Podría terminar la impunidad del Ejército por violaciones a derechos humanos: Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el contexto de la discusión que iniciará el 6 de agosto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre más de 30 casos relacionados con el fuero militar, entre ellos el amparo de revisión 133/2012 del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado extrajudicialmente en un reten militar cerca de Huamuxtitlán por elementos del Ejército mexicano en 2009, el Centro Robert F. Kennedy envió a la SCJN su amicus curiae, sobre estándares interamericanos y límites del fuero militar.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña informó ayer que con esto la SCJN “podría poner fin a la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares”.
El organismos guerrerense informó que el Centro por la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy con sede en Washington, envió a la SCJN un memorial amicus curiae sobre los estándares interamericanos de derechos humanos en materia del fuero militar, “en razón de que el próximo lunes 6 de agosto de 2012, el máximo tribunal discutirá al menos 30 casos donde se cuestiona la autoridad de las fuerzas armadas de investigarse y sancionarse por violaciones de derechos humanos cometidas en contra de civiles”.
Tlachinollan explica que el amicus curiae enviado a los ministros de la SCJN tiene el objetivo de presentar “aportes significativos” para la discusión del amparo en revisión 133/2012 sobre el caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército en un retén militar el 20 de junio de 2009 en Huamuxtitlán, “basados en los fundamentos de la Corte y la Comisión Interamericanas para prohibir la aplicación del fuero castrense en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas en contra de civiles”.
Agrega que en su escrito, el Centro de derechos humanos con estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Económico y Social de la ONU, manifiesta que: “el fuero militar es incompatible en la investigación, juzgamiento y sanción de violaciones a derechos humanos cometidos a civiles”.
Asimismo, que conforme con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares “no corresponden ser juzgados por los Tribunales Militares” y en ese sentido, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que tales casos “corresponden ser investigados y juzgados en el ámbito de la jurisdicción ordinaria”.
El escrito cita declaraciones de Santiago Cantón, director del Centro RFK y ex-secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que: “dada la extensa documentación de violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas del Ejército y policía en los últimos años, la decisión de la Suprema Corte podría enviar un mensaje muy significativo a la sociedad que los abusos por parte de la policía y las fuerzas armadas ya no serán toleradas, asimismo consideró la discusión de la SCJN como una oportunidad histórica para poner fin a las violaciones a derechos humanos cometidas por militares”.