Tlachinollan

Parar la violencia y acotar el fuero militar

Contrario a lo que estipulan las normas del derecho internacional y las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) referentes a que todos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, tienen que ser investigados por las autoridades civiles, en nuestro país las autoridades federales y estatales aparecen como sus principales protectoras para encubrir sus fechorías y al mismo tiempo, se supeditan a las decisiones unilaterales e ilegales que logra imponer la cúpula militar, cuyos miembros se asumen como una casta que está más allá de los marcos legales que rigen a todos los mexicanos y mexicanas.
En nuestro estado, el Ejército sigue gozando de todos los privilegios, sobre todo en cuanto al presupuesto que le otorga el Congreso federal, así como los recursos que obtiene a través del Plan Mérida firmado con el gobierno de Estados Unidos y todos los apoyos extraordinarios que le han proporcionado tanto el Ejecutivo federal como el Ejecutivo del estado.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero, sin tomar en cuenta la precariedad que impera entre las corporaciones policiacas del estado y las municipales, entregó 20 patrullas al Ejército y tres más a la Marina para “realizar labores de patrullaje como parte de la Operación Guerrero Seguro en las colonias populares con mayor incidencia delictiva”. Lamentablemente estos anuncios aparatosos se suman a las estadísticas del fracaso de estas políticas que priorizan el uso de la fuerza en regiones abandonadas por los gobierno estatal y municipal y que ahora persiguen y criminalizan a los jóvenes que fueron violentados desde su infancia al negarles a sus padres la oportunidad de contar con un trabajo digno para que sus hijos pudieran estudiar y de vivir en un ambiente de armonía dentro de sus colonias. Ahora, son las armas de fuego y los militares bien apertrechados a quienes se les ha asignado la tarea que le corresponde a las autoridades policiacas y a las autoridades civiles de preservar el orden y proteger la vida y la integridad física de las personas. A los ciudadanos y ciudadanas se nos ha obligado a acostumbrarnos a un ambiente de violencia sin fin, acompañado por un proceso de militarización que no resuelve de fondo el problema de la inseguridad y la proliferación del crimen organizado. Los espacios públicos se empiezan a militarizar y existe una intención deliberada tanto de las autoridades civiles como del mismo Ejército de promover una buena imagen de las Fuerzas Armadas entre los diferentes sectores de la población, para irse incrustando no sólo en los aparatos de seguridad sino también en los cargos y espacios que son propios para las autoridades civiles. Con el Ejército, ilusamente se quiere recuperar el orden cuando existen estructuras e instituciones obsoletas que están corroídas por la corrupción.
Entre más militares y policías se asignan para combatir a los grupos de la delincuencia organizada más se crispa el ambiente de violencia que cobra víctimas tanto de jóvenes, como trabajadores del volante y hasta jefes de la policía, como lo estamos constatando en el puerto de Acapulco. Ningún operativo militar ha frenado la embestida nociva y violenta de los grupos delincuenciales, y como lo manifestó el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, José Manuel Rodríguez Morales, el pasado 1 de agosto, existe infiltración de organizaciones criminales en la Policía Municipal, hay allí agentes que sirven de halcones y que dan información a los grupos criminales. Este mal endémico no ha querido ser extirpado por parte de las autoridades más altas del estado y de la federación, más bien son parte de un sistema que se nutre de estos anticuerpos para poder funcionar acompasadamente y de común acuerdo con los intereses nefastos de las mafias políticas.
La descomposición social que se vive en la Costa Grande, la Sierra, la Tierra Caliente, Zona Norte, Costa Chica, Acapulco y la Montaña de Guerrero, ha desbordado a todas las autoridades. Los ciudadanos y ciudadanas en su mayoría han claudicado en su afán por la justicia, no hay confianza en los cuerpos de seguridad, en el Ejército ni en los órganos investigadores porque hemos entrado al túnel de la muerte donde se vuelve irrelevante cualquier caso de amenaza, extorsión, secuestro o desaparición de personas, ya que miles de familiares de víctimas lloran en silencio desde hace meses y años, la pérdida irreparable de sus familiares. Esta deshumanización ha vuelto a los funcionarios totalmente insensibles y autómatas ante la tragedia humana. Más bien, buscan cómo atrincherarse en sus palacios y en sus carros blindados para poder gobernar en medio de esta carnicería humana o como pasa con el presidente Calderón, quien anda planeando su huida del país para refugiarse en algún búnker universitario de Estados Unidos.
