Alertan retroceso en investigaciones de violaciones a derechos humanos por militares

La primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se abordó la competencia del fuero militar en violaciones a derechos humanos cometidos por militares contra civiles, encendió focos de alerta entre activistas de derechos humanos y representantes de los implicados.
Y es que el primero de 34 casos que analizará la SCJN sobre la competencia del fuero militar o civil en el procesamiento del coronel de Infantería José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir a los militares homicidas de Jethro Ramsés Sánchez Santana, asesinado en mayo de 2011, fue suspendido por los ministros ante la evidente “falta de información” sobre los recursos interpuestos por los abogados del militar.
En su edición 1860, la revista Proceso abordó el caso del coronel Arias Agredano –detenido en el Campo Militar Número Uno–, quien desde noviembre pasado, cuando fue aprehendido, se encuentra en el limbo jurídico. El 18 de ese mes, el Juzgado V Militar le dictó auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el delito de violencia contra un grupo de personas, que causó homicidio calificado en su calidad de encubridor de primera clase.
Un día  después  el mismo juez se declaró incompetente para seguir su caso y lo envió al Juzgado V de Distrito, que también se declaró incompetente.
El asunto será retomado el próximo martes 7, luego de que en la primera sesión de la SCJN, el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero determinó para el caso en cuestión no era aplicable la resolución de “Varios 192”, también conocido como caso Rosendo Radilla, en el que se determinó la obligatoriedad del Estado mexicano de acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en específico la referente a la acotación del fuero militar.
Después de que durante la primera audiencia los ministros enfocaron sus esfuerzos en la forma y no el fondo, el representante de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, dijo que “se corre el riesgo de que no se toque el asunto fundamental, que es la validez del artículo 57 del Código de Justicia Militar frente al artículo 13 constitucional y los estándares de derechos humanos”.
Asimismo, mencionó que nuestro país “carece de un criterio jurisprudencial que nos diga cómo tenemos que entender la justicia militar”, lo cual sólo puede ser definido por la SCJN.
Acotó que los estándares internacionales de derechos humanos no proclaman la abolición de la justicia militar, sino que “no debe ser aplicable para casos en los cuales estén involucrados civiles”.
En espera de que el rumbo de la discusión sea corregido, el activista resaltó que aun cuando en temas espinosos la SCJN ha emitido resoluciones correctas, en este caso “no han entrado al fondo del asunto”.
Alberto Herrera demandó a los ministros “entrar con todo el valor político que se requiere para aclarar el tratamiento a casos de abusos militares, aun siendo una discusión que genera tensión y que resulta ríspida en ciertos sentidos. Si no entramos en esa línea de discusión –acotó–, la reforma constitucional en materia de derechos humanos difícilmente va a prosperar, porque esa reforma requiere que haya criterios a nivel de la Suprema Corte de Justicia que le digan a la judicatura completa cómo entender estos nuevos criterios en materia de derechos humanos”.
Al término de la sesión, el abogado del coronel implicado en el caso 38/2012, en el que se dilucida la competencia procesal, manifestó su inconformidad  ante la falta de información de los ministros.
El abogado informó que a partir de que el caso fue remitido a la Corte, la revisión de la resolución del amparo contra la orden de formal prisión emitida por el juez militar, quien un día después se declaró incompetente para llevar el juicio, “está empantanada porque el Tribunal Colegiado lo envió aquí (la SCJN)”.
Trujillo Chirino coincidió con Sánchez Cordero en que el asunto de su cliente es ajeno a la resolución del caso Radilla, y sostuvo que por ser militar, debe ser juzgado por jueces militares.
Mañana continuará el análisis del caso del conflicto competencial en el caso relacionado con el crimen del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, situación que para el abogado Trujillo “será determinante para dilucidar qué sentido tendrán los otros 33 casos”.
El caso, insistió, ha estado inamovible. (Gloria Leticia  Díaz / Agencia Proceso / Ciudad de México).