Descarta la PGJE móvil político en el asesinato de Rogelio Lozano

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La procuradora Martha Elva Garzón Bernal dijo que no existen indicios para afirmar que los asesinatos del director de Gobernación de Acapulco y de los jefes policiacos de Ayutla y Taxco estén relacionados con su trabajo o que los móviles sean de carácter político en contra del gobierno del estado.
Dijo que tampoco tiene elementos para manifestar que los responsables de esos crímenes pertenezcan a la delincuencia organizada.
La funcionaria fue consultada ayer sobre el tema, después de una reunión con periodistas a quienes convocó a un desayuno y posteriormente a una plática para darles a conocer la nueva normatividad en materia de libertad de expresión, feminicidios y trata de personas, para no incurrir en la violación a las leyes en la presentación de una nota informativa en los medios de comunicación.
“Aguas” con la publicación de información con los términos equivocados, advirtió la funcionaria a los reporteros, quien aclaró que su plática con los trabajadores de los medios de comunicación no era una conferencia de prensa.
Citó el caso del tema de los feminicidios y dijo que muchos periódicos tratan  la privación de la vida de una mujer como feminicidio, cuando sostuvo que muchos de esos casos son simplemente de muerte violenta de mujeres y que están relacionados con delincuencia organizada.
La funcionaria informó que de acuerdo con las estadísticas de la Procuraduría, en el 2011 solamente se cometieron cinco feminicidios y en el 2012 uno, y aseguró que todos los casos ya se encuentran resueltos y que los responsables se encuentran detenidos.
En tanto que de muertes violentas de mujeres, que no son feminicidios, han ocurrido 138 en el 2001 y 66 en el 2012; en estos casos la funcionaria informó que solamente el 30 por ciento han sido resueltos.
Luego explicó que de acuerdo con las reformas de diciembre de 2011, se reconoce ya el delito de feminicidio.
Dijo que el homicidio calificado cometido en agravio de las mujeres es aquel en donde el sujeto activo no tiene nada que ver con la pasivo, y como ejemplo citó la delincuencia organizada y venganza.
Mientras que el delito de feminicidio dijo que es aquel que aborda la discriminación contra mujeres y la violencia de género, y “considerar situaciones que reproducen relaciones asimétricas de poder, que desarrollan mecanismos para perpetuar la subordinación y la exclusión de las mujeres de la vida política, civil, económica, social y cultural, así como del ejercicio pleno de sus derechos”.
Garzón Bernal insistió a los comunicadores que deben tomar en cuenta todos estos elementos para definir en la presentación de la información cuándo es un feminicidio y cuándo un homicidio de mujeres.
En la plática con los reporteros estuvieron con la  procuradora funcionarios cercanos de la funcionaria, entre ellos la coordinadora de asesores, Anacleta López Vega, quien subrayó lo que la propia procuradora había dicho en el sentido de que la reunión fue convocada para informarles de los términos legales de dichas reformas, “porque aguas”, pues “podrían incurrir en delito”.
López Vega aseguró que no se trata de una amenaza, sino solamente de que la Procuraduría está muy interesada en que los comunicadores conozcan bien las leyes.
Otro de los temas que se trataron fue el de la trata de personas, cuya ley se publicó el 29 de agosto del 2011, y se explicó en la plática que quien publique anuncios en donde se ofrecen los servicios sexuales de las mujeres comete un delito. Y en este sentido agregó que lo comete tanto quien compra el espacio como quien lo publica.
Durante la charla se informó que en lo que va desde el 2007 solamente se han presentado siete denuncias y reconoció que este es un delito que pocas veces se denuncia.
Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la Procuraduría informó que estas reuniones son informativas con comunicadores “para tratar temas de interés social, como la entrada en vigor de la ley de Trata de Personas, diferencia entre feminicidio y homicidio calificado, así como la libertad de expresión y sus limitantes”.
Se agrega en el boletín que la mejor vía para comunicarse con la sociedad son los medios de comunicación, y se pide a los periodistas su colaboración para cumplir con esta labor social de informar a la sociedad de manera oportuna y correcta, evitando confundirla y promoviendo una cultura de la legalidad.
Se informa que la fiscal para Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, María Salgado Sebastián, abordó el tema de la entrada en vigor de la Ley de Trata de Personas, y  explicó que los editores de los medios de comunicación, ya sea impresos, electrónicos o cibernéticos, pueden incurrir en hechos que pudieran constituirse en delito, al publicar anuncios de mujeres que ofrecen servicios sexuales, aunque puntualizó que en el delito de trata de personas,  la explotación sexual es la más visible, pero que se da también con la explotación doméstica, venta de mujeres para matrimonios, entre otros que son igualmente penados por la ley.
Mientras que el feminicidio y su diferencia con el homicidio doloso fueron explicados por la fiscal Everarda Pineda Andraca.
También se agrega que en su exposición, la directora general de Averiguaciones Previas, Guadalupe Rendón Ramírez, dijo que para hacer la diferencia entre un feminicidio y un homicidio vinculado con la delincuencia organizada, se investigan el entono familiar, social y laboral, además del análisis de la escena del crimen.
Se menciona en el comunicado que la titular de la PGJE lamentó que existan deficiencias en la tipificación del delito de feminicidio, toda vez que aunque se trate de la privación de la vida de una mujer, no es considerado como grave y no se puede solicitar la detención por caso urgente del probable responsable; lo que sí se puede hacer cuando es clasificado como homicidio calificado; “por ello, explicó que ese caso debe reformarse los artículos 108 bis para que defina la figura de feminicidio y el 70 del código procesal penal para que sea considerado como grave”.

No ve móviles contra el gobierno en asesinatos de funcionarios

Al final de la plática la procuradora contestó preguntas de los reporteros respecto al asesinato del director de Gobernación de Acapulco, Rogelio Lozano Herrera, así como del comandante de la Policía Municipal de Ayutla, y dio a conocer que hombres desconocidos asesinaron al director de Seguridad Pública del municipio de Ayutla, Óscar Suástegui Heredia, en el punto conocido como el basurero en el entronque de la localidad de Tecoanapa y la comunidad de Las Mesas.
Aseguró que estos casos de acuerdo a las primeras investigaciones no obedecen a móviles políticos y los ataques no están relacionados con el trabajo que realizaban.
Garzón Bernal dijo que respecto al primer caso ya se realizó la inspección ocular, fe de casquillos percutidos y otro útil, el aseguramiento de los mismos, así como la declaración de testigos del hecho.
Sin embargo, no dio a conocer avances concretos en las investigación sobre el caso y agregó que se levantó la averiguación previa TAB/MOS/01/560/ del 2012 por el delito de homicidio.
La procuradora, rechazó, a pregunta de los reporteros, que haya un repunte de los atentados en contra de los funcionarios estatales y comandantes de las diferentes corporaciones policiacas.
“No lo veo así”, dijo, y explicó que el comandante de Ayutla iba solo, “si hubiese sido por motivos de trabajo, hubiésemos tenido conocimiento”.
Mientras que lo del director de Gobernación de Acapulco, Rogelio Lozano Herrera, agregó que “tenemos el conocimiento de que salía de su casa y que allí fue victimado”, entonces agregó que no considera que sea un ataque en contra del gobierno o por las actividades de la víctima.