Lo que ahora hacen los políticos es invertir más en armas, en equipo bélico y en un mayor reclutamiento de efectivos militares para tomar el control de las instituciones e imponer por la vía de los hechos y en situaciones de riesgo la ley marcial. Por su parte, el mismo Ejército mexicano ha asumido un papel proactivo para defender a toda costa el fuero militar y han hecho cabildeo político en el Congreso federal para impedir que avance la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar como lo ha ordenado la Coidh. También la cúpula militar ha establecido varias reuniones con las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para hacer llegar sus posiciones e interpretaciones sobre el expediente Varios 912/2010 relacionados con el caso Rosendo Radilla donde ponen en entredicho la determinación establecida por el máximo tribunal que plantea que el “fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles”. La estrecha visión y la interpretación que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en torno a la posición de la SCJN hace referencia a que no se puede establecer jurisprudencia obligatoria a través de una consulta a trámite para desahogar un expediente de varios como fue la sentencia de Rosendo Radilla. Esto tiene como colofón el hecho de que el pasado 7 de mayo de 2012 la SCJN emitió el acuerdo general 06/2012, donde ordena que los expedientes relacionados con el fuero militar que se encuentran en instancias inferiores no sean resueltos hasta que el máximo tribunal en México dicte sentencia en los asuntos que ya se encuentran radicados en esta instancia.
La importancia de estos casos, entre los que se encuentra el amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua originario de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa, ejecutado extrajudicialmente por soldados mexicanos el 20 de junio de 2009 en Huamuxtitlán, Guerrero, radica en que si dentro de los más de 30 casos que la SCJN tiene bajo su conocimiento, se encuentran al menos cinco en los que se impugne la extensión del fuero militar sobre delitos constitutivos de violaciones a derechos humanos, y estos son resueltos en el mismo sentido mediante fallos aprobados con el voto de al menos ocho ministros del pleno, podría establecerse de una vez por todas jurisprudencia obligatoria sobre los límites del fuero militar a la luz de las obligaciones contraídas por México al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los organismos civiles de derechos humanos constatamos grandes reticencias tanto de parte de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar) y hasta de la Secretaría de Gobernación, quienes han relativizado la determinación de la SCJN al calificarla públicamente como un mero “criterio orientador”. Para las fuerzas armadas, esta resolución es ilegal y no es obligatoria, pues a su juicio no es equiparable a una sentencia surgida de un expediente de amparo en revisión o de conflicto competencial, tiene más bien una naturaleza estrictamente administrativa y por ello no constituye jurisprudencia. La posición del Ejército evidencia la falta de sujeción de las fuerzas armadas a los controles civiles, pues llega a calificar una determinación del máximo tribunal como ilegal. Por otra parte, contravino a la postura que fijó el presidente Felipe Calderón, el 10 de diciembre de 2011, en el Día Internacional de los Derechos Humanos cuando mencionó que todos los expedientes relacionados con casos de abusos militares en contra de civiles tendrían que pasar al fuero civil. No obstante esto, dentro del caso de Bonfilio Rubio Villegas la Sedena, en representación del Presidente de la República, impugnó mediante la presentación de un recurso de revisión el amparo federal otorgado en un fallo histórico a los familiares de Bonfilio Rubio Villegas el 2 de diciembre de 2011.
Hoy lunes 6 de agosto de 2012, la familia de Bonfilio Rubio Villegas, acompañada por defensores y defensoras de derechos humanos, estarán presentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para escuchar las deliberaciones de los ministros y ministras en torno a los casos de fuero militar. Esta fecha puede ser histórica si son atendidos los reclamos de las víctimas, quienes esperan por parte del máximo tribunal una determinación orientada a acotar el fuero militar conformen lo dictan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como siempre sucede en estas luchas, son las familias más pobres y las más indefensas las que tienen que arriesgar todo para que desde su sufrimiento y su dolor, florezca la justicia y se logren los cambios necesarios para acotar el fuero militar y romper el muro de la impunidad.
Las lectoras y los lectores interesados en las deliberaciones que tendrán las Ministras y los Ministros sobre estos casos pueden consultar el siguiente sitio en donde será transmitido en vivo:http://www.scjn.gob.mx/Paginas/transmision_vivo.aspx