Investiga EU nexos entre casino, Ye Gon y un financiador de los republicanos

Staff / Agencia Reforma

Nueva York

El gobierno de Estados Unidos inició una investigación para esclarecer si el casino Las Vegas Sands infringió la ley sobre lavado de dinero al no alertar a las autoridades de millones de dólares transferidos a sus casinos por dos grandes jugadores en Las Vegas, uno de ellos el mexicano Zhenli Ye Gon, acusado de tráfico de drogas, afirmó ayer el diario The Wall Street Journal.
El fiscal federal de Los Ángeles buscará determinar si el casino violó las leyes estadounidenses de lucha contra el lavado de dinero, explicó el diario financiero citando abogados y otras fuentes cercanas al caso.
El expediente no implica directamente al magnate Sheldon Adelson, consejero delegado y mayor accionista de Las Vegas Sands, y el mayor contribuyente a la campaña del candidato presidencial republicano Mitt Romney, pero cita a ejecutivos de Las Vegas Sands.
Los dos sospechosos de haber utilizado Las Vegas Sands para lavar dinero son Ausaf Umar Siddiqui, condenado por un caso de sobornos; y Zhenli Ye Gon, el chino nacionalizado mexicano al que se acusó en 2007 de traficar con productos que sirven para hacer metanfetaminas.
Este segundo caso fue desestimado en 2009, pero Zhenli Ye Gon sigue bajo custodia estadounidense.
Adelson, quien tiene un fortuna personal superior a los 25 mil millones de dólares, es uno de los principales donantes del campo republicano, habiendo financiado gran parte de la campaña de Newt Gingrich y luego la de Mitt Romney.
Desde 2007, en el marco de las investigaciones sobre El Chino, la Procuraduría General de la República (PGR) descubrió en cateos documentos dirigidos a Tomitant Marx Yu, cuñado de Ye Gon, uno de ellos firmado por Marc Racicot, presidente del Comité Nacional Republicano, ex gobernador de Montana y jefe de campaña de George Bush en 2004.
Ye Gon, quien fue detenido en un restaurante del Estado de Maryland en julio de 2007, está a punto de cumplir cinco años en prisión preventiva, primero en el Distrito de Columbia y ahora en Virginia.
En 2009 había logrado que Estados Unidos desistiera de un juicio criminal dentro de su jurisdicción y decidiera enviarlo a México.