Critican defensores de derechos humanos la escasa ayuda de Províctima a afectados

Daniela Rea / Agencia Reforma

Ciudad de México

A once meses de existencia de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas su labor de apoyo a personas afectadas por delitos de alto impacto ha sido reducido, acusaron defensores de derechos humanos.
La instancia no puede realizar investigaciones ni ser coadyuvante de las víctimas, tiene capacidad jurídica, operativa y económica restringida y no garantiza los derechos de los agraviados, coinciden.
Los datos al cierre de julio hablan por sí mismos: la mitad del apoyo dado son terapias sicológicas. El dato más destacado es que sólo el 3 por ciento del trabajo es realizar un acompañamiento jurídico, es decir, las acciones encaminadas al acceso a la justicia y reparación del daño son las más rezagadas del organismo.
Províctima se creó para atender delitos de alto impacto, sin embargo, más de la mitad de los solicitantes llegan por otro tipo de delitos, casi todos violencia intrafamiliar.
Al día cuenta con 16 centros de Atención a Víctima, esto es que la mitad del País no está cubierta.
La Procuraduría tiene por objeto dar atención   a las víctimas por sí misma o en coordinación con otras instituciones. El titular, ahora Irene Herrerías, es nombrado por el Presidente.
Províctima trabaja a través de convenios con procuradurías, secretarías y otros organismos. A la fecha ha propuesto la firma de 88, pero sólo se han firmado 12.
Esta falta de “dientes” limita el apoyo, advierten activistas.
Un ejemplo simple. Miriam López Vargas fue detenida, torturada, y encarcelada por militares durante un año, ese tiempo el auto que manejaba cuando la detuvieron quedó en el corralón, para sacarlo debe paga una multa de 30 mil pesos. Províctima no pudo convencer al municipio de condonar o facilitar el pago.
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y Democracia, es abogada de familiares de personas desaparecidas de San Luis de la Paz y los ha acompañado en sus peticiones ante Províctimas.
“Una defensa real para las víctimas requiere independencia, objetividad. Es complicado si Províctimas no tiene independencia técnica, política ni presupuestal. ¿Qué tipo de defensa se puede hacer así?” cuestionó.
Desde su acompañamiento atestiguó cuando les ofrecieron 3 apoyos agrarios para las más de 20 familias y cuando éstas los rechazaron porque en lugar de ayudar, crearía conflictos entre ellos; o cuando a un abuelo cuyo hijo fue desaparecido le ofrecieron una beca de la SEP para el nieto, pero debía mantener 8 de promedio, sin considerar su situación emocional.
“No es un decreto que dé derechos a las víctimas, es un organismo de patrón clientelar, paternalista. Tan paternalista que les ha dicho a algunos grupos de víctimas que las van a ayudar siempre y cuando dejen de pertenecer a organizaciones, tratan de fracturarlas”, refirió.
Por ese hecho interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del organismo, con fecha del 11 de mayo y folio 47046, pues señalaron que en varias ocasiones personal de la Procuraduría les pidió que firmaran un escrito donde rechazaban que alguien más intercediera en su representación ante la oficina.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también acompaña a víctimas en sus procesos de acceso a la justicia, como a la familia de Rosendo Radilla o a la del joven Jethro Ramsés Sánchez, asesinado por militares.
“Províctimas se presentó en las excavaciones para la búsqueda de los restos del señor Radilla sin consultar a las víctimas, esta falta de sensibilidad genera espacios de desconfianza. La familia los ve como agentes del gobierno que responden al gobierno y no como una organización autónoma, independiente”, dijo.
En el caso de Jethro, agregó, le ofrecieron cosas que no cumplieron. Héctor Sánchez, padre del joven, abrió una escuela en honor a la memoria de su hijo, en el organismo hicieron un compromiso verbal de ayudarle a gestionar apoyos para la creación y trámites oficiales. No hubo tal, como tampoco las copias del expediente judicial que le ofrecieron facilitar hace ya tres meses.