Acreditan el examen de confianza sólo el 50 por ciento de jefes policiales

Henia Prado / Agencia Reforma

Ciudad de México

Sólo la mitad de los mandos de las policías estatales y municipales en el país son aptos para continuar con su labor al frente de las corporaciones, de acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la certificación de agentes.
De los 18 mil 631 mandos policiales –estatales y municipales– todavía faltan por ser evaluados 2 mil 579, a pesar de que la aplicación de los exámenes inició hace 4 años.
Según el informe, que incluye cifras actualizadas a junio de este año, de los 12 mil 433 mandos de policías estatales, un total de 5 mil 752 superaron exitosamente las pruebas toxicológicas, médicas, psicológicas, socioeconómicas y el polígrafo.
Sin embargo, mil 814 fueron catalogados como “no aptos” y 2 mil 188, están aún pendientes de resultados.
A nivel municipal ocurre una situación parecida. De 6 mil 198 mandos únicamente 3 mil 314 están certificados para continuar en el cargo, en tanto, mil 229 resultaron no aptos y de mil 655 se desconoce hasta el momento las conclusiones.
“Los evaluados que reprueban tienen que salir de la corporación, esto es importante porque entonces cuál es la confianza de un elemento más bajo de no saber si su jefe fue evaluado y pasó, empezando por allí.
“En ellos (los mandos) se basa la confianza de que son los que van a decir a dónde van a ir los agentes operativos, son los que tienen a cargo las investigaciones y las áreas de confianza”, sostuvo María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa en Común.
El viernes pasado durante la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, titular del Secretariado Ejecutivo del SNSP emplazó a las entidades federativas a que los próximos 10 días reporten a la federación la ruta crítica que siguen para la depuración de sus corporaciones policiales.
Aunque a nivel federal el Secretariado no detalla cuántos mandos quedaron sin acreditar las pruebas, si indica que de 70 mil 501 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y Procuraduría General de la República (PGR) evaluados en los Centros de Control y Confianza, 5 mil 737 reprobaron los exámenes.
Morera se pronunció por la inmediata depuración de las corporaciones. Explicó que de no concretarse la salida de los “malos” elementos, quedaría incompleto de ciclo de saneamiento de las mismas.
“La ley dice que se tiene que quitar a los mandos que no han sido aprobados y se tiene que investigar qué está pasando con ellos.
“Todos los que están reprobando por estar vinculados en corrupción o crimen organizado deben de salir de las corporaciones, el riesgo de no hacerlo es que si los dejan van a contaminar a los nuevos jóvenes que están entrando a las corporaciones”, alertó.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece el 3 de enero de 2013 como fecha límite para que integrantes de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia sean sometidos a evaluaciones, de ahí la urgencia para apurar la certificación.
No obstante, el Secretariado ha señalado que el atraso se debe en gran medida al desinterés de los servidores públicos quienes no agendan citas en los Centros de Control y Confianza o simplemente no se presentan a las evaluaciones.

Retienen a policías en Oaxaca

Al menos nueve policías estatales permanecen retenidos desde el viernes en el municipio de Santiago Amoltepec, como medida de presión para que el gobierno del estado destituya al alcalde Pedro Luis Jiménez, a quien acusan de desvíos.
Los inconformes, la mayoría pobladores, están encabezados por el síndico municipal, Aurelio López Hernández, y por el autodenominado “Alcalde Único Constitucional”, Lorenzo Santos.
Uno de los manifestantes dijo que en seis ocasiones han viajado a la ciudad de Oaxaca para reunirse con autoridades estatales, pero que no han recibido respuesta a su demanda.
La Secretaría de Gobierno informó, por su parte, que el poder ejecutivo no tiene facultades para destituir al alcalde, ya que eso es responsabilidad del Congreso local.
Además, expuso que el edil fue revisado por la Auditoría Superior y no le encontraron desvíos.