Preocupa a organización contra la tortura que quede en la impunidad el caso Ayotzinapa

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) expresó su preocupación ante la posibilidad de que los homicidios de los dos estudiantes de Ayotzinapa, y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011, queden en la impunidad, por la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH).
En un comunicado fechado en Ginebra, recordó que la CNDH identificó a los policías ministeriales detenidos, como los responsables de la privación de la vida de los dos estudiantes, basándose en extenso material probatorio, y estableció acciones de omisión que también implican responsabilidad del ex procurador Alberto López Rosas, así como del ex director general de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero.
El organismo internacional señaló que sigue con atención el proceso judicial del caso Ayotzinapa para deslindar las responsabilidades en el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como en los delitos de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias, entre otras graves violaciones a los derechos humanos que distintas corporaciones policiacas cometieron contra los estudiantes, durante una manifestación.
Declara que que observa con preocupación el amparo que se concedió a Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, acusados de la muerte de dos estudiantes, porque en su investigación la CNDH identificó a los policías ministeriales como los responsables de la privación de la vida de los dos jóvenes, basándose en extenso material probatorio.
Recordó que en otro momento, la OMCT recibió con satisfacción la intervención de la la CNDH en el caso, en uso de una nueva facultad constitucional que la habilitó para conducir una investigación especial por graves violaciones a derechos humanos.
De esta investigación, destacó que entre las conclusiones del organismo, en la recomendación 1 VG/2012, del 27 de marzo de 2012, quedó establecido que las autoridades competentes están obligadas a dar seguimiento a la recomendación de la CNDH; pero hay nuevos elementos que generan inquietud al organismo, respecto a este cumplimiento.
Se indica que a través del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que se encarga de la defensa de los normalistas en este proceso, conocieron que el juez primero de Distrito en el estado de Guerrero dictó un amparo a favor de los dos policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, que habían sido acusados de la muerte de los dos estudiantes.
“En virtud de la resolución dictada, el juez primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo (que determinó el auto de formal prisión, que fue impugnado por los acusados), debe dictar una nueva resolución en la que determine la situación jurídica de los acusados”; es decir el auto de libertad o de formal prisión.
En este contexto, la OMCT expresó su profunda preocupación por la posibilidad de que estos homicidios queden en la impunidad y convocó a las autoridades competentes, en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a cumplir con su obligación de investigar con debida diligencia y defender el interés de las víctimas en el marco de los procesos penales en curso.
Pero subrayó que este proceso debe estar apoyado en las conclusiones de la investigación que desarrolló la CNDH y que están contenidas en la Recomendación 1 VG/2012; donde se identificó a los dos policías ministeriales como los responsables de la privación de la vida de los dos estudiantes.
Asimismo, indicó que la CNDH concluyó que la conducta “por acciones y omisiones consistentes en la tolerancia, anuencia y deber de cuidado (…) implica una responsabilidad” del ex procurador Alberto López Rosas, así como del ex director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero en los eventos del 12 de diciembre. Por lo tanto, la CNDH concluyó que ellos también deben ser exhaustivamente investigados por la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.
Por todo lo anterior, la OMCT reiteró el llamado a las autoridades a investigar debidamente, identificar, enjuiciar y sancionar a los autores materiales y cargos políticos responsables de todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa.