Víctor Hugo Garzón Barrientos*

Legalización de las drogas y salud pública

Algunos excelentes artículos publicados en días pasados, que abordan el tema de la guerra emprendida en Estados Unidos contra los narcóticos, confirman que realmente es una preocupación estratégica.
Una carrera de recursos y fuerza, pero también de estrategias alternativas, tales como las que deben surgir de la ideas de “reinventar” la respuesta nacional en este tema y “otorgar más voz a la ciudadanía”, ideas, que aún cuando son un lugar común en el ideario colectivo actual, han sido expresadas recientemente por el general Oscar Naranjo, asesor de Enrique Peña Nieto en la materia, quien también recalca que este asunto no sólo es de policías y jueces, “sino de valores democráticos” y participación activa de la sociedad, de la cual, el que escribe forma parte y se permite opinar como ciudadano.
Algo que los guerrerenses y los mexicanos en general enfrentamos ante la pespectiva internacional es el desencanto y mala imagen de inseguridad, proyectada en los medios hacia el extranjero, misma que puede paliarse con el intento de legalización de drogas. El mercado de los narcóticos también está gobernado por las leyes de la oferta y la demanda, del capital y de la plusvalía. Legalizar este mercado implica:
a) Dejarlo bajo la égida del Estado.
b) Disminuir el peligro y riesgos de adquisición para los consumidores adictos por medio de disminuir la exposición a la violencia asociada.
c) La autolimitación potencial del mercado; no porque se legalice todos nos vamos a volver consumidores; así como existe una predisposición genética para el alcoholismo y la obesidad, posiblemente la exista para la drogadicción.
d) La autolimitación al consumo por medio de la “exposición social de resultados”, cuando la gente logre percibir los resultados a la vista que anteriormente se ocultaban y ahora se logren ver: accidentes viales por falta de coordinación, atropellamientos, sobredosis, impotencia sexual, pérdida de funciones cognitivas, efectos cardiovasculares y disminución de la expectativa de vida, que ya no hacen tan “atractivo lo prohibido”.
e) El control y registro de los adictos, para poder ingresar a programas sociales de reintegración económica-laboral, psicológica y social, evitando su criminalización.
f) La eliminación de competencias territoriales de las bandas, al permitir en forma abierta su venta en cantidades moderadas, considerando que aunque actualmente ilegal, este mercado sigue vendiendo, porque hay gente que sigue comprando, misma que al legalizarse, lo seguirá haciendo pero con menos peligro para ellos, y por otra parte en establecimientos que le permitirán al gobierno recaudación fiscal compensadora.
g) La limitación del mercado interno de narcóticos, por medio de la creación con fondos mixtos provenientes de la recaudación específica del Estado en este rubro y en un mayor porcentaje por la libre empresa e iniciativa privada que generen un programa de “establecimientos gemelos” donde al lado del punto de venta, esté otro para la recuperación, atención y reintegración de los adictos. Ningún mercado crece indefinida e infinitamente, este mercado se limitará a la demanda de consumo, que no puede ser de toda la sociedad.
h) La participación ciudadana independiente y de las organizaciones civiles, en la propuesta de una legislación que permita quitar el estigma psicológico y social de la farmacodependencia, de tal forma que aquel drogodependiente que pertenece a un sector del gobierno, la burocracia, la seguridad pública o la sociedad civil, que esté involucrado en las acciones de “corrección” pero “en forma oculta” tiene adicción o dependencia, no sea visto como un delincuente, sino como un enfermo, lo sepa o no, y se deben fomentar grupos de recuperación estructurados como los pacientes de HIV-SIDA, o los de cáncer. La no estigmatización permitirá transparentar la dimensión real del problema, y abordar científica, médica y epidemiológicamente las causales que suponemos, para aplicar programas de “corrección desde la raíz”.
i) La legalización podría permitir la organización zonal o regional, disminuir los riesgos de fricciones y conatos de violencia y ante ello incrementar la recaudación fiscal del Estado por medio de gravar fuertemente el consumo progresivo en cantidad, y disminuir el gravamen conforme disminuya la dosis, de tal manera que se crea un “acondicionamiento” psicológico de tipo behaviorista. (rememoremos la prohibición en los años 1920 en Estados Unidos).
j) Finalmente, es factible hacer investigaciones médicas básicas, clínicas y farmacológicas, ya que por ejemplo, la mariguana (cannabis c.) tiene efectos analgésicos sobre el dolor, antiinflamatorios, antieméticos (contra el vómito), y hasta antineoplásicos, considerándose en Europa un potencial fármaco contra el cáncer, principalmente el cerebral, y es factible disminuir el efecto adictivo que en suma, es incluso menor al de la nicotina.
Y como corolario, esta guerra al igual que la guerra fría entre la Ex Unión Soviética y Estados Unidos terminó, no con la victoria de un bando, sino con la debacle del paradigma, causada por la acumulación de las diferencias internas y del empoderamiento popular que acabó literalmente con dogmas políticos y sociales de uno y otro bando, y a su vez, como revoluciones conceptuales enmarcaron el cambio definitivo en la visión social de cada bando. Por analogía, en una guerra cuyo campo de batalla es transnacional, y en todos los estratos sociales, es mucho muy difícil lograr que gane un bando, y tenemos que aprender, como Aníbal Barca conduciendo a Cartago sobre Roma: “Se puede vencer a un ejército, pero jamás a un pueblo”, la “reinvención” de la respuesta nacional, debería considerar estrategias que acaben con el paradigma de la guerra, porque, concluyo citando a Tedd Dekker, “si matamos, llegamos a ser como ellos, hay un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz”. Y el tiempo de la guerra ya ha acabado, y ya es tiempo de la paz.

* El autor es director general del Instituto Estatal de Cancerología.