Dictan formal prisión a generales implicados en relaciones con el narco

Abel Barajas / Agencia Reforma

Toluca

Un juez federal dictó anoche auto de formal prisión a los generales de División Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas; el de Brigada Rubén Pérez Ramírez, y el Brigadier Roberto Dawe González, por el caso donde la PGR los acusa de vínculos con los Beltrán Leyva.
Dentro de la causa penal 44/2012, el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, también determinó iniciar un juicio al Teniente Coronel Silvio Hernández Soto y al Mayor Iván Reyna Muñoz, quienes fueron consignados junto con los militares de alto rango.
De acuerdo con fuentes judiciales, el impartidor de justicia consideró que había los elementos suficientes para abrir un proceso penal contra los inculpados, lo que implica que mientras se llevan a cabo las diligencias del juicio, los militares permanecerán presos en el Penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Esta es la primera vez que el gobierno federal recluye de forma simultánea en un penal de alta seguridad -y consigue que sean declarados formalmente presos- a cuatro generales, dos de ellos divisionarios.
Los generales Ángeles, Escorcia y Dawe, así como el teniente coronel Hernández, quedaron sujetos a proceso por el delito de delincuencia organizada; en tanto el General Pérez y el mayor Reyna fueron sujetos a juicio por delitos contra la salud.
La investigación contra los militares inició con una denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, en donde una persona desconocida dijo vía telefónica a la SIEDO que los ahora consignados estaban vinculados con traficantes de drogas.
A partir de entonces, la SIEDO abrió una averiguación que esencialmente descansa en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Sergio Villarreal Barragán El Grande, quienes los señalan de haber recibido pagos de 500 mil a 5 millones de dólares, para colaborar desde el 2007 con los narcotraficantes sinaloenses.
El relato de los colaboradores de la PGR indica que hace un lustro Jennifer, entonces un supuesto emisario de los Beltrán con autoridades, consiguió el apoyo de los militares para operar el aterrizaje de aviones con cocaína en los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México y de Cancún.
Para conseguirlo, primero contactó al Teniente Coronel Hernández Soto, para que a su vez lo ayudaran a relacionarse con el General Dawe; finalmente, éste le habría conseguido una cita al representante de los Beltrán con el General Pérez, quien en 2007 era comandante de la Guarnición Militar de Cancún.
En el caso de Escorcia, El Grande lo acusa de haber recibido sobornos de los traficantes cuando era comandante de la 24 Zona Militar en Morelos e incluso de haberse reunido en dos ocasiones con el capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en una de sus casas de seguridad en el Fraccionamiento Zumiya de Morelos.
Su intermediario para recibir los pagos supuestamente era el Mayor Reyna, según el testigo protegido.
A Escorcia lo señalan de haber colaborado con los narcotraficantes Alberto Pineda Villa “El Borrado” y su hermano Mario, El MP, ya fallecidos, para descargar un avión con cocaína que aterrizó en el Aeropuerto de Cuernavaca, en diciembre de 2006.
El fallo dictado esta noche por el juez Valerio puede ser apelado por los inculpados ante un tribunal unitario, el cual determinará en definitiva si deben o no quedar sujetos a juicio, aunque su resolución tardará no menos de tres meses, debido a las cargas de trabajo de los tribunales.