estudiantes fueron policías federales dato que consideran “de particular relevancia”.
Asimismo se comprueba que no hubo una debida coordinación, a pesar de haber comunicación entre todos los cuerpos de seguridad que ahí participaron, esto es, de la Policía Federal, la Policía Ministerial y Policía Estatal.
La CNDH documentó que en la operación intervinieron 71 elementos pertenecientes a la Policía Federal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal; 50 pertenecientes a la División de Fuerzas Federales y 11 a la División de Seguridad Regional; 73 elementos adscritos a la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y 34 a la Policía Estatal Preventiva adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, ambas del estado de Guerrero. De los elementos policiales que participaron, 91 portaban armas de fuego y se comprobó que los manifestantes no portaban tales